Corrientes (10-12-21): El Tribunal Oral Federal de Corrientes postergó en las últimas horas sin fecha el juicio al ex juez federal de esa ciudad Carlos Soto Dávila y un grupo de fun­cionarios y abogados por el supuesto cobro de coimas a imputados por causas de narcotráfico. El cúmulo probatorio se hallaría en juzgados de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no lo encuentran y el juicio sigue en dilación.


El motivo de la suspen­sión del debate es que no se encuentran en el expe­diente las declaraciones de los arrepentidos, entre otras pruebas, que involucran al juez y a sus secretarios en supuestas maniobras de co­rrupción.

Es por ello que el Tribunal Oral Federal de Corrientes integrado por los subrogan­tes Juan Manuel Iglesias de Chaco, Rubén Quiñones de Formosa y Manuel Morei­ra de Misiones, suspendió nuevamente los plazos del juicio por supuesta "asocia­ción ilícita y cohecho" en el que está imputados el ex magistrado Carlos Vicente Soto Dávila; dos secreta­rios, Pablo Molina y Federi­co Grau, y un ex empleado del juzgado, Zacarías Issolio -quien concursa por un car­go de juez y otro de cama­rista- así como un grupo de abogados correntinos.

El hecho supone una nue­va dilación en el juicio ya que, en noviembre último se habían suspendidos los pla­zos del proceso a pedido de las defensas, dado que no se encuentran en el expediente "legajos de identidad reser­vada, legajos de arrepenti­dos, legajos de investigación e incluso expedientes que tramitaron con anterioridad o simultáneamente a la pre­sente causa", señalaron los jueces.

En su medida, los magis­trados también reiteraron los pedidos a los tribunales federales 3 y 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Juzgado Criminal y Co­rreccional Federal 12, "soli­citando se remita a la breve­dad la documentación".

Las pruebas solicitadas fueron reunidas en causas conexas, como la del Opera­tivo Sapucay, por narcotráfi­co desde la ciudad correnti­na de Itatí a diversas partes del país y que este año ter­minó con condenas de entre 17 y cuatro años y medio de prisión.

Por su parte, Aníbal Iba­rra, defensor del secreta­rio del juzgado federal 1 de Corrientes, Federico Grau, puso de manifiesto "la ne­cesidad de contar con las declaraciones completas de arrepentidos, para ejer­cer el derecho de defensa y ofrecer prueba en función a ello, alegando el principio de igualdad".

La medida dictada por el tribunal correntino surgió en respuesta a un planteo de la fiscalía, a cargo de Carlos Schaefer y de la Procuradu­ría de Narcocriminalidad (Procunar), para que se reto­men los plazos del proceso hasta la resolución definiti­va del caso en juicio oral.

Este freno, según los fisca­les, "le impide el avance ha­cia el desenlace, impidiendo al Ministerio Público Fiscal ejercer su función de pro­moción y ejercicio de la ac­ción pública en defensa de la legalidad y de los intere­ses generales de la sociedad, que estima vulnerados por la medida", indica la resolu­ción emitida en las últimas horas.

En esta causa se investiga el supuesto pago de coimas al ex juez Soto Dávila y a dos secretarios penales de su estrado, Pablo Molina y Grau, por parte de narcotra­ficantes de la localidad de Itatí a través de los abogados Omar Serial, Gregorio Gimé­nez, Jorge Vallejos, Duylio Barboza Galeano y Tomás Viglione.s

Viernes, 10 de diciembre de 2021