Jujuy (21-7-23): Se profundiza el Estado de Excepción en la provincia de Gerardo Morales. Los efectivos de seguridad siguen aumentando las detenciones. En este caso ingresaron al domicilio mientras se hacía una reunión virtual de una investigación nacional sobre humedales. Acusaron a su compañero por “haber estado reunido con otras personas en la vía pública” el 20 de junio

Por: Gustavo Sarmiento
«Primero se llevaron a los judíos,
pero como yo no era judío, no me importó.
Después se llevaron a los comunistas,
pero como yo no era comunista, tampoco me importó.
Luego se llevaron a los obreros,
pero como yo no era obrero, tampoco me importó.
Mas tarde se llevaron a los intelectuales,
pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.
Después siguieron con los curas,
pero como yo no era cura, tampoco me importó.
Ahora vienen por mi, pero es demasiado tarde.»

Con esas palabras del clásico poema de Bertolt Brecht sobre el nazismo cerró su texto dirigido a «compatriotas, colegas, compañeres, amigues», la doctora Patricia Kandus, donde narra otro suceso estremecedor del Estado de Excepción que se vive en Jujuy, que en los últimos días estuvo especialmente apuntado al sector universitario.

La docente, bióloga y ecóloga de la UNSAM (investigadora del Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental con posdoctorados en Canadá y EE UU) relata que este jueves, 20 de julio, por la mañana, estaban reunidos para trabajar de manera virtual con colegas de Tierra del Fuego, Jujuy, Mendoza y Buenos Aires en el marco del proyecto “Observatorio Federal de Sostenibilidad Socioambiental de Humedales”, una iniciativa institucional que se enmarca en un plan del Ministerio de Ciencia de la Nación de estudiar temas estratégicos.

En este caso, de hecho, el proyecto tiene el apoyo financiero y logístico de la cartera científica, que lo aprobó en septiembre del año pasado tras la presentación de representantes de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS) de la UNSAM Rubén Quintana y Patricia Kandus, que centraron su mirada en la degradación de los humedales del país.

«Entre 1970 y 2022, se perdieron entre un 65 y un 71 % de humedales en todo el planeta. En ese lapso, América Latina y el Caribe perdieron un 51 % de sus humedales, lo que las convierte en las regiones más vulnerables», explicó Quintana en su momento, y agregó que “Vivimos en un país en el que dos tercios de su superficie están cubiertos por tierras secas. En sinergia con el cambio climático, la pérdida de humedales puede disparar un alerta». Jujuy, específicamente, afronta una problemática entre la extracción minera y el cuidado de los humedales.

La potestad de hacer uso discrecional de las tierras para destinarlas a actividades extractivas, sobre todo el litio, es uno de los puntos principales de la Reforma Constitucional Exprés que aprobó la Legislatura jujeña y que desencadenó gran cantidad de cortes de ruta que hasta hoy se mantienen.

Pero no pudieron terminar el encuentro. «La reunión de trabajo fue interrumpida debido a que en la casa de une colega de Jujuy se presentó la policía (4 individuos uniformados) preguntando si se encontraba su compañere y entregando una notificación para presentarse de manera inmediata en el juzgado», describe Kandus.


Se lo acusaba por “haber estado reunido con otras personas en la vía pública” el 20 de junio, día de la aprobación de la reforma, y posterior represión. Desde ese día se sucedieron distintos episodios de persecución, medio centenar de detenciones injustificadas, camionetas sin identificación «levantando» gente.

«No pudimos seguir trabajando –acota la investigadora–. Después de 40 años del regreso de la democracia en nuestro país no podemos naturalizar la vuelta a la represión, no podemos mirar a otro lado cuando se está aceptando que en una de nuestras provincias el autoritarismo y la violencia se instalen como modo de gobierno, poniendo en juego la integridad y la vida misma de las personas, privilegiando intereses
sectoriales».

