Bs. As. (18-4-23): La Comisión de Juicio Político citó para este martes al exdirector de la OSPJN Aldo Tonon, cercano a Maqueda y apuntado por las desprolijidades. La nueva causa que se abrió en la Justicia por lo que señaló Lorenzetti en una serie de votos en disidencia. Las notas cruzadas entre los supremos y el rol del secretario de administración, Héctor Marchi. Mientras recrudece la interna en la Corte Suprema de Justicia por los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), la Comisión de Juicio Político citó a los primeros testigos para abordar la administración irregular de esa prestación médica. Entre los convocados para este martes en el proceso que se les sigue a los cuatro ministros supremos en el Congreso se destaca el ex director de la OSPJN, Aldo Tonon, un hombre cercano al cortesano Juan Carlos Maqueda y apuntado por las desprolijidades.

Por Franco Mizrahi
Las irregularidades en la obra social se investigan también en los tribunales federales de Comodoro Py, donde el pasado 11 de abril se le dio impulso penal a un nuevo expediente que se desprendió del caso central de la OSPJN. ¿El motivo? Una serie de votos en disidencia del supremo Ricardo Lorenzetti donde expuso posibles nuevos delitos en la gestión de la prestación médica. Su posicionamiento dejó expuestos a sus colegas, que pueden quedar comprometidos en una investigación penal.

En este marco, este último jueves los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Maqueda firmaron una resolución con la que salieron al cruce de Lorenzetti por una nota del 4 de abril pasado en la que había afirmado que el directorio de la OSPJN no explicó ni subsanó las irregularidades detectadas por una auditoría hecha a pedido del Alto Tribunal. No fue lo único que suscribieron. En la misma jornada, aceptaron la excusación de Lorenzetti en el pleito que mantiene el poderoso secretario de administración de la Corte, Héctor Daniel Marchi, con Elisa Carrió. El caso, que es un juicio por daños y prejuicios que inició el secretario contra la cofundadora de Cambiemos, está en la Corte. Y Marchi pidió la recusación de todos los involucrados. Como publicó Página 12, Marchi advirtió que si el resto de los supremos no se aparta recurrirá a los organismos internacionales de derechos humanos. Este jueves, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda dejaron entrever que no harán lugar a su planteo.

Un dato no debe pasar desapercibido: Marchi es uno de los testigos que la comisión de Juicio Político llamará a declarar por los desmanejos en la obra social del Poder Judicial. A diferencia de Tonon, aún no hay una fecha fijada para su testimonial. Pero podría ser llamado para la semana próxima

“El tema Obra Social está provocando una fractura en la Corte”, consideró el diputado Rodolfo Tailhade en diálogo con El Destape Radio este jueves. “Todos se quieren despegar de Maqueda”, señaló el legislador nacional del FdT, que integra la comisión de Juicio Político. “El manejo administrativo, contable y económico de la Obra Social fue escandaloso, fraudulento. Si bien la supervisión estaba a cargo de Maqueda, ninguno de los otros tres se pueden hacer los tontos. Es un órgano colegiado”, añadió. “Por supuesto, el más complicado va a ser Maqueda porque Aldo Tonon, que está citado para este martes, fue el administrador de la obra social durante los últimos 20 años y era el médico personal de Maqueda. Y una chica que firmaba los cheques, Burgos, era la sobrina de Maqueda”, afirmó el diputado.

La última referencia es a María Guadalupe Burgos, que según publicó Página 12 en mayo del año pasado, es sobrina de la esposa de Maqueda y en la causa donde se investigan las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial admitió que a lo largo de 17 años firmó cheques por los pagos de la prestación médica, que son alrededor de 1.000 millones de pesos mensuales, sin tener designación ni ser contadora. También dejó en claro que había muy poco control en torno a esos manejos.

La comisión citó a ex director clave
En la Corte se encendieron las alertas porque en el marco del proceso que se les sigue a los 4 ministros supremos, la comisión de Juicio Político, que preside la diputada Carolina Gaillard, comenzará a abordar a partir de este martes los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial.

