Bs. As. (26-3-23): La última semana el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires decidió dar de baja –para el primer cuatrimestre de 2023– una serie de materias, por no alcanzar la cantidad de alumnos inscriptos. Tres de los titulares de las materias prescindidas por decisión del alumnado ostentan cargos de profesores y al mismo tiempo se desenvuelven como ilustres operadores judiciales en despachos ubicados en los tribunales federales de Comodoro Pro. Mariano Borinsky, Julián Ercolini Escondido y Raúl Plee se constituyeron en los más afamados docentes castigados por los estudiantes, quienes decidieron impugnar a la reconocida tríada del Partido Judicial.

POR JORGE ELBAUM

La eliminación de las asignaturas se efectivizó en el marco de la Resolución 15.062, aprobada por el consejo directivo de la Facultad de Derecho, al considerarse que deben darse de baja aquellas comisiones que no alcancen la inscripción mínima de diez alumnos. Según diferentes integrantes de agrupaciones estudiantiles que activan en dicha casa de estudios, la exclusión de las tres materias ha sido el resultado de una condena explícita decidida por los alumnos en el marco de debates presenciales y virtuales en relación al perfil de los reprendidos.

Un mes atrás, la comunidad académica de esa institución promovió una solicitud de juicio académico para remover a Ercolini, ante la escandalosa filtración de audios e intercambios de mensajes ligados al grupo de tareas jurídico-mediático que participó de un retiro espiritual en las adyacencias de la propiedad del magnate británico Joe Lewis. Luego de la filtración de las comunicaciones –donde se dejaba en claro el rol central de Ercolini–, los firmantes de la solicitada justificaron su exigencia en la “falta de ética académica, indignidad moral o inconducta notoria”. Dicho petitorio fue avalado por una veintena de profesores de esa Facultad y suscripto por miles de alumnos.

En la misma semana en que los tres operadores judiciales fueron raleados de sus cátedras, otro integrante de la troupe de los escondidos, Marcelo D´Alessandro, debió renunciar al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos fueron partícipes del viaje a Río Negro junto a Pablo Yadarola (magistrado del juzgado Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de la Cámara de Casación Penal) y el procurador porteño Juan Batista Mahiques. Los encargados de recibir a los operadores judiciales fueron Pablo Casey –sobrino de Héctor Magnetto y director de asuntos legales e institucionales del Grupo Clarín– y Jorge Rendo, CEO del grupo empresario comandado por Magnetto.

Los tres profesores cuestionados fueron lapidados simbólicamente con la ausencia de inscriptos a sus cursos. Los repudios fueron prologados por informes realizados por los propios alumnos, quienes sintetizaron sus currículums con sus antecedentes más ocultos. En el caso de Ercolini, las interacciones de los estudiantes en los foros de debate sobre la Facultad subrayaron, fundamentalmente, la utilización política del suicidio del fiscal Natalio Alberto Nisman, cuya instrucción está radicada en su juzgado desde hace más de seis años, tratando de que dicha causa no llegue al juicio oral y público, algo que pondría en situación comprometida a su socia política Patricia Bullrich, quien contribuyó a instalar la delirante teoría del comando iraní venezolano, manipulando las pericias judiciales a través de sus subalternos de la Gendarmería. Desde que Ercolini tiene en su juzgado la causa de la muerte del fiscal, se negó en forma sistemática a cotejar las conclusiones periciales con las realizadas por el Cuerpo Médico Forense, los especialistas de la Policía Federal y el laboratorio del Centro de Investigaciones Fiscales de la procuración de Salta. Los informes brindados por estas tres últimas agencias consignaban que “al momento del disparo no había ninguna otra persona en el baño”.


Bajo la lupa estudiantil

Otro de los operadores judiciales puestos en evidencia fue Mariano Borinsky. El informe elaborado por los alumnos –para recomendar que no se inscriban en su materia– incluye dos secciones. La primera recuerda el obsceno plagio realizado por el actual integrante de la Cámara de Casación, al publicar su tesis posdoctoral de la UBA, titulada Los delitos de corrupción, un análisis de derecho penal y procesal penal. La invectiva contra Borinsky incluye un pormenorizado desglose de las falsificaciones desvergonzadas reproducidas por el magistrado:

Facsímil textual de párrafos del libro del economista colombiano David Francisco Camargo Hernández, titulado Evasión fiscal: un problema a resolver, publicado en 2013.

Copia de un portal de ciencias sociales similar al Rincón del Vago, para pavonearse sobre su versado conocimiento en Emile Durkheim.

Párrafos duplicados de la Introducción al Derecho Penal Económico, del año 2000, edición colectiva compilada por Enrique Bacigalupo.

