Bs. As. (27-1-23): Desde que asumió al frente de la Corte, el supremo no reunió a la comisión que se encarga de apurar los procesos a los genocidas ni hizo el gesto de convocar a organismos de derechos humanos, víctimas o sus representantes. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, acumuló otra denuncia antes de que se iniciara este jueves el procedimiento en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Esta vez quien lo denunció fue el abogado Pablo Llonto por haber desactivado el ente que se encarga dentro del máximo tribunal de impulsar los juicios contra los genocidas. “La conducta de Rosatti deshonra las obligaciones internacionales de nuestro país en materia de derechos humanos”, remarcó Llonto, que ejerce como querellante en infinidad de causas por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

Por Luciana Bertoia
De la Corte que abrió el camino al juzgamiento de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos queda poco y nada. En los últimos años, los supremos nada hicieron porque esos procesos avancen y se les garantice justicia a las víctimas y sus familiares.

En 2008, cuando había que poner los juicios en marcha y únicamente se juzgaba a genocidas por un puñado de casos, la Corte creó la llamada Comisión Interpoderes –que funcionaba bajo la órbita del secretario Alfredo Kraut--. La Interpoderes –eje frecuente de críticas– funcionó con cierta asiduidad hasta septiembre de 2016, mientras Ricardo Lorenzetti estaba al frente de la Corte. De hecho, en la última reunión que se hizo bajo la presidencia de Lorenzetti, Rosatti estuvo presente.

En mayo de 2017 vino el fallo que habilitaba el beneficio del 2x1 a los criminales de la última dictadura y la Interpoderes no volvió a convocarse. Menos aun después de que, al año siguiente, llegara Carlos Rosenkrantz a la presidencia del tribunal con el apoyo de Rosatti y Elena Highton –los tres que habían firmado el fallo que favorecía al represor Luis Muiña–. Rosenkrantz volvió a llamar a la comisión en octubre de 2020, después de que la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley pidiera su juicio político por su postura frente a las causas de lesa humanidad. Ni el Ministerio de Justicia ni la Secretaría de Derechos Humanos ni la mayoría de los organismos de derechos humanos estuvieron de acuerdo en asistir porque entendían que era una forma de lavarse la cara para no tener problemas con el Congreso.

Cuando reemplazó a Rosenkrantz en la presidencia, Rosatti tampoco se molestó por desempolvar la comisión en la que deberían tratarse temas como la cantidad de audiencias que se hacen por semana en los juicios, si faltan contratos en algún juzgado que demoran las investigaciones, si hay vacantes en determinado tribunal o como se controlan las prisiones domiciliarias. “Mucho menos se ha citado a los organismos de derechos humanos ni familiares querellantes o representantes de las víctimas para atender y resolver la enorme cantidad de problemas que impiden dar celeridad a los juicios penales más antiguos del país”, apuntó Llonto en su presentación.

“La gravedad de la situación actual (instrucción de centenares de causas a ritmos indolentes y lentos, fijación de audiencias en debates orales una vez por semana o una vez cada quince días, falta de personal en tribunales y juzgados, excesivas demoras en el tratamiento de recursos, apelaciones y vías recursivas en Cámaras y en la propia Corte) motivó que en agosto de 2020 el Senado de la Nación incluyese en el Proyecto de reforma Judicial tres artículos destinados a ‘acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad’ –repasa el abogado querellante–. Sin embargo, las dos últimas presidencias de la Corte, pero con mayor desidia la de Horacio Rosatti, han desactivado dolosamente todo mecanismo para resolver este problema y mucho menos han tomado medidas para agilizar las miles de denuncias y casos que desde los años 70 esperan respuesta por parte de víctimas y familiares de las víctimas”.

En, al menos, tres de los 14 pedidos de juicio político que se están analizando en comisión en la Cámara de Diputados hay acusaciones vinculadas al fallo del 3 de mayo de 2017 con el que Rosenkrantz, Rosatti y Highton les abrieron la puerta a los represores a una libertad anticipada. Después Rosatti y Highton dieron marcha atrás con una resolución que firmaron en diciembre de 2018.

A Rosatti también lo denunció la exdetenida-desaparecida Patricia Isasa por haberle dado supuestamente cobertura al represor Eduardo Ramos Campagnolo mientras era intendente de Santa Fe, pese a que la sobreviviente se entrevistó con Rosatti para alertarle a quien tenía como empleado en el municipio.

La presentación de Llonto hace foco directamente en las decisiones que tomó Rosatti al frente de la Corte, no en los fallos que firmó –más allá de la desaprobación de la sentencia Muiña–. “Siempre hemos pedido que la Comisión Interpoderes se reúna y ponga en marcha medidas concretas. Entre las tantas tareas que tiene el presidente de la Corte está la de convocar a esta comisión y mover a la Unidad de causas de lesa. Rosatti no está cumpliendo esa función”, explica Llonto en diálogo con Página/12. “Hay un agravante en todo esto: el paso del tiempo. Estamos pidiendo en todos lados la aceleración de los juicios y la Corte mira para otro lado”, añade.

Días atrás, la mesa de organismos había saludado el proceso contra los integrantes del máximo tribunal porque entendía que los cortesanos buscaron procurar impunidad a los represores de la última dictadura. En 2021, también habían denunciado ante Naciones Unidas las demoras en las que incurren a la hora de expedirse en causas de lesa humanidad, haciendo que muchas veces los genocidas mueran impunes y las víctimas sin obtener justicia.

Viernes, 27 de enero de 2023