Uno de los testimonios más esperados es el del ex director de la Obra Social, Aldo Tonon, a quien el 30 de marzo pasado la Corte le aceptó la renuncia, pero condicionada al resultado de las actuaciones administrativas y judiciales en trámite. En el mismo acto se le recordó que tiene 30 días hábiles para presentar su declaración jurada patrimonial. Tonon es protagonista de la causa “central” sobre irregularidades en la OSPJN. Se trata de la causa Nº 7686/2021 cuya carátula lleva su nombre. Se lo acusa de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

El resto de los convocados por la comisión fueron:

La contadora Melisa Solana, quien había sido designada en la OSPJN y renunció de forma abrupta.

La médica legista y perito de la Corte, María Cristina Interlandi.
Laura Coulin (Trabajadora Judicial afiliada OSPJN).

Liliana de Brito (Trabajadora Judicial afiliada OSPJN).

Oscar Fernández, quien fue parte de una auditoria ordenada por la Corte. Su citación se sumó este viernes porque el contador Gustavo Montanini (Docente UBA) informó que no podrá concurrir el martes por estar de viaje.

En la agenda de la comisión también figura el secretario de administración Héctor Marchi, quien mantiene un enfrentamiento a cielo abierto con la tríada Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. Aún no se fijó fecha para su testimonial, pero en diálogo con La Formula en El Destape Radio, Tailhade afirmó que será citado a declarar en breve: “En algún momento va a venir a declarar Héctor Daniel Marchi, que maneja los recursos de la Corte". "Es una persona que vino con Lorenzetti, bajo cuyas presidencias adquirió un poder enorme, y cuando a Lorenzetti le hacen el golpe de palacio, llamativamente, Marchi queda a cargo del mando económico de la Corte. Evidentemente no había una relación armónica y eso explotó ahora”, explicó el diputado.

Marchi tiene un juicio con Elisa Carrió que llegó al Alto Tribunal. Y en ese marco, pidió la excusación de todos los cortesanos. Como explicó Tailhade en El Destape Radio, el secretario considera que, salvo Lorenzetti, el resto de los cortesanos está siendo defendido por Carrió en el juicio político. Sostiene que no tienen garantía de imparcialidad. “La Corte sabe que va a venir a declarar" dijo Tailhade, quien cree que complicará a los supremos, "sobre todo, a Maqueda”, aseguró. “Están tratando de condicionarlo a Marchi desde la Corte para que cuando venga esté más tranquilo. Por eso hay una guerra larvada”. La mayoría que actúa en bloque en la Corte, por ejemplo, analiza recortarle funciones al secretario de administración.

El último jueves, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda aceptaron la excusación de Lorenzetti en el caso “Marchi contra Carrió” y en los argumentos que esgrimieron dejaron entrever que no harán lugar al pedido de Marchi de que ellos mismos también dejen la causa. La tríada aceptó el desplazamiento de Lorenzetti pero por la recusación que le hizo Carrió. Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda rechazaron apartarlo por los motivos que esgrimió Marchi, que el 30 de marzo pasado había pedido el apartamiento de todos los miembros de esta Corte. Este jueves, la tríada dijo que el hecho de que un supremo esté involucrado en un juicio político no es causal de excusación “ni se advierte que pueda generar motivos graves de decoro o delicadeza”.

Nueva causa por la obra social
En la causa “central” de la obra social que tiene a Tonon como protagonista se extrajeron testimonios y el martes el fiscal federal Ramiro González le dio impulso a una nueva causa. El disparador fue el voto en disidencia de Lorenzetti en una serie de resoluciones y acordadas de la Corte.

En la causa “central” de los desmanejos de la Obra Social, que tramita ante el juzgado federal Nº 4 a cargo de Ariel Lijo, se investigan dos hipótesis delictivas:

Las irregularidades en la contratación por parte de la OSPJN de la prestadora “Empresa Emergencia Médica Integral S.A. (EMI) por la suma de $100.000.000 anuales desde 2008 y por 10 años, sin haber cumplido sus obligaciones a cargo de la emergencia médica en todo el país. Según la denuncia “distintas provincias no habrían sido alcanzadas por dicha prestación”.

Las irregularidades en la contratación por parte de la OSPJN de la prestadora “Fandamant S.A.”, domiciliada en Córdoba, cuya prestación consistía en el control de recetas de distintas farmacias del país y no contaba con la infraestructura necesaria. De acuerdo la denuncia sería una empresa “fantasma” en tanto “que aquella tarea de contralor de recetas sería llevada adelante por los propios empleados de la Obra Social”.

