Bs. As. (15-12-22): Para el organismo que depende del Ministerio de Justicia, el exministro de Finanzas de Mauricio Macri apeló a testaferros. Los vínculos con el genocida Emilio Eduardo Massera y la sombra del financiamiento a Revolución Federal. En la Inspección General de Justicia (IGJ) sospechan que la comparación del economista macrista con el astro futbolístico no tiene tanto que ver con la destreza sino con la facilidad para el escape porque encontraron otra sociedad anónima en la que “Toto” participaba como accionista principal en la que no quedaron irregularidades por cometer.

Por Luciana Bertoia
Lionel Messi no solo muestra magia en las canchas, también se muestra ducho para el arte del engaño al rival: un giro para un costado que termina siendo una salida hacia el otro. Años atrás, a Luis “Toto” Caputo en el gobierno de Mauricio Macri lo bautizaron el “Messi de las Finanzas”. En la Inspección General de Justicia (IGJ) sospechan que la comparación del economista macrista con el astro futbolístico no tiene tanto que ver con la destreza sino con la facilidad para el escape porque encontraron otra sociedad anónima en la que “Toto” participaba como accionista principal en la que no quedaron irregularidades por cometer. Los expertos entienden que funcionaba como una “sociedad baúl” para esconder la riqueza de la familia que también apareció en los últimos meses vinculada al financiamiento del grupo ultraderechista Revolución Federal. “Es una sociedad totalmente ficticia”, le dice a Página/12 Ricardo Nissen, titular de la IGJ, y adelanta que presentará acciones judiciales para declarar la nulidad.

En 2007, se creó Sacha Rupaska Sociedad Anónima (SA). Como titulares de la entidad aparecían dos personas: Luis María Méndez Ezcurra y Horacio Iván Gándara. Para la IGJ, los dos eran, en realidad, testaferros del exministro de Finanzas de Macri. Méndez Ezcurra es cuñado de “Toto” y, además, su hermana está casada con Eduardo Enrique Massera, el hijo de Emilio Eduardo Massera, jefe de la Armada durante la dictadura y, como tal, responsable último de todo lo sucedido en los campos de concentración de la Marina, particularmente en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Sacha Rupaska se conformó para adquirir tres campos –que representan más de 15.000 hectáreas en Santiago del Estero–. Según publicó años atrás Perfil, la adquisición se hizo con un “pueblo adentro”. Cuando los compraron, vivían 84 familias, lo que implicaba una población de casi 800 personas. De acuerdo con la misma publicación, eso implicó que la empresa en la que aparecían como directivos Méndez Ezcurra y Gándara se presentara con una guardia armada y con topadoras. En pleno gobierno de Macri, la ONG Greenpeace denunció que Sacha Rupaska –una de las firmas en las que el entonces ministro de Finanzas denunciaba su participación– generaba desmontes en zonas prohibidas por la ley de Bosques.

Después de la compra de los campos, “Toto” Caputo se incorporó como accionista a la sociedad anónima. Según la IGJ, era el accionista mayoritario con el 60 por ciento de las acciones de la empresa. Al tiempo, incluyeron en el pasivo de Sacha Rupaska una deuda con “Toto” por 2.975.711 pesos. Lo curioso es que él nunca reclamó que se la pagaran ni la sociedad nunca pretendió cancelarla. “Ésta es la mejor prueba de la simulación”, explica Nissen.

La IGJ destacó una serie de irregularidades, por lo que iniciará acciones legales. La tarea no es sencilla. Nissen viene denunciando la connivencia de la Cámara Comercial con quienes él debe investigar, por lo que presentó denuncias contra la mitad de los integrantes de ese tribunal. Entre los puntos oscuros de la sociedad de los Caputo que resaltó el organismo están:

Inició su actividad en 2007 con un capital social de 12.000 pesos. Nunca modificó ese capital;

La sociedad, en sí, nunca funcionó. Nunca se pagaron sueldos ni se distribuyeron dividendos;

Los balances que presentaron son defectuosos o irregulares;

Carece de libros societarios;

La sociedad no cumplió con sus obligaciones con la IGJ, por lo que será multada;

Las asambleas que figuran en los papeles carecen de valor. “Toto” Caputo nunca asistió ni firmó las actas.