Y concluye: «Pasé mi infancia bajo la dictadura del General Onganía, y mi adolescencia bajo la dictadura cívico-militar de la década del 70. Pensé que nunca más iba a vivir en nuestro país semejante sensación de vulnerabilidad frente a fuerzas del Estado».
https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/muller-camila-docente-tortura-jujuy/

«Una dictadura de las minorías»
La posición oficial de Gerardo Morales está lejos de promover el diálogo y el consenso. Este jueves, el gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio con Horacio Rodríguez Larreta, el mismo día que presentaron un «plan revolucionario de seguridad» si llegan a la presidencia, difundió una «Carta Abierta por la Argentina de la Paz y la Verdad» donde acusó al kirchnerismo de liderar «una dictadura de las minorías».

«No buscan Justicia, no buscan igualdad, no buscan ampliar derechos, sólo quieren mantener sus privilegios, condicionar a la democracia y conseguir en la calle lo que no consiguen en las urnas», aseguró

Y apuntó a «sectores violentos organizados a través de distintos grupos que, disfrazados de organizaciones intermedias de la sociedad, son financiadas con recursos públicos y tienen como finalidad la presión sobre el sistema para obtener cada vez más fondos sin cumplir ningún estándar de transparencia ni rendición de cuentas».

Contra el sector universitario
Llama la atención que en los últimos días el ataque de fuerzas policiales se haya centrado en el sector universitario, algo que vienen denunciando (tímidamente, por ahora) autoridades nacionales educativas.

El 10 de julio, Morales amenazó por TV con expropiar la sede de la UBA en Tilcara porque «son los que incentivan los cortes», aunque de fondo lo que quiere es que le entreguen el manejo del sitio arqueológico Pucará de Tilcara, un lugar estratégico para el turismo y los recursos naturales que desde hace años depende de la Facultad de Filosofía y Letras. Este jueves se sumó el ingreso al domicilio de un investigador.

Dos días después, la policía provincial violentó la autonomía universitaria de la Universidad Nacional de Jujuy. «Estábamos en la reunión del Consejo Superior cuando vimos a la policía, en un lugar donde estábamos discutiendo justamente aspectos vinculados a estas prácticas policiales», cuenta a Tiempo Daniel Roisinblit, secretario del gremio docente Adiunju. «Estaban sin identificación», añade.

Ante su insistencia, uno de ellos le dijo que habían recibido órdenes de la Brigada para apersonarse. «Querían saber si íbamos a cortar una calle. Fue una acción intimidatoria». En la sesión se encontraba presente Iván Blancutt, detenido al día siguiente. Ante el repudio generalizado, el gobernador salió luego en sus redes a despegarse del hecho y a indicar que los responsables serían investigados. Nadie dijo aún qué autoridad les dio la orden de ingresar.

Como contó en su informe especial Tiempo el domingo pasado, el cuadro de violencia institucional se completa con la persecución que sufren abogadas y abogados penalistas. El jueves de la semana pasada, Alberto Nallar fue detenido en la vía pública, en Perico. Estuvo desaparecido por varias horas hasta que las autoridades informaron que se encontraba en el penal de Alto Comedero. Se le imputó, entre otros, el delito de sedición.

De forma simultánea, trascendieron órdenes de detención para los abogados Alicia Chalabe, Ariel Ruarte, René Vicente Casas y Roberto Alemán. Todos habían ejercido la defensa de personas que denunciaron haber sido criminalizadas por protestar.

Ese mismo día, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un habeas corpus preventivo y se obtuvo la domiciliaria para Nallar. Amnistía Internacional lanzó una campaña global para su liberación y desde organismos como el CELS pidieron a la CIDH la «protección para personas defensoras de Derechos Humanos de Jujuy». Hasta el Colegio de Abogados de la provincia, presidido por Ramiro Tizón –aliado del gobernador– emitió un breve comunicado en repudio por lo que está sucediendo con sus colegas.

Abogados defensores de Jujuy, que pidieron resguardar su identidad por las represalias, contaron que es frecuente la incomunicación de los detenidos, la falta de información de sus paraderos por largas horas, traslados intempestivos en vehículos sin patentes, completo hermetismo acerca de los expedientes, incluso del número de la causa, con la anuencia plena de los fiscales. Se suman requisas ilegales cuando van a ver a sus defendidos: en la última ola de detenciones, el servicio penitenciario pretendió que algunas abogadas se desnuden por completo para ingresar.