El fiscal del caso "central", Guillermo Marijuan, sostuvo que “de las expresiones plasmadas por el Señor Ministro Ricardo Luis Lorenzetti, en sus votos en disidencia en la Acordada Nro. 28/2022, en la Resolución Nro. 2.664/2022 y en la Resolución Nro. 2665/2022, se desprendían conductas que podrían resultar plausibles de investigación y/o aportar elementos de prueba al sumario en trámite”. Lo que derivó en la apertura de una nueva causa que fue a sorteo y recayó en el juzgado federal Nº 12 que, casualmente, subroga Lijo, magistrado de buena relación con Lorenzetti. El fiscal en este expediente es Ramiro González, quien le dio impulso penal a la denuncia.

Los votos en disidencia de Lorenzetti que derivaron en este nuevo expediente fueron los siguientes:

El 2 de noviembre del año pasado, en la Acordada 28/2022, la mayoría compuesta por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda votó el cambio del estatuto de la obra social del Poder Judicial, así como el organigrama y cargos de dirección. Lorenzetti votó en disidencia. Se opuso al cambio de estatuto porque afectaba normas del derecho sustantivo. También señaló que el Directorio había incumplido normas reguladoras de su gestión; que el estado contable de 2020, presentado por el Directorio, había sido firmado por un contador del que se desconocía cómo fue designado; y que el Directorio no había cumplido con el informe requerido por la Corte, con la licitación del software de gestión ni con el balance del 2021.

El mismo 2 de noviembre, en la Resolución 2664/2022, se aprobó una serie de contrataciones de personal y Lorenzetti no acompañó a la mayoría. Señaló que se avaló la designación de personas propuestas por quienes han incumplido diversas normas jurídicas según se desprende de la auditoría de la OSPJN. “Se habilita a un grupo de personas vinculadas entre sí por relaciones anteriores a su designación, sin que se haya cumplido con la elaboración de un sistema de controles contables y administrativos, como lo señala la auditoría", había cuestionado Lorenzetti.

En la misma fecha se firmó la Resolución 2665/2022 por la que se renovó el contrato de Mariano Althabe y Cora Borensztejn para continuar en el directorio de la OSPJN. En su disidencia, Lorenzetti expuso que Althabe “ha incurrido en incumplimientos serios desde el punto de vista legal” porque firmó una resolución en la transfirió montos millonarios a la Secretaría de Administración de la Corte sin contar con la facultad para hacerlo en nombre de la OSPJN porque su contrato estaba vencido.
Con estas disidencias, Lorenzetti expuso a sus colegas que pueden quedar comprometidos en sede judicial. El fiscal González ya pidió las primeras medidas de prueba del caso, como solicitar la auditoría sobre la OSPJN.

Rosenkrantz, Rosatti y Maqueda versus Lorenzetti
Dos días después de iniciada la nueva causa judicial, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda salieron al cruce de Lorenzetti por una nota que había hecho pública el 4 de abril pasado en la que afirmó que Obra Social del Poder Judicial no explicó ni subsanó las irregularidades detectadas por la auditoría sobre el período en el cual era supervisada por Maqueda. El escrito de Lorenzetti, que estaba dirigido a la conducción de la prestación médica, exponía el nulo accionar de sus colegas ante el informe que había llegado desde la OSPJN al Alto Tribunal.

Este jueves, como publicó El Destape, a través de la resolución 702/2023, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda intervinieron sobre la nota del rafaelino y le dijeron que su escrito no tiene fuerza de resolución porque se necesita una “mayoría de tres de sus miembros" para que tenga esa validez: “Se descarta de plano que el ministro Lorenzetti haya adoptado algún tipo de resolución o acto dispositivo por sí y ante sí, pues en tal hipótesis se trataría de una decisión manifiestamente nula por carecer quien la suscribe de competencia”, resaltaron.

