Virasoro (2-7-18): Se inicia el juicio por desapariciones de obreros del establecimiento Las Marías durante la última dictadura militar, ocurridas en Virasoro. Las audiencias por los crímenes de lesa humanidad se desarrollarán entre este lunes y el miércoles, en la Casa del Bicentenario de esa localidad, según dictaminó el Tribunal Oral Federal con asiento en Corrientes para las declaraciones testimoniales. La incorporación de pruebas y alegatos se concretará en esa Capital. La Cámara está integrado por Lucrecia Rojas de Badaró, junto a Víctor Alonso y Fermín Ceroleni. Cabe recordar que el propietario de Las Marías y ex Gobernador de facto, Adolfo Navajas Artaza, fue absuelto por un juez federal subrrogante en el Juzgado de Paso de los Libres, Antonio Chalup, en un insólito y cuestionado fallo.

El militar retirado Héctor María Torres Queirel, está acusado de ser coautor de la desaparición del trabajador Marcelo Peralta. Es el único imputado. Queirel era dueño del establecimiento rural vecino a Las Marías donde secuestraron al trabajador.

En 2009, fue dictada la absolución del dueño de Las Marías, Adolfo Navajas Artaza, “quien fuera gobernador de facto en Corrientes y que resultó beneficiado por el juez federal subrogante de Paso de los Libres, Antonio Chalup”, señalaron fuentes judiciales.

En junio de 2015, el fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont, encabezó un allanamiento ordenado por la jueza federal subrogante Gladis Mabel Borda a Las Marías, junto a contadores de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), de la Procuración General y personal de la Gendarmería Nacional. Durante el allanamiento, se secuestró información de relevancia -legajos, libro de sueldos y jornales, hojas móviles y libros societario– que se incorporaron a la causa en la que se investiga la participación de los directivos de la empresa en la represión ilegal dirigida contra los trabajadores de la firma durante la última dictadura cívico-militar.

En la causa Las Marías se investiga la responsabilidad de los directivos de la empresa en los secuestros y desapariciones de trabajadores del establecimiento yerbatero, quienes además eran miembros o dirigentes de los gremios de FATRE y STIA.

MUCHOS JUECES

Desde marzo de 2006, cuando el hijo de uno de los obreros desaparecidos de Las Marías impulsó una denuncia judicial, fueron 19 los jueces y conjueces que ya se excusaron de impulsar la pesquisa, debido a sus vínculos con Navajas Artaza. En 2008, el empresario quedó imputado como autor intelectual de la desaparición del trabajador de Las Marías y dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales en julio de 1977, Neris Pérez.
También por la muerte del sargento primero José Anchetti, que trabajaba para la yerbatera. Se lo acusa, además, de haber colaborado con las fuerzas represivas y su accionar criminal ofreciendo tierras de su cementerio privado para el entierro de víctimas de la represión. Por estos hechos, Navajas Artaza fue convocado a indagatoria por el fiscal Benito Pont, pero nunca prestó declaración. Pese a ello, el juez Chalup ordenó su sobreseimiento en mayo de 2008.

La vinculación de Navajas Artaza con las desapariciones y detenciones de los trabajadores de su empresa es también señalada por las organizaciones de derechos humanos correntinas. Marisa Saunaria, de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, afirma que “hubo connivencia de Navajas Artaza en la represión que sufrieron los sindicalistas y trabajadores”. “Con la excusa del cumplimiento de la ley de sabotaje industrial argumentaban boicots para imputar a los trabajadores”, aseguró.

Los testimonios

Uno de los testigos, Pablo Franco, trabajó en Las Marías desde 1973, cuando se lo llevaron detenido en 1976. Tenía entonces 22 años y era delegado gremial. Hoy vive en la localidad misionera de Apóstoles y trabaja en otra yerbatera, Rosamonte. “Muchos compañeros fueron detenidos en su lugar de trabajo (Las Marías) y otros fueron allí señalados y llevados de sus casas”, relató Franco para puntualizar que eran los propios patrones quienes delataban, señalaban o directamente entregaban a los trabajadores marcados como “subversivos”.

“De Las Marías salió el listado que luego entregaron a (el capitán Juan Carlos) Sacco (interventor militar), y el propio Navajas participó junto a los militares de la asamblea en la que se les ordenó (a los trabajadores) el cese de toda actividad sindical”, aporta Noemí Acuña, otro testigo en la causa.

Noemí es hija de Marcelo Acuña, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), quien fue torturado y permaneció preso durante cinco años. “En Virasoro no persiguieron a dirigentes políticos, a referentes sociales, a jóvenes militantes políticos o a sindicalistas de otros sectores, sólo buscaron a los trabajadores de Las Marías vinculados a los sindicatos de trabajadores rurales y de la alimentación”, sostiene.

El propio Acuña, quien falleció hace unos años, sostuvo que en Las Marías durante la dictadura, la empresa abrió varias causas contra los delegados gremiales del Sindicato de la Alimentación y de FATRE (Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores): “Primero nos acusaron de malversación de fondos en el sindicato y, como no lo pudieron probar, dijeron que formábamos una ‘asociación ilícita’, pero como eso tampoco prosperó, pasaron de la justicia ordinaria, a la justicia federal y nos acusaron de ‘subversión’. El régimen laboral en Las Marías era un trato de esclavos y habíamos iniciado la actividad sindical en 1973”.





Lunes, 2 de julio de 2018