Duplicación –como texto propio– de párrafos completos del texto de Laura Zúñiga Rodríguez, Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas (Editorial Thomas Aranzadi, Navarra, 2003).

Copy paste del portal de un apunte de Sociología de la Educación, colgado en el portal de la Universidad de Castilla.

Extensos párrafos robados de un dictamen de la Corte Constitucional de Colombia.

Copia textual de la entrada de teoría de juegos de Wikipedia.

Columna robada a Facundo Manes, publicada originariamente por el actual diputado radical en el diario español El País el 17 de junio de 2016.

Plagio al texto de la periodista Mariel Fitz Patrick –sobre ranking de la corrupción– publicado en Infobae el 25 de enero de 2021.

Secciones completas de un informe de la organización Transparencia Internacional.

Varios párrafos textuales hurtados del libro Corrupción, democracia, Estado de derecho y derechos humanos, del chileno Claudio Nash.

La otra sección dedicada a Borinsky se aboca a denunciar el sórdido entramado del magistrado con los cambiemitas y la DAIA. El relevamiento recuerda la operación ejecutada por Mauricio Macri, los dirigentes de Pasteur 633 y el propio juez para reabrir la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, por la que se acusó a Cristina Fernández de Kirchner y a Héctor Timerman como traidores a la Patria. En 2016 el entonces integrante del consejo directivo de la DAIA, Santiago Kaplun, compartía su estudio de abogado con Ramiro Rubinska, concuñado del casador. Este último era el esposo de Ingrid Meischenguiser, cuya hermana Evelyn es cónyuge de Borinsky. El juez y el directivo de la DAIA lograron –con la reapertura de la causa– el encarcelamiento de Carlos Zannini, Fernando Esteche y Luis D´Elía, e impidieron la continuidad del tratamiento oncológico al ex canciller, situación que le provocó la muerte.

Para planificar dicho entramado y exhibir sus resultados, Borinsky visitó en 15 oportunidades a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos durante su cuatrienio presidencial. Con una situación actual un poco menos empoderada, el magistrado apenas logró conchabarse en la Universidad de Palermo (de gestión privada) para ofrecer un curso de Garantías en el Proceso Penal junto a otro de los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, recordado por dictaminar contra los soldados torturados en Malvinas.

El tercer caso, el del fiscal Raúl Plee, es el más pródigo en datos compilados por los estudiantes. Se remonta a la participación, junto a Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli, en la comisión de seguridad del club Boca Juniors en épocas de Macri. En el currículum exhibido a los alumnos –con el claro objetivo de que desistan de anotarse en su materia– se recuerda que el fiscal fue uno de los organizadores de la marcha del 18 de febrero de 2015 en homenaje a Alberto Nisman, encabezada por Eduardo Taiano, hoy procurador de la causa del suicidio del fiscal. También fue, en connivencia con la Mesa Judicial coordinada por Fabián Rodríguez Simón, un factótum de la reapertura de la denuncia de Nisman.

La rememoración de los estudiantes hace eje, además, en un viscoso olvido protagonizado por Plee: en marzo de 2018, el Tribunal Oral Federal 5 expuso los fundamentos de la sentencia en la causa ESMA unificada, pero el fiscal encargado de realizar las apelaciones –Raúl Plee– dejó vencer el plazo sin presentar el recurso, situación que beneficiaba sin dudas a las defensas de los genocidas. El informe de los alumnos consigna que esta actitud estaba íntimamente relacionada con la operación que tramitaba Plee para convertirse en procurador general de la Nación. Como parte de esa maniobra, el fiscal visitó –en formato extorsiva– a la defensora general Stella Maris Martínez en 2018, para solicitarle su renuncia, avalada por entonces senador Miguel Ángel Pichetto, alias Micky Vainilla.

Plee fue otro de los visitantes asiduos de Macri que el gobierno cambiemita intentó ocultar. La asociación civil Poder Ciudadano solicitó en 2018 el listado de todas las visitas realizadas a la Casa Rosada y a la quinta de Olivos. El gobierno macrista se las negó, pero la asociación interpuso una medida judicial y la gestión tuvo que entregar dichos listados omitiendo cuidadosamente toda mención a las visitas de los magistrados cambiemitas Borinsky y Plee. Una investigación periodística de El Destape logró, sin embargo, hacer públicos esos encuentros.

La sanción simbólica promovida por los alumnos contra los tres profesores pone en evidencia la anemia moral de quienes dicen luchar contra la corrupción, barriendo en forma permanente su suciedad debajo de una alfombra que, cada vez, se exhibe como más hedionda e indecente.

Domingo, 26 de marzo de 2023