Corrientes (17-11-21): La doctora González Cabañas se abo­có al caso. Son agentes del GRIM y 911. Se los acusa de varios delitos. El más grave, abandono de persona. La investigación judicial por la muerte de Lautaro Rosé, el joven que la sema­na pasada fue encontrado muerto en el río Paraná luego de haber sido perse­guido por la Policía, tuvo un importante avanza ayer con la decisión de la jueza del caso, Josefina González Cabañas, de citar a 11 agen­tes de la fuerza de seguridad provincial, a los que se les hará saber la imputación en su contra formulada por el fiscal de Instrucción Gusta­vo Roubineau, por una serie de delitos, el más grave el de "abandono de persona se­guido de muerte" (que prevé una pena de 5 a 15 años de prisión).

Fuentes judiciales infor­maron ayer que la titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de la ciudad de Corrientes se abocó al expediente, una vez cumplido el plazo mínimo estipulado por el viejo Có­digo Procesal (aún vigente en la Primera Circunscrip­ción) para la realización del sumario policial a cargo de la Comisaría 2ª. Durante la jornada y mientras una mul­titud se movilizaba desde la casa de la víctima, en el ba­rrio Galván II (también co­nocido como Trujillo), hasta la sede de la Jefatura de Poli­cía, la doctora González Ca­bañas tomaba contacto con el expediente y dictaba las primera medidas tendientes al avance y dilucidación del hecho.

Según los informantes, "la magistrada dispuso una se­rie de medidas probatorias que habían sido propues­tas por la Fiscalía de Ins­trucción Nº 6 e hizo lugar a la citación en calidad de imputados de un conjunto de funcionarios policiales pertenecientes a distintas agrupaciones, hasta ahora sospechados de la presunta intervención en los hechos". Estas medidas habían sido solicitadas el viernes de la semana pasada por el fiscal Roubineau luego del hallaz­go del cuerpo de Lautaro y la realización de la autopsia, el miércoles, a cargo de un fo­rense del Poder Judicial y no del médico legista policial, como es habitual en casos de ahogamiento en ríos.

El representante del Mi­nisterio Público pidió la im­putación de 11 funcionarios por los delitos de incumpli­miento de los deberes, apre­mios ilegales, amenazas y abandono de persona segui­do de muerte en perjuicio de Rosé, pero también de su amigo menor de edad y tes­tigo clave.

La pesquisa que lleva adelante la Fiscalía tuvo como punto de partida el "procedimiento irregular" en el cual se dio la muerte de Rosé, ya que no consta en los registros del libro de guardia de la jornada; y en el caso del adolescente amigo de la víctima fatal, se lo de­tuvo y luego liberó sin dar aviso a las autoridades judi­ciales correspondientes.

En la acusación a cada agente se le asigna un rol determinado en la cadena de responsabilidades, ya que no todos pertenecen a la misma división. De lo que se pudo saber, se trata al menos de dos; por un lado los ope­radores del sistema de emer­gencia 911 que se encontra­ban monitoreando la ciudad y advirtieron gracias a las cámaras de vigilancia una pelea entre jóvenes debajo del puente interprovincial General Manuel Belgrano; y por otra parte los agentes del Grupo de Respuesta In­mediata Motorizada (Grim) que se encontraban aposta­dos en la zona de la Costa­nera y fueron quienes llega­ron primero al lugar donde se produjo la persecución de los jóvenes por la playa Arazaty y la desaparición en el río Paraná del joven de 18 años.

Por otra parte, durante la mañana de ayer, familias y amigos de Lautaro Rosé jun­to a organizaciones sociales marcharon desde la esquina de Alberdi y Teniente Ibáñez hacia el centro de la ciudad de Corrientes hasta llegar a la Jefatura de Policía, donde se manifestaron en repudio al accionar de los agentes de dicha fuerza de seguridad. Durante la jornada no se registraron disturbios. Días antes, allegados a los poli­cías que serán imputados, así como sus camaradas, se pronunciaron en apoyo. s

UNA MULTITUD MARCHÓ AYER POR LA CIUDAD RECLAMANDO JUSTICIA POR EL MUCHACHO DE 18 AÑOS.

POR DISPOSICIÓN DE LA MAGISTRADA

Peritajes a cargo de la Gendarmería

La jueza de Instrucción Josefina Gon­zález Cabañas solicitó a la Gendarmería Nacional colaboración en la realización de pesquisas, a fin de evitar suspicacias por el hecho de que es la misma fuerza policial la que lleva adelante las tareas investigativas teniendo a sus funcionarios como impu­tados. Según informaron fuentes judicia­les, la participación de la Gendarmería a pedido de la magistrada consistirá en "la realización de aquellas diligencias que las partes pudieran necesitar, todo ello con el objetivo de esclarecer los hechos investi­gados y determinar los responsables del mismo".

La titular del Juzgado en lo Penal Nº 6, con relación a las medidas proteccionales referidas al adolescente víctima, amigo de Lautaro, dio intervención a la Asesoría de Menores Nº 2 y al Juzgado de Menores Nº 3 Secretaría Civil. Es que el abogado de la familia había pedido a las autoridades que sea incluido en el sistema de protección de testigo, ya que de su relato ante la Fiscalía se desprende que fue amedrentado por los agentes para no contar lo sucedido, es por ello que uno de los delitos endilgados es el de amenazas. En ese contexto, la jueza hizo lugar a la constitución de querellante conjunta a la señora Juana María Luz So­telo y a su abogado, el doctor Hermindo González. s

"Presos ya"

"Esta marcha tiene dos consignas: primero, no quere­mos ningún Lautaro más. Vamos hacia la Jefatura a de­cirles que implementen políticas públicas de prevención y no de represión. Lo segundo es: ya sabemos que son 11 y los queremos presos ya, están individualizados como supuestos autores del delito de abandono de persona se­guido de muerte", dijo ayer en declaraciones radiales el querellante Hermindo González.

Miércoles, 17 de noviembre de 2021