Brasilia (1-7-21): El expediente que detalla 23 delitos contra la Constitución supuestamente cometidos por el presidente brasileño lleva la firma de referentes de la izquierda, la derecha, movimientos sociales, sindicatos y entidades profesionales. El pedido contra el presidente de Brasil lleva la firma de 43 entidades de los más diversos sectores e ideologías.

Por Pablo Giuliano
El pedido contra el presidente de Brasil lleva la firma de 43 entidades de los más diversos sectores e ideologías.

La presión institucional contra el presidente Jair Bolsonaro llegó este miércoles a uno de sus picos de tensión luego de que todo el arco político y social opositor presentó un ´super pedido´ de juicio político para destituirlo del cargo por haber cometido al menos 23 delitos, incluidos los de no haber reaccionado ante el conocimiento de casos de corrupción con la compra de vacunas contra el coronavirus.

El ´super pedido´, como fue bautizado, coincidió con la expulsión de un director de logística del Ministerio de Salud acusado de pedir una coima a una empresa intermediaria de 1 dólar por vacuna AstraZeneca, en una reunión ocurrida en febrero, cuando Brasil comenzaba a vivir la segunda ola de coronavirus.

La presentación realizada en un acto en el Congreso en una inédita unión de izquierdistas y derechistas exbolsonaristas, le pide abrir el juicio político al jefe de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, cercano al presidente y controlador del grupo oficialista conocido como ´Centrao´, el dique contra cualquier proceso de destitución.

Ex aliados de Bolsonaro como la nueva derecha liberal paulista de los legisladores Kim Kataguiri y Joyce Hasselman se sumaron a la solicitud.

"Queremos un país con decencia y que enfrente la pandemia", dijo Hasselman, del Partido Social Liberal, el mismo por el cual Bolsonaro llegó al poder en 2018.

Un funcionario de Salud pidió el pago de un dólar por cada dosis para cerrar los contratos con AstraZeneca y fue despedido.

Kataguiri, exbolsonarista, diputado famoso por ser un ultraliberal o ´libertario´ que condujo manifestaciones contra Dilma Rousseff en 2015 y 2016, defendió la "unión para sacar a uno de los mayores males de la Historia de Brasil por su negligencia criminal que provocó más de 500 mil muertos al negar la pandemia".

Gleisi Hoffmann, presidenta del opositor Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en las encuestas para derrotar a Bolsonaro en octubre de 22, sostuvo: "Este gobierno está empudreciendo y carcomiendo por el odio y la mentira. Hay que devolverle Brasil al pueblo brasileño".

El "superpedido" resume los 123 reclamos de impeachment desde que asumió el presidente e incluye delitos como genocidio sanitario, homofobia, racismo y los dos últimos escándalos de corrupción.

Firmaron el PT y todos los partidos del arco de izquierda, centroizquierda y algunos dirigentes de derecha, como el exactor porno y exbolsonarista Alexandre Frota, del Partido de la Social Democracia Brasileña, quien apuntala la candidatura presidencial del gobernador de San Pablo, Joao Doria.

Esta semana, Lira había dicho que no existe "clima" para recibir un pedido de juicio político.

El reclamo tendrá como apoyo una movilización de la oposición, la tercera en poco más de 35 días, convocada para el próximo sábado en todo el país.

En caso de que se acepte el pedido de impeachment, el Congreso necesita dos tercios de los votos para sacar del poder a un presidente.

Los dos antecedentes de juicios políticos desde el regreso de la democracia fueron los de Fernando Collor de Mello, destituido en 1991, y Dilma Rousseff, en 2016.

El último de los casos de corrupción que golpea a Bolsonaro llevó este miércoles al despido de un director del Ministerio de Salud, Roberto Dias, acusado por un intermediario de vacunas AstraZeneca de pedir un soborno de un dólar por cada dosis adquirida.

La denuncia, que fue consignada por el representante de esa empresa, Luis Dominguetti, al diario Folha de Sao Paulo, se suma a otra acusación de sobrefacturación de un contrato para comprar vacunas indias Covaxin.

Los escándalos están vinculados a figuras relacionadas con el exministro de Salud de Michel Temer, el diputado Ricardo Barros, líder del Gobierno en la Cámara de Diputados y miembro del Partido Progresista (PP), la fuerza que le otorga la mayoría a Bolsonaro y que frena, por ahora, los pedidos de juicio político.

Según Dominguetti, Dias, quien entró a inicios de 2019 al Ministerio de Salud con la llegada de Bolsonaro, le dijo que el "peaje" que había que pagar para poder cerrar un contrato era de un dólar por cada dosis.

El episodio es del 25 de febrero, justamente en medio de un cambio de postura del bolsonarismo, que dejó de repudiar los inmunizantes contra el coronavirus cuando el país entraba en una letal segunda ola agravada por la cepa de Manaos, la variante P.1 que en las últimas semanas también se la ha llamado científicamente Gamma.

Los sobreprecios detectados en el contrato de compra de la vacuna india Covaxin es uno de los casos de corrupción.

El PP es el partido más involucrado en la Lava Jato y es el corazón del "Centrao", el bloque que protege desde junio de 2020 a Bolsonaro, quien le entregó parte del gabinete y de la iniciativa política.

En 2016, Barros pidió a la presidenta Rousseff el Ministerio de Salud para que el PP la defienda del juicio político, pero ante la negativa de esta, se lo ofreció a Temer, quien cuando cayó la presidenta le cedió el mando en la cartera sanitaria, un poder que continúa en la gestión de Bolsonaro.

El representante de Davati que hizo la denuncia será convocado ante la comisión del Senado que investiga las omisiones del Gobierno en la pandemia para el viernes.

El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte, recibió una denuncia para investigar a Bolsonaro por prevaricato por haber sido anoticiado el 20 de marzo por el diputado Luiz Miranda del fraude de sobreprecios de Covaxin y no realizar la denuncia ante la Policía Federal.

El presidente Bolsonaro, durante un acto de la Fuerza Aérea en Ponta Porá, frontera con Paraguay, llamó "delincuentes" a los siete senadores opositores que integran la comisión parlamentaria de investigación y dijo que ellos no lo sacarán del poder. Además, el excapitán que regó su gabinete de generales retirados involucró en el torbellino de su gestión, ahora por corrupción, a las Fuerzas Armadas.

"Tengo paz y tranquilidad porque sé que, además del pueblo, tengo a las Fuerzas Armadas comprometidas con nuestra democracia y nuestra libertad. Tenemos una misión por delante y vamos a cumplirla de la mejor manera posible", afirmó Bolsonaro.

Jueves, 1 de julio de 2021