Bs. As. (20-9-19): Insistió además con su pedido de desafuero de la senadora y actual candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández. Caserio confirmó que el PJ "no le va a dar curso" al pedido. El juez federal Claudio Bonadio envió a juicio oral y público la polémica causa de las fotocopias de los cuadernos jamás aparecidos y presuntamente incinerados sobre supuestos casos de corrupción y otros dos expedientes derivados de este caso judicial.

Insistió además con su pedido de desafuero de la senadora y actual candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández, "con el fin de cumplir con la prisión preventiva" dispuesta en este expediente y confirmada en segunda instancia.

En este sentido, el jefe del bloque de senadores del PJ, Carlos Caserio, confirmó que esa bancada "no le va a dar curso" al pedido de desafuero contra la ex presidenta con el que insistió el juez Claudio Bonadio, y mantendrá "el criterio que mantuvo siempre".

En declaraciones a NA, Caserio aseguró que la bancada justicialista va a "mantener el criterio que mantuvo siempre y que además es unánime", en referencia a no avanzar con un desafuero sin que exista una condena firme, al tiempo que calificó el pedido como "innecesario e injusto".

Así, Bonadio terminó su trabajo con la finalización de la etapa de instrucción de este expediente que ahora será enviado al Tribunal Oral Federal (TOF) 7 que salió designado por sorteo.

Cabe recordar que el relato sobre esta causa comenzó con la supuesta revelación de anotaciones escritas en cuadernos por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, sindicado como presunto "intermediario" entre el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y empresario.

Los mencionados cuadernos jamás fueron hallados, los cuales Centeno dijo que los quemó, y de los cuales sí aparecieron sospechosas Fotocopias, reproducidas por las empresas hegemónicas de comunicación hasta el hastío, las cuales son imposibles de peritar y de una dudosa procedencia.

Bonadio dijo que se trata de una "asociación ilícita que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional".

De acuerdo al fallo, debajo de la ex presidenta en la pirámide organizacional de la asociación ilícita se encontraban De Vido y Baratta, a quienes les fue asignado el rol de organizadores y a los que también se acusa por supuesto cohecho pasivo.

Entre otros vinculados al relato de las fotocopias aparecen el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Aldo Benito Roggio, Eduardo Hugo Eurnekian, Alberto Taselli, Alejandro Pedro Ivanissevich y Hugo Dragnetti y Ángel Calcaterra, entre otros.

Viernes, 20 de septiembre de 2019