Mercedes (3-12-21): El juez federal de Paso de los Libres Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, otorgó un plazo de gracia a los 17 vendedores que están instalados en el predio del Gauchito Gil, en la ciudad de Mercedes, para que retiren sus pertenencias y liberen los 20 metros de banquina de la Ruta Nacional 123 que se hallan ocupados por puestos provisorios de comercios. En el escrito el magistrado advirtió que enviaría a la Gendarmería Nacional a liberar el lugar, con la colaboración de los operarios de la Dirección Nacional de Vialidad, esta última, institución reclamante del sector desde hace 30 años.
El magistrado había enviado el viernes pasado una intimación para que éstos se retiren en un plazo de 48 horas, pero luego prorrogó este plazo hasta la hora 8 de hoy, aunque, según fuentes judiciales "podría esperarse hasta mediodía" para que se desocupe ese terreno.
En el escrito el magistrado advirtió que enviaría a la Gendarmería Nacional a liberar el lugar, con la colaboración de los operarios de la Dirección Nacional de Vialidad, esta última, institución reclamante del sector desde hace 30 años.
La institución hace notar que existen veinte metros desde la cinta asfáltica hacia ambos costados que pertenecen al Estado Nacional. Y ese espacio debe estar despejado por cuestiones de seguridad vial, pero también porque es un área contemplada para eventuales usos de logística cuando la vía de tránsito es reparada.
Lo que puede ocurrir ahora es que, vencido el plazo, y ante la desobediencia, el magistrado federal inicie causas penales por desacato, al tiempo que ordenará la utilización de todos los recursos al alcance de la fuerza de seguridad para liberar el área.
Ayer, en horas de la mañana, había una tensa calma en el lugar. Algunos locales ya se hallaban cerrados porque sus propietarios ya habían iniciado el éxodo hacia un nuevo sector de ventas, ubicado a unos 30 metros y que fue acondicionado por el Municipio de Mercedes, con la colaboración del interventor del predio y el Gobierno provincial.
Otros, como los 17 del conflicto, se hallaban en actividad. Comercializaban los productos de santería sin ninguna intención de abandonar el espacio que se ubica a escasos dos metros y medio de la calzada.
Lo que aguardan, según explicaron fuentes vinculadas a la causa, es que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes se expida respecto de una presentación que realizaron. Es que anteriormente habían presentado una solicitud de amparo judicial ante el juez Fresneda, pero éste la rechazó y por ello apelaron esa decisión.
Una de ellas era Ramona Villalba, la ex administradora de la asociación de comerciantes, organización que, según se pudo comprobar, funcionaba de manera irregular. La mujer administra un puesto donde comercializa cintas, estatuas y artículos regionales, justo en el espacio lindante al lugar donde se halla la imagen principal del Santo Popular.
Es a ella a quien sindican como la supuesta instigadora de los hechos que derivaron en la intervención del lugar por parte del Gobierno y de la Justicia, pero también sospechan que tuvo que ver con el doble crimen de Sergio y Julio Canteros, padre e hijo, propietarios de un terreno que pretendía ser tomado por familiares de Villalba para instalar allí puestos de venta que luego alquilarían.
El hecho ocurrió el 6 de agosto. Ese día una horda de al menos diez personas irrumpieron en la casa de los Canteros, con fines de tomarla. Pero la familia defendió su vivienda y en ese intento Sergio "Checho" Canteros y su padre Julio "Minto" Canteros fueron ferozmente apuñalados.
Por este hecho hay diez personas detenidas acusadas del crimen. Pero, lo que piden los familiares a las víctimas es que se ahonde en las participaciones secundarias y apuntan contra Ramona Villalba.
Por otra parte, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que establezca la posible existencia del delito de lavado de activos, mientras que también se la investiga por presuntos vínculos con el narcotráfico.provisorio.
Viernes, 3 de diciembre de 2021