Corrientes (12-12-20): Sospechan que se creaban apuestas una vez conocidos los números ga­nadores. La Gendarmería realizó 17 allanamientos en dos provincias. Una investigación por po­sible fraude en perjuicio de Lotería Correntina, iniciada a mediados del año pasado, derivó en 17 allanamientos. Las intervenciones se rea­lizaron ayer en la sede cen­tral de Lotería Correntina en esta capital, agencias de quinielas y en una firma de servicios informáticos en la provincia de Río Negro. Efectivos de la Unidad Es­pecial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud) de la Agrupación III Corrientes de la Gendarmería Nacional, ejecutaron los procedimien­tos en el contexto de una causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº3 a cargo de María González Cabaña.

La investigación está a cargo del fiscal Gustavo Rou­bineau, quien el año pasado había recibido una denuncia por parte de un ciudadano que aportó información, presuntamente de trabaja­dores de la empresa de jue­gos, en referencia a manio­bras que perjudicarían al Es­tado. Concretamente el dato que recibió el fiscal es que, supuestamente, se “arregla­ba” el pago de premios por apuestas de quinielas en al menos una decena de agen­cias.

Debido a que en la manio­bra podría estar involucrado un grupo de funcionarios provinciales, el Ministerio Público Fiscal solicitó la co­laboración de la Gendarme­ría Nacional Argentina a fin de evitar la filtración de da­tos. Es así que ayer se ordenó el bloqueo del sistema infor­mático de la entidad estatal de juegos y en simultáneo se realizaron 17 allanamientos. Uno de estos fue en la locali­dad de Santa Rosa, donde los gendarmes ingresaron a un inmueble. Allí secuestraron $2.700.000 y US$ 25.000, además de cinco automóvi­les.

Otras 15 intervenciones se realizaron en agencias de quiniela de la ciudad de Corrientes. En esos luga­res secuestraron teléfonos, computadoras, equipos para el registro de juegos de azar, además de US$53.000.

El último allanamiento fue en la sede de una empre­sa de servicios informáticos en la calle Del Cormorán al 6100 de la ciudad rionegri­na de Bariloche, de donde se retiraron equipos de infor­mática y documentos. Esta firma es la que brinda el so­porte tecnológico para la sis­tematización de las apuestas de Lotería Correntina.

La empresa desarrolla equipos de tecnología y equipamiento para juegos de azar. Tiene estrecha vincula­ción con Altec, empresa del Gobierno de Río Negro, que interviene en el ensamble de las máquinas de apuestas.

Las averiguaciones se habían realizado sigilosa­mente, pero la cantidad de numerarios movilizados y las medidas de seguridad tomadas para realizar los allanamientos, especial­mente en la sede de Lotería de Corrientes -ubicada en la calle Córdoba y Junín, a una cuadra de la Agrupación III de la Gendarmería- llamó la atención y antes del medio­día el Ministerio Público Fis­cal emitió un comunicado oficial.

“A raíz de las repercusio­nes generadas por allana­mientos en la sede de Lote­ría Correntina, el Ministerio Público Fiscal de Corrientes a través del titular de la Fis­calía de Instrucción Nº 6 de Capital, doctor Gustavo Ale­jandro Roubineau, hace sa­ber a la opinión pública que se trata de una investigación que se inició en el año 2019 por la denuncia de un ciu­dadano, quien puso en co­nocimiento de la Fiscalía de Turno de una serie de datos supuestamente obtenidos de Lotería Correntina”, in­formaron.

El organismo de investiga­ción judicial reveló además que “el denunciante brindó el nombre de varios aposta­dores de la modalidad juegos de Quiniela Correntina que habrían cobrado numerosos premios, que, por su mon­to, repetición en el tiempo y otras circunstancias que no se pueden revelar aún, po­drían ser el resultado de una compleja maniobra delictiva llevada a cabo mediante la manipulación, alteración y vulneración del sistema y modalidad de apuestas”.

Indicaron también que “de comprobarse esta ma­niobra, se estaría ante una defraudación a dicha insti­tución, y por ende a la Ad­ministración Pública provin­cial, causándole un perjuicio económico”. La causa, por ahora, no tiene imputados individualizados y está cara­tulada como “fraude en per­juicio de la administración pública”.s

Sábado, 12 de diciembre de 2020