La causa Martín, por la que se acusa al ex gobernador Ricardo Colombi de haber pagado irregularmente ocho millones de pesos a un particular, recobrará desde hoy el impulso que desde el Ministerio Público no recibía, en virtud de que el fiscal de Estado de la provincia, Fernando Carbajal, se presentó como querellante en el expediente.

Carbajal intervino personalmente en su calidad de abogado del Poder Ejecutivo provincial por instrucciones del gobernador Arturo Colombi, quien suscribió recientemente un decreto para que la provincia asumiera un rol acusador en las investigaciones del llamado “caso Martín”.

El objetivo central del gobernador es evitar que el fiscal de la causa archive las actuaciones en las que aparece acusado el actual senador Ricardo Colombi junto con otros ex funcionarios del que fuera su gabinete, una investigación de alto voltaje político cuya continuidad peligraba por la falta de diligencias jurisdiccionales.

Así lo señala Carbajal en su presentación, formalizada este jueves, al explicar ante el juez de la causa que “en primer lugar vengo a oponerme a la reiterada petición de archivo que realizara el fiscal interviniente, la cual carece de fundamentación que justifique de modo alguno esa solicitud, manifestando la necesidad de profundizar la investigación a los fines de determinar la comisión de ilícitos en perjuicio del fisco”.

La causa conocida como “caso Martín” comenzó cuando un ciudadano, el ingeniero Amílcar Paladini, denunció ante la Justicia provincial que el ex gobernador Ricardo Colombi había utilizado todos los mecanismos a su alcance para que un particular con domicilio en Formosa, Manuel Martín, cobrara ocho millones de pesos en efectivo para, supuestamente, solucionar extrajudicialmente un viejo litigio contra el Estado correntino.

La denuncia fue tomada pero la investigación se estancó a pesar de los graves hechos enunciados en la presentación de Paladini, como por ejemplo: el decreto por el cual se dispuso ese pago no fue publicado en el boletín oficial en tiempo y forma, el entonces gobernador y su entonces ministro de Hacienda (Enrique Vaz Torres) no consultaron a la Fiscalía de Estado sobre si correspondía pagar esa suma y, finalmente, tampoco se informó al Juzgado donde se tramitaba el pleito que había habido un acuerdo extrajudicial.

Carbajal, al presentarse como querellante, presentó elementos de prueba que demuestran prima facie las irregularidades cometidas por la anterior administración pocos meses antes de que finalizara el mandato del hoy senador provincial opositor Ricardo Colombi, como por ejemplo la certificación municipal de quienes acreditaban derechos sobre los inmuebles que eran objeto del juicio contra el Estado.

Los terrenos en cuestión, situados sobre la calle Mendoza al sur, habían sido expropiados en los años 80 pero sus titulares cuestionaron la decisión oficial e iniciaron una demanda contra la provincia que vino a resolverse con el pago de los ocho millones de pesos, pero sólo a uno de tres herederos y sin que se abonaran las costas a los abogados de parte.

El fiscal de Estado, quien formuló su presentación en el Juzgado de Instrucción N 5 de la Capital correntina, aportó también como elementos de prueba informes emitidos por el Tribunal de Cuentas de la provincia en los cuales aparecen las erogaciones dispuestas por el ex mandatario acusado.

Finalmente, solicitó que sean citados a declarar como testigos los ex fiscales de Estado provinciales Armando Aquino Britos y Liberato Simonelli, además de la ex secretaria general de la misma oficina jurídica, Ramona Florencia González.

Jueves, 19 de marzo de 2009