Son inocultables las vinculaciones entre la red de adulteración de medicamentos, de ribetes homicidas, con funcionarios. Tal vez ninguno de los numerosos escándalos de corrupción que estallaron durante la era kirchnerista presente la dimensión criminal y directamente homicida de la llamada mafia de los medicamentos falsos o adulterados.

Pocas veces se ha visto desde el retorno de la democracia una combinación tan grande y perversa de negocios espurios entre funcionarios de un gobierno, sindicalistas enrolados en el oficialismo, obras sociales y mafias privadas, que incluye lavado de dinero negro, aportes ilegales a una campaña presidencial -en este caso, la de Cristina Kirchner-, asesinatos cometidos por sicarios, un suicidio aparentemente inducido y, finalmente, el sufrimiento físico y moral (y en algunos casos también la muerte) de enfermos de cáncer y de sida.

Porque en ningún momento, mientras se desmonta el complejo entramado de este escándalo, hay que perder de vista que este negociado se basa en la entrega a enfermos oncológicos y de sida de remedios vencidos, con lo cual sus componentes activos se han vuelto inermes, o, peor aún, medicamentos adulterados que carecen de las drogas para combatir esos males, aunque los envases sean réplicas de los verdaderos.

Cae de maduro, entonces, que quienes desde hace años se dedican a este negociado homicida, y sus cómplices y encubridores en el Gobierno, saben que el resultado final de esta cadena es el agravamiento de las enfermedades y la muerte de los enfermos.

Como muchos de los medicamentos para tratar esas enfermedades cuestan varios miles de pesos, el Estado los subsidia aportando el dinero a las obras sociales. De una de las investigaciones judiciales en marcha, a cargo del juez federal Norberto Oyarbide surge, según lo informado por fuentes judiciales, que algunas obras sociales, como la de los bancarios, gremio que maneja desde hace décadas el hoy kirchnerista Juan José Zanola, en vez de comprar esas drogas en las farmacias las adquieren en forma directa a ciertas droguerías que, presuntamente en complicidad con la obra social, entregan medicamentos adulterados. El negocio consiste en cobrar lo que en verdad no cuesta casi nada. También se ha denunciado la muerte de un niño pese a que los médicos le suministraron los medicamentos oncológicos correspondientes, y la falsificación de historias clínicas para inventar pacientes .

Una de las denuncias judiciales la radicó un médico que constató que su paciente no mejoraba pese a habérsele administrado medicación oncológica. Otra de las denuncias la efectuó la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, pionera en la lucha contra esta mafia, librada sin el menor apoyo oficial cuando aún se hallaba al frente de la cartera a la que finalmente tuvo que renunciar.

Cuando son adquiridos en una farmacia, estos fármacos cuentan con controles y seguimientos rigurosos que no existen cuando se los compra en ciertas droguerías. Precisamente, una de las principales droguerías investigadas es San Javier, propiedad de Néstor Lorenzo, un hombre que, siempre según la información judicial, también poseería una mesa de dinero y sería el punto de contacto con Sebastián Forza, dueño de droguerías quebradas e involucrado también en la venta de medicamentos adulterados. A su vez, Forza, uno de los jóvenes empresarios asesinados en el triple crimen de General Rodríguez, entregó cheques de su empresa Seacamp por 200.000 pesos para la campaña presidencial de Cristina Kirchner.

Es en este punto donde hace su aparición el lavado de dinero porque, se sospecha en medios judiciales, ni Forza ni otros empresarios del rubro habrían aportado fondos propios a la campaña, sino que habrían prestado sus nombres para que el dinero de algunas obras sociales pudiera ingresar en la campaña bajo un ropaje de legalidad.

Dos jueces federales investigan el financiamiento de la campaña presidencial. Ariel Lijo trabaja a partir de una denuncia de la Coalición Cívica sobre supuesto tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública contra Héctor Capaccioli, recaudador de aquella campaña y, sintomáticamente, superintendente de Salud hasta que Ocaña pudo desembarazarse de él. De la superintendencia que estuvo a cargo de Capaccioli dependen los pagos a las obras sociales de los medicamentos oncológicos y para el sida.

Habría escuchas telefónicas ordenadas por Oyarbide en las que Lorenzo habla con Capaccioli y también con otro sospechoso empresario dueño de droguerías y presunto aportante de 310.000 pesos a la campaña presidencial. Mientras tanto, la jueza federal María Servini de Cubría trata de determinar si los cheques aportados por Forza a la campaña de la Presidenta constituyen lavado de dinero.

Como puede advertirse, no estamos ante la habitual y ya institucionalizada falta de controles oficiales, sino ante la evidente complicidad de autoridades gubernamentales que se habrían beneficiado con dinero proveniente de la estafa realizada a costas del sufrimiento de enfermos, de su agravamiento y de su muerte.

Con la complicidad oficial, esos enfermos, igual que sus familiares, creían hallarse bajo tratamiento cuando en realidad, además de ser víctimas de estas dolorosas enfermedades, lo eran de esta mafia y del aparato estatal que actuó como encubridor.

Se entiende ahora el sospechoso énfasis puesto no hace mucho por algún magistrado y algunos medios de prensa oficialistas en el negocio de la efedrina como única razón del triple crimen de General Rodríguez cuando, sin descartar esa posibilidad, era evidente que el principal negocio de Forza era el de los medicamentos.

Es tal la gravedad de los hechos que ahora salen a la luz que la urgencia, rapidez y profundidad de las investigaciones en curso se impone no sólo para el debido castigo de todos los responsables, sino también para que muchos pacientes que actualmente se atienden por ciertas obras sociales sepan a qué atenerse. Por acción u omisión, este gobierno que ha falseado los índices de inflación y pobreza también es responsable de la incertidumbre de los enfermos que no saben si están sometidos a falsos tratamientos.

Jueves, 10 de septiembre de 2009