Se llama “servicio de contenidos”. Funciona por mensaje de texto y abarca desde sexo hasta religión. Se reciben cada vez más denuncias. Cifras y nombres de una trampa cazabobos que el Estado no controla. Dos son las empresas que controlan el mercado. En el caso de Ubbi se trata de la empresa Prima SA –vinculada al Grupo Clarín– y en el caso de Bippie (la del 2020), de la italiana Buongiorno, hoy considerada la primera proveedora mundial de entretenimiento móvil. Ambas controlan el mercado local.


Es lo primero que uno se pregunta: ¿¡cómo alguien puede mandar “Dios” al 2020!? Pero sucede. Si no, no existirían multinacionales que se dedican a suscripciones por mensaje de texto; ni publicidades que inundan la pantalla como carteles de neón berretas con “mandá las palabras sexo, virgen, vecinita, gemidos, debut, vicio, etc., etc. al 2020, 2112, 6661, 3113, 30300”; ni foros en la web de usuarios desesperados porque ya no saben qué hacer para que no les lleguen sms a las cuatro de la mañana con consejos del estilo “ponete perfume en el escote”. Sucede: el mandá-lo-que-sea- atal- número es un gran negocio cazabobos (y no tan bobos) basado en la publicidad engañosa y las dificultades para darse de baja. Y en la Argentina no hay normativa específica que regule la actividad ni ente que controle a las empresas que lucran con esto.

EL ENGAÑO (PARTE I). Pongamos un ejemplo: un hombre está en su casa mirando tele y en cada corte publicitario aparece una rubia descomunal que con voz de locutora cachonda le promete revelarle los mejores secretos sobre sexo con sólo mandar “erotips9 al *2020” desde su celular. Debajo de la pantalla y a toda velocidad pasan unas letras diminutas que ni el hombre biónico podría leer. Y nuestro hombre, que no es biónico, no tiene posibilidad de saber qué dicen. Recién se va a enterar su contenido cuando –movido por la curiosidad o la necesidad– mande el mensaje: al recibir la respuesta se enterará de que no acaba de contratar un solo servicio sino un paquete de mensajes que, según el caso, le irán llegando una o dos veces por día hasta que lo dé de baja –mejor dicho, logre darlo de baja–, y que le costarán entre $ 0,65 y $ 1 más impuestos por envío.

No hay que ser muy avispado para concluir que la proveedora del servicio, de manera muy conveniente, hace caso omiso del art. 4 de la Ley de Defensa al Consumidor: “El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión”.

EL ENGAÑO (PARTE II). El hombre del ejemplo se siente atrapado en una suscripción que sólo quiso recibir una sola vez y decide darlo de baja de acuerdo a las instrucciones del SMS inicial: enviando la palabra “baja”. Sin embargo, en respuesta, obtiene un nuevo “consejo sexual” desde otro número y no hay noticias de la suspensión del servicio. Y así empezará su batalla contra un fantasma que habita su celular y que se negará a abandonarlo, al igual que les sucede a cientos de argentinos en estos días. Alcanza con entrar a los foros de usuarios en internet para constatar el nivel de furia que este tipo de suscripciones esclavizadoras genera: “No puedo dar de baja el servicio de chistes ni de noticias de cumbia, ya envié varios mensajes con la palabra ‘baja’ al 2020 y sólo me dice los servicios que tengo activos, y vuelvo a mandar con la palabra ‘baja noticumbia’ al 2020, todo en mayúscula, y me dice ‘mensaje no comprendido’, también ‘envío baja chiste’ en todas las formas y no hay caso, ya me cansé”, se lamenta un usuario en el foro de dereclamos.com haciéndose eco de decenas de otros comentarios.

“Todo el tiempo recibimos quejas de usuarios que no se pueden dar de baja y en el tiempo que les lleva hacerlo, la empresa les sigue sacando plata con cada mensaje”, confirma Susana Andrada del Centro de Educación al Consumidor quien, como alternativa, sugiere a los consumidores que llamen a las compañías de telefonía celular (Personal, Movistar, Claro) y soliciten la suspensión del servicio a través de ellos. Pero, mientras tanto, el pacman sigue comiendo: en el tiempo que el usuario tarda en darse de baja, las empresas hicieron su buena facturación.

QUIÉN ESTÁ DETRAS. Bippie, Ubbi, Celuvideos, Ole Móvil y Divertonos son algunas de las marcas que comercializan contenidos de SMS, ringtones, wallpapers, juegos, videos y demás entretenimientos para celulares. Detrás de estos nombres de fantasía figuran holdings de empresas o multinacionales que proveen sus servicios a través de las compañías de telefonía móvil (Claro, Movistar, Personal), las que cobran un porcentaje por hacer de “canal mediador” y se encargan de la facturación.

En el caso de Ubbi se trata de la empresa Prima SA –vinculada al Grupo Clarín– y en el caso de Bippie (la del 2020), de la italiana Buongiorno, hoy considerada la primera proveedora mundial de entretenimiento móvil. Ambas controlan el mercado local.

Diego Martínez Núñez, director ejecutivo de Buongiorno, dice que la base de usuarios registrados en la empresa asciende al millón y medio y que, actualmente, la marca Bippie ofrece 120 productos de suscripción por sms. Martínez Núñez reconoce que los problemas para darse de baja existieron en algún momento pero que hoy, asegura, están solucionados. “En un comienzo era más complicado porque mecánica era más compleja, hoy simplemente mandás ‘baja’ al número al que pediste el alta. Y, si no, llamás al 0810-555-2358 y nosotros lo hacemos”, explica, ajeno a los cientos de usuarios para quienes liberarse de Bippie –y de sus colegas– es misión imposible.

LIBRO DE QUEJAS. La Dirección General de Defensa del Consumidor, que ha iniciado causas de oficio contra algunas de estas empresas por falta de información clara en las publicidades, actualmente recibe denuncias por usuarios que no se pueden dar de baja. “Tenemos expedientes en marcha –dice Oscar Michelotti, director de la repartición–. En los casos en los que no se puede resolver en etapa de conciliación, se procede a imputar a la empresa. Si se corrobora que ha cometido algún tipo de infracción a la Ley de Defensa del Consumidor, podría corresponderle una multa de hasta 5 millones de pesos”. Mientras tanto, estas empresas siguen cobrando centavito por centavito.

Lunes, 27 de abril de 2009