Tras cuestionar a su colega y defender en algunos pasajes al directorio de la OSPJN, la tríada resolvió canalizar los cuestionamientos realizados por el jurista rafaelino y remitió la nota de la polémica a la Obra Social del Poder Judicial “para que manifieste lo que estime corresponder respecto a las observaciones realizadas”. De alguna forma, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda buscaron bajarle el tono al escrito. No podían hacer mucho más si pretendían evitar un escándalo mayor. Es que es tal el caos que envuelve a la Obra Social que si se quedaban de brazos cruzados iban a estar más expuestos.

La nota de Lorenzetti
Como publicó Ari Lijalad en este medio, la nueva escalda del conflicto interno puede ubicarse el 7 de octubre de 2021, justo después de que Maqueda renunciara a continuar como supervisor de la obra social. En aquella jornada la Corte ordenó una auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión sobre la OSPJN. Esa auditoría arrojó “disfuncionalidades de diverso orden” y la Corte resolvió publicarla y pedirle un informe y una serie de medidas al directorio de la prestación médica para los judiciales.

La solicitud se hizo el 24 de agosto de 2022, es decir, durante gestión presidencial de Rosatti. A través de la Resolución 2095/2022, la Corte le ordenó al directorio de la OSPJN, entre otras cosas, que hiciera un presupuesto anual, estados contables profesionales, que tuvieran un software de gestión, medidas de transparencia, procedimientos de actuación interna, un organigrama y un reglamento de contrataciones. El pedido fue firmado por los 4 cortesanos.

El directorio respondió a ese petitorio el 13 de febrero pasado. Entre otras cosas, informó que la Obra Social del Poder Judicial nunca elaboró un presupuesto en su historia institucional; que recién en 2022 se avanzó en la elaboración de un Sistema Presupuestario; que la OSPJN nunca había certificado sus balances ante los organismos pertinentes; y que todos esos balances habían sido confeccionados por contadores con contrato de locación, entre otras cuestiones. También comunicaron que se dispusieron incrementos arancelarios a prestadores que se encontraban desactualizados; transferencias de remanentes al Fondo Anticíclico; y que se redujo la litigiosidad, por citar otros ejemplos.

Ante esa respuesta, Lorenzetti decidió publicar una nota en el Centro de Información Judicial (CIJ) en la que sostuvo que los directivos de la Obra Social “dicen contestar la resolución 2095/2022” con “un informe (que) es irregular en muchos sentidos”.

Por un lado, Lorenzetti señaló que los incumplimientos mencionados por el Directorio respecto de la gestión previa de Aldo Tonón nunca fueron notificados a la Corte. Recordó, por ejemplo, el correo de Maqueda en el que deja la supervisión de la OSPJN mencionando sus logros. En ese sentido, había manifestado: “Tampoco ello es reflejado en la nota que enviara el Dr Maqueda el 31 de agosto de 2021, mediante la cual dejó de actuar en la supervisión de la Obra Social. Por el contrario, (Maqueda) señala que ‘estábamos con una Obra Social insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones reducidas’... y señala varios logros importantes: las finanzas están saneadas, y se han incorporado prestadores, se eliminaron prácticas corruptas, etc.” cuando la supervisó.

Respecto de la gestión de Althabe, Lorenzetti criticó la falta de presupuesto del año 2022 y 2023, la falta de balances de los años 2021 y 2022, la falta de licitación de software de gestión y la asignación a la contadora Melisa Solanas de la elaboración un sistema de contabilidad, quien luego renunció de manera abrupta. En su escrito había dicho lo siguiente: “En la auditoría, se relevan incumplimientos durante la gestión del Dr Althabe, que no han sido respondidos (…) Así mismo, no explica porqué sigue con los mismos incumplimientos que se denunciaron en la auditoría”.

También criticó que la contestación del directorio de la Obra Social fuera extemporánea, cuestión que ya había mencionado en su voto en disidencia en la Acordada 28/2022 que modificó el Estatuto de la OSPJN. Finalmente, Lorenzetti resaltó que el actual directorio de la OSPJN se compone por cinco personas y que dos integrantes no asumieron.

Por todo ello, consideró incumplido el informe que había pedido la Corte. Nueve días más tarde, sus tres colegas decidieron responderle.

En este contexto, el próximo martes la Comisión de Juicio Político comenzará a abordar los desmanejos en la Obra Social.

Martes, 18 de abril de 2023