Corrientes (14-5-22): La trama detrás del litigio judicial por las 35 hectáreas de la reserva natural de Santa Catalina. Un extraño fallo de la jueza Civil y Comercial Nº6, Sonia Elizabeth Filipigh, otorgándole una cautelar con medida de no innovar, dentro en un planteo de prescripción adquisitiva, a un usurpador. El dictamen descalzó judicialmente al municipio. Insólitamente para favorecerlo, la jueza Filipigh, retrotrajo la causa 16 años atrás. Asimismo, ordena que pueda introducirse construcciones de tipo prefabricadas, más el ingreso de materiales y cosas que no existían previamente a la fecha en que se trabó la Litis. Prácticamente le da la posibilidad que desarrolle un emprendimiento inmobiliario.
Foto: Alberto Castro,, dueño de Farmacity y Supermercado Supermax, quien estaría por detrás de los terrenos de Santa catalina

Todo se inicia cuando en 2003, José Oscar Giguer, realiza un plano de mensura con el agrimensor Narciso Santín Tofoletti, actualmente Titular de Catastro y muy involucrado en la mega estafa por la venta irregular de lotes en la Ruta Provincial 43. En ese momento, Tofoletti era subdirector del organismo catastral. Extrañamente se le otorgaría la Adrema a un ilegal poseedor, de una buena extensión de terrenos propiedad del Estado Nacional, donde funcionó por décadas, un batallón de Logística del Ejército Argentino.

En 2005 da comienzo el juicio de prescripción adquisitiva (Exp. 182.877) ante el Juzgado Federal Nº1. Hasta entonces, el dueño del terreno era la Nación. El 1 de marzo de 2006 se produjo la traba de la litis. En 2012, Giguer cede los derechos por una cifra millonaria a Ignacio Oscar Sotelo, considerado un insolvente y sin ingresos que justifiquen esa importante compra. Sotelo se hace cargo de un supuesto cuidador del terreno llamado Ángel Omar Caballero, aunque se trata de un tenedor precario.

Durante la gestión municipal de Carlos Mauricio Camau Espínola, el Ministerio de Defensa de la Nación le dona a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes la titularidad de todo el inmueble. Por competencia, el expediente pasa a la órbita del fueron provincial, siendo sorteado el Juzgado Civil y Comercial Nº6, a cargo de la doctora Sonia Elizabeth Filipigh. En noviembre de 2021 se decreta la apertura de la causa a pruebas y la comuna ofrece Pericial de Agrimensura, atento que en las imágenes satelitales de Google Earth se constata la no presencia de instalaciones, plantaciones y alambrados alegados por Giguer en su demanda inicial, en el polígono, desde fines de 2002. Tampoco se visualizan los supuestos alambrados que surgen del plano de mensura de Tofaletti.

El dato, Sotelo no tenían ningún peso. Imposible que le pueda comprar al abogado Giguer la cesión de derecho de la posesión de uno de los lugares más espectaculares de la ciudad. ¿Y quién puso la torta de dinero? Todas las miradas apuntan al empresario Alberto Castro, perteneciente a uno de los grupos farmacéuticos más poderosos del país, y además dueño de una cadena de supermercados, con inversiones inmobiliarias en Latinoamérica y en Estados Unidos, como poseer en su momento minas de explotación de oro, y compañías de seguro. Soportó denuncias penales por estafas al PAMI, y falsificación y malversación de medicamentos en varias provincias del país, entre ellas Corrientes. La mayoría de las causas penales que pesaban sobre sus espaldas, prescribieron. Se destacó por aportar buenos recursos a agrupaciones partidarias gobernantes, en todas las elecciones desde hace 30 años. Tiene fuerte vínculos con el poder político. Aunque la versión que más sacude la escena judicial, es que la jueza Filipigh, estuvo ligada laboralmente a su emporio empresarial. Y colorín colorado, este relato no ha terminado.

Sábado, 14 de mayo de 2022