En esa línea, el organismo que depende del Ministerio de Justicia sostiene que Sacha Rupaska SA es una “mera ficción”, una “sociedad ficticia” o una “sociedad baúl”. Se usan estas figuras para esconder y proteger el patrimonio total de una persona, por ejemplo, de “Toto” Caputo, y, de esa forma, se evita responder si es demandado.

Los vínculos con Revolución Federal
Méndez Ezcurra, quien para la IGJ oficia como testaferro de “Toto”, está casado con Rossana Pía Caputo. La decoradora es supuestamente el vínculo con Jonathan Morel, el fundador de Revolución Federal, el grupo que se creó en mayo pasado para pedir “bala” para el kirchnerismo. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner viene insistiendo infructuosamente para que la justicia lo investigue dentro de la trama más amplia del intento de homicidio que sufrió el 1 de septiembre pasado. Pese a que el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita inscriben el accionar de Revolución Federal dentro de la misma genealogía de violencia que llevó al atentado, predominó la postura de la jueza María Eugenia Capuchetti y del camarista Mariano Llorens de que son dos hechos separados.

Morel y su entorno recibieron cerca de 13 millones de pesos por parte de dos fideicomisos asociados a Caputo Hermanos, Espacio Añelo y Santa Clara al Sur. La versión que dio Morel es que Rossana Pía Caputo lo contrató para hacer muebles para un edificio en Neuquén, en la zona cercana a Vaca Muerta. Morel acababa de abrir una carpintería en Boulogne y había aprendido el oficio por YouTube. Como no tenía la capacidad de cumplir con el supuesto encargo de Caputo, habría subcontratado a otros talleres o empresas. Todo es materia de investigación aún.

A pedido de Pollicita, Martínez de Giorgi dispuso levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de los dos fideicomisos ligados a Caputo Hermanos. El fiscal está de licencia hasta la semana próxima, pero, por lo que pudo reconstruir este diario de fuentes judiciales, el juzgado ya habría recibido informes tanto de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que es la dependencia del Ministerio Público encargada de estas investigaciones.

En base a lo que surja de esos análisis, el fiscal podría reclamar que los integrantes de Caputo Hermanos den explicaciones sobre el posible financiamiento de un grupo violento cuyo blanco predilecto es el kirchnerismo. Por el momento, los únicos procesados en la causa son Morel, Jonathan Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile. Los procesamientos aún están para ser revisados por la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que fue la que les concedió la libertad. Probablemente no haya novedades antes de febrero.

La IGJ ya puso la mira también en Caputo Hermanos, la sociedad que se inscribió en 2004 y que tiene como directivos a otros dos integrantes de la familia, Flavio y Hugo Caputo. En el caso de Rossana, ella actúa como directora suplente. Para el organismo que dirige Nissen, Caputo Hermanos es una sociedad simulada y que no tenía declarados los fideicomisos a través de los cuales se hicieron los pagos a Morel y a su entorno.

El uso de sociedades ficticias parece ser un patrón para la familia Caputo, que ahora se vuelve a ver en el caso de Sacha Rupaska SA. “Los parámetros de funcionamiento de esta original sociedad son exactamente los mismos que las sociedades Hidden Lake SA, Yuto SA, Salvattore Group SAS, Finca Cuchuy SA, Latin Bio SA y Salta Cotton SA, entre otras, todas vinculadas a prominentes funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Esto es, meras estructuras formales que violan todo el ordenamiento societario y que están al servicio exclusivo de su verdadero dueño, como en este caso es Luis Andrés Caputo”, sostuvieron desde la IGJ.

Jueves, 15 de diciembre de 2022