Silvana Llanes, abogada penalista en Jujuy, denuncia: «No existe seguridad jurídica ni imparcialidad en los jueces para resolver». Y acota: «Aquí no se cumplió con ningún protocolo antidisturbios, la mayoría de los heridos tienen impactos en la cara, en los brazos para cubrirse. Y después no querían ir al hospital porque en lugar de curarlos los denunciaban».

Contra el sector universitario
Llama la atención que en los últimos días el ataque de fuerzas policiales se haya centrado en el sector universitario, algo que vienen denunciando (tímidamente, por ahora) autoridades nacionales educativas.

El 10 de julio, Morales amenazó por TV con expropiar la sede de la UBA en Tilcara porque «son los que incentivan los cortes», aunque de fondo lo que quiere es que le entreguen el manejo del sitio arqueológico Pucará de Tilcara, un lugar estratégico para el turismo y los recursos naturales que desde hace años depende de la Facultad de Filosofía y Letras. Este jueves se sumó el ingreso al domicilio de un investigador.

Dos días después, la policía provincial violentó la autonomía universitaria de la Universidad Nacional de Jujuy. «Estábamos en la reunión del Consejo Superior cuando vimos a la policía, en un lugar donde estábamos discutiendo justamente aspectos vinculados a estas prácticas policiales», cuenta a Tiempo Daniel Roisinblit, secretario del gremio docente Adiunju. «Estaban sin identificación», añade.

Ante su insistencia, uno de ellos le dijo que habían recibido órdenes de la Brigada para apersonarse. «Querían saber si íbamos a cortar una calle. Fue una acción intimidatoria». En la sesión se encontraba presente Iván Blancutt, detenido al día siguiente. Ante el repudio generalizado, el gobernador salió luego en sus redes a despegarse del hecho y a indicar que los responsables serían investigados. Nadie dijo aún qué autoridad les dio la orden de ingresar.

Como contó en su informe especial Tiempo el domingo pasado, el cuadro de violencia institucional se completa con la persecución que sufren abogadas y abogados penalistas. El jueves de la semana pasada, Alberto Nallar fue detenido en la vía pública, en Perico. Estuvo desaparecido por varias horas hasta que las autoridades informaron que se encontraba en el penal de Alto Comedero. Se le imputó, entre otros, el delito de sedición.

De forma simultánea, trascendieron órdenes de detención para los abogados Alicia Chalabe, Ariel Ruarte, René Vicente Casas y Roberto Alemán. Todos habían ejercido la defensa de personas que denunciaron haber sido criminalizadas por protestar.

Ese mismo día, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un habeas corpus preventivo y se obtuvo la domiciliaria para Nallar. Amnistía Internacional lanzó una campaña global para su liberación y desde organismos como el CELS pidieron a la CIDH la «protección para personas defensoras de Derechos Humanos de Jujuy». Hasta el Colegio de Abogados de la provincia, presidido por Ramiro Tizón –aliado del gobernador– emitió un breve comunicado en repudio por lo que está sucediendo con sus colegas.

Abogados defensores de Jujuy, que pidieron resguardar su identidad por las represalias, contaron que es frecuente la incomunicación de los detenidos, la falta de información de sus paraderos por largas horas, traslados intempestivos en vehículos sin patentes, completo hermetismo acerca de los expedientes, incluso del número de la causa, con la anuencia plena de los fiscales. Se suman requisas ilegales cuando van a ver a sus defendidos: en la última ola de detenciones, el servicio penitenciario pretendió que algunas abogadas se desnuden por completo para ingresar.

Silvana Llanes, abogada penalista en Jujuy, denuncia: «No existe seguridad jurídica ni imparcialidad en los jueces para resolver». Y acota: «Aquí no se cumplió con ningún protocolo antidisturbios, la mayoría de los heridos tienen impactos en la cara, en los brazos para cubrirse. Y después no querían ir al hospital porque en lugar de curarlos los denunciaban».

Viernes, 21 de julio de 2023