Mercedes (17-12-21): Un grupo de 19 puesteros del predio del Gaucho Gil realizaron ayer un piquete en la Ruta nacional Nº 123 por seis horas. Levantaron el corte tras lograr el compromiso de las autoridades de acondicionar el predio donde se alojarán. Accedieron así a acatar la orden judicial que los obligaba a dejar la Cruz Gil. Los puesteros cortaron la ruta a media mañana y permanecieron ahí hasta horas de la tarde cuando fueron recibidos por el interventor del predio del Gaucho Gil, Víctor Isnardo.

Los puesteros acordaron con las autoridades el inicio de los trabajos de reacondicionamiento de lugar donde se instalarán.

“Nos prometió que mañana (por hoy) empezaban las obras de relleno del lugar donde nos instalaremos. Además taparán la cloaca rota y pondrá ripio. Si no cumplen volveremos a la calle”, dijo a El Litoral Graciela, una de las puesteras.

El lugar en el que serán reubicado los puesteros dista a unos 400 metros de donde están hoy. “Ya llevamos nuestras cosas, pero acordamos que nadie va a quedar en el predio”, agregó la puestera.

Por orden judicial, hoy debía concretarse el desalojo y si era necesario Gendarmería estaba autorizada a usar la fuerza.

“Nosotros solo queremos un lugar digno para trabajar. No tenemos nada que ver con lo que pasó acá, la violencia y los homicidios”, agregó Graciela.

El juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, ordenó el desalojo desde las 6 de la mañana.

La resolución judicial fijó la “desinstalación, destrucción y liberación del espacio público de casillas precarias y construcciones. Además del retiro de la totalidad de los elementos”.

La orden debía ser ejecutada por la jefatura del Escuadrón de Paso de los Libres de la Gendarmería y personal de la Policía de Corrientes. En total, tenían 48 horas para desalojar a los 19 ocupantes y destruir las construcciones.

Ahora, con el predio ya casi desocupado, la fuerza federal deberá evitar cualquier posible usurpación de los terrenos.

“Gendarmería deberá instalar un puesto fijo de guardia por el término de 30 días, destinados a evitar nuevas ocupaciones y asegurar la seguridad vial en la zona”, se indica en el expediente.

Asimismo, se solicitó a la Policía de Corrientes “la instalación y refuerzo de la guardia en la zona del predio, con el fin de resguardar la seguridad y orden en toda la zona, debiendo actuar en forma conjunta y coordinada con la Gendarmería Nacional”.

En el documento, Fresneda detalló todo el proceso por el que los trabajadores pasaron frente a la Justicia. En ese sentido, según indicó, todo empezó en el año 2002, pero pasó por muchas etapas de demanda de ambos sectores.

“En esta instancia y habiéndose agotado todas las instancias de mediación, conciliación y solución al conflicto, dentro de un contexto social y cultural especial que se da en la zona, corresponde dictar resolución jurisdiccional de desalojo, para resguardar aquellos intereses públicos que deben ser tutelados constitucionalmente”, admitió el magistrado como uno de los fundamentos para la resolución.

Además destacó que la zona ocupada corresponde a un territorio provincial. “Está fuera de toda duda que las banquinas que integran la zona de seguridad vial de la Ruta nacional Nº 123, por una extensión que va desde el asfalto hasta los límites de los inmuebles, en un ancho aproximado de 50 metros por cada lado, constituyen inmuebles de dominio público afectados a la utilidad pública, y su ocupación no solo es prohibida a los particulares por el derecho patrimonial que implica, sino porque la ocupación afecta el interés público por el cual deberá estar liberada de toda ocupación u obstáculo”, señaló.

Viernes, 17 de diciembre de 2021