Afirmaron que el aumento dispuesto por la DPEC es ilegal, y confían en que la cuestión de fondo también se resolverá a favor de los clientes de la empresa estatal. Las principales quejas que reciben son por servicios no prestados, que creen, se cobrarán.

Desde la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes afirmaron que los aumentos que se aplicaron en las facturas residenciales de luz “son desproporcionados, inconstitucionales, unilaterales e ilegales”.

Además insistieron con hacerse eco de las quejas de usuarios por los servicios que, en su opinión, “no se prestarán por la emergencia sanitaria e igual serán cobrados”.

“La resolución firmada por la jueza Anahí González Davis, determinó que las tarifas aumentaron en forma desproporcionada y ratifica con su fallo el beneficio de los usuarios, eso ahora tiene respaldo del Superior Tribunal de Justicia”, aseguraron.

“Es por esto que se resolvió que la cautelar siga vigente, pese a la apelación de la DPEC. Este es un fallo a favor de los usuarios. Pero ahora resta que Su Señoría resuelva la cuestión de fondo, que es un amparo definitivo que retrotraiga el cuadro tarifario al período quinto de 2008”, indicaron.

Asimismo, se mostraron optimistas con el avance de las causas al decir: “Es muy difícil que una persona que aceptó una medida cautelar se vuelva para atrás, por eso tenemos esperanzas que con la documentación y las pruebas de las violaciones, se ajuste a derecho esta situación, para tener tarifas justas y racionales”, señalaron.

“Además, esta muy claro que la DPEC violó la Constitución y la ley de defensa al consumidor, las cuales dicen que los cuadros tarifarios deben ser difundidos para el conocimiento de los usuarios”, insistieron.

Para ellos “es evidente que los aumentos que realizaron son desproporcionados, inconstitucionales, unilaterales e ilegales”.
También recibieron las quejas de usuarios por los servicios que, en opinión de referentes de la entidad, “no se prestarán por la emergencia sanitaria e igual serán cobrados”.

“Las autoridades deberían ver de aplicar la racionalidad. Los propietarios de los establecimientos deben convocar a rees y ver como resolver esta situación que afecta a todos. Ojalá prime la racionalidad y haya acuerdo, pero de todos modos, si un padre considera que no debe abonar el servicio, ya sea de cuotas del colegio o transporte escolar, que se acerque a la institución o a Industria y Comercio para ver cómo sancionar a las empresas”, destacaron finalmente.

Martes, 7 de julio de 2009