Perú informó ayer que otorgó por razones humanitarias asilo al líder opositor venezolano Manuel Rosales, quien afirma ser un perseguido político del Gobierno de Hugo Chávez y enfrenta una orden de captura por cargos de corrupción.

El canciller peruano, José Antonio García Belaunde, al hacer el anuncio, dijo además que la decisión del Gobierno del Perú no debería alterar las relaciones bilaterales de “dos países hermanos”.

Sin embargo, la cancillería de Venezuela protestó el lunes por la noche la decisión que, según dijo en un comunicado, “constituye una burla contra el Derecho Internacional, un duro golpe a la lucha contra la corrupción y un agravio contra el Pueblo de Venezuela”.

Por tanto, el Gobierno venezolano decidió “el retorno inmediato a Caracas de su Embajador en Lima”, la suspensión de los trámites conducentes al traslado del embajador recientemente designado ante Perú y el “inicio de una fase de evaluación integral de sus relaciones con el Gobierno de ese país”.

Rosales, alcalde de la importante ciudad occidental de Maracaibo y contendor de Chávez en las elecciones presidenciales del 2006, llegó a Lima hace unas semanas junto a tres de sus hijos y el 21 de abril solicitó asilo a Perú alegando persecución política en su país.

“Después de examinar el expediente y entrevistarse con el señor Rosales hemos decidido que había un caso por otorgar asilo por razones humanitarias”, dijo a periodistas García Belaunde, luego de acudir a una sesión en la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

García Belaunde informó al Congreso que la decisión se produjo atendiendo a una “tradición histórica” y de “compromiso con el derecho internacional” por parte de Perú.

Rosales no es el único político venezolano que ha logrado refugio en Perú.
Según la cancillería, otros tres dirigentes han recibido asilo en los últimos años, entre ellos Carlos Ortega, uno de los promotores de una huelga organizada para buscar la renuncia de Chávez a fines del 2002.

Ortega, quien logró asilo en el 2007, se escapó en el 2006 de una prisión militar tras ser condenado por rebelión.
Asimismo, en 1992, Perú dio refugio a un grupo de militares aliados a Chávez luego de un intento de golpe en Venezuela.

“Este es un gran triunfo democrático, un gran triunfo moral del Perú y del Apra, mi partido, porque siempre su línea ha sido respetar el asilo”, dijo a periodistas el abogado de Rosales, el legislador oficialista Javier Valle Riestra.

“Se trata del opositor número uno del presidente Hugo Chávez, por el que este asilo fue concedido”, agregó.

Relaciones a prueba

Varios analistas habían dicho que un eventual asilo de Rosales pondría a prueba las relaciones entre ambos países sudamericanos, ubicados en aceras opuestas en el escenario político de la región.

El presidente peruano, Alan García, es un ferviente promotor del libre mercado y ha criticado fuertemente algunas políticas de izquierda, muchas de ellas promovidas por Chávez.

Venezuela y Perú mejoraron sus relaciones en los últimos dos años, luego de que en el 2006 ambos países retiraron a sus respectivos embajadores en medio de un fuerte cruce verbal entre Chávez y el entonces candidato presidencial García, llevando el tema bilateral a su punto más bajo en años.

“Creo que este es un caso más de asilo, no es el único, y no tiene por qué alterar una relación que se hace entre dos países hermanos, entre dos pueblos y dos gobiernos amigos”, afirmó el canciller García Belaunde a su salida del Congreso.

“El presidente Chávez es un amigo del Perú, el presidente Chávez tiene una relación muy fluida y amistosa con el presidente García”, agregó el funcionario.

En Caracas, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, afirmó antes de que se difundiera la decisión, que aspiraba a que Perú le negara el asilo a Rosales luego de enviar todas las “pruebas de los delitos” cometidos por el dirigente.

“Esperamos que el Estado peruano en su conjunto y el Gobierno del Perú de manera específica cumpla con las leyes internacionales y devuelva, capture y devuelva al delincuente Manuel Rosales a Venezuela”, afirmó Maduro.

El político venezolano rechazó la semana pasada acudir a una corte en su país que evalúa enjuiciarlo por corrupción, luego de que la fiscalía presentara una acusación por no poder justificar unos 60.000 dólares de su patrimonio del período 2002-2004, cuando era gobernador del petrolero estado Zulia.

Una corte venezolana dictó hace unos días una medida privativa de libertad contra el político y la Interpol emitió después una orden para su captura internacional.

Venezuela considera que Rosales es buscado por un delito común, mientras que el opositor afirma que es inocente y que su captura obedece a un intento de silenciarlo políticamente.

Martes, 28 de abril de 2009