Jujuy (15-8-23): Tras perder en la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional, el gobernador ordenó que la infantería jujeña rodeara a los integrantes de pueblos indígenas que sostienen un piquete en protesta contra la reforma constitucional. Los policías llegaron sin orden de allanamiento y "rompieron todo", denunciaron las comunidades.

Por Juan Ignacio Provéndola

Una patota policial se hizo presente en el cruce de las rutas nacionales 9 y 52, y sin ninguna orden de allanamiento "rompieron todo", denunciaron las comunidades.

De todos los derrotados del domingo, el que menos tardó en dejar brotar su fastidio fue Gerardo Morales: el mismo lunes por la mañana ordenó a la policía de Jujuy abroquelarse en las rutas de la provincia que gobierna para impedir que las distintas comunidades indígenas volvieran a cortarlas, tal como estas sugirieron que podrían hacerlo tras levantar las barricadas el jueves previo a las PASO.

Hasta entonces, el gobernador jujeño prefería esperar a que lo hiciera el Ministerio de Seguridad de la Nación por medio de sus propias fuerzas represivas, señalando que los cortes suponen un delito federal y por ende la responsabilidad le compete al Gobierno nacional. Sin embargo, el domingo a última hora cambió bruscamente de parecer y dio la indicación a su propia Infantería de hacerse presente en las inmediaciones del acceso a Purmamarca, donde desde el 17 de junio está la confluencia más importante de pueblos indígenas protestando contra la reforma constitucional por la que no fueron consultados, a pesar de que distintas leyes nacionales exigen su opinión en circunstancias donde se discuta el uso de las tierras que ellos ocupan.

Así las cosas, doscientos efectivos se desplegaron a las 7 de la mañana en la intersección de las rutas 9 y 52, sobre la rotonda de ingreso al pueblo turístico que ya no es solo conocido por el Cerro de los Siete Colores, sino ahora también por una resistencia indígena que se extendió a otros puntos carreteros de Jujuy y, más cerca en el tiempo, a una procesión a pie hasta la ciudad de Buenos Aires, donde todavía permanecen acampando en Plaza Lavalle, frente a al Tribunales, a la espera de ser atendidos por los miembros de la Corte Suprema.

Según distintas versiones, la policía intimidó a los indígenas que estaban en la banquina, zona hacia la que se corrieron desde el jueves para permitir el tránsito vehicular de cara a las elecciones primarias. Fueron pateados distintos objetos, entre ellos comida, una acción que recuerda a la represión del 17 de junio, cuando los efectivos también se ensañaron con los alimentos que habían recibido las comunidades y también con su vajilla.

Luego las fuerzas se extendieron hasta otras zonas de la ruta 9 como el paraje San Roque, en el departamento de Humahuaca, y Tilcara, coordenadas de los otros cortes fuertes de la Quebrada. Lo más alarmante de todo son los videos en los que se vuelve a observar la presencia de camionetas sin el logo identificatorio de la fuerza de seguridad a la que pertenece ni su patente, accionar por fuera de la ley a la que la policía de Morales ya había echado mano a fines de junio pasado, aunque en ese momento solo en los barrios de San Salvador.

Fue, en efecto, la primera medida de Gerardo Morales después de la dura derrota que él y Juntos por el Cambio padecieron en lo que parecía ser el terreno sagrado del Moralismo, la plataforma de expansión hacia su proyecto presidencialista: en mayo, su delfín Carlos Sadir le aseguraba continuidad al régimen con casi el 50 por ciento de los votos en las elecciones provinciales, desagregadas de las nacionales por motivos que hoy se entienden mejor. Tres meses después, el capital electoral se redujo a la mitad.

En aquel entonces, Morales había sido electo también como convencional constituyente y creyó que era el momento indicado para dar el salto que le pedían sus ambiciones. La rosca finalmente le permitió ubicarse como vice del precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, una presentación con honores que lo convenció de tomarse el ascenso en serio. Pero, en simultáneo, su provincia era un caldero con paros docentes y movilizaciones varias por reclamos salariales, más los cortes de rutas de las comunidades indígenas que le reprochaban la desprolijidad con la que lideró la reforma constitucional. La respuesta del gobernador fue hostil, ordenando cruentas represiones mientras acusaba a los disidentes de ser manifestantes a sueldo (el “turismo piquetero” que esgrimió su mano derecha Alejandro Nieva) y de representar a un porcentaje marginal de la población jujeña. La tensión fue tal que ni siquiera pudo hacer campaña en su propia provincia, tan solo una serie de pequeños actos en la localidad de Perico, a treinta kilómetros de San Salvador.

Gerardo Morales fue electo gobernador de Jujuy en diciembre de 2015 y desde ese entonces venció en todas y cada una de las elecciones provincial que lideró, ya sea como candidato central o como garante electoral. Una cosecha de votos de ocho años que dilapidó en tres meses: su fórmula con Larreta sumó no más que el 24 por ciento de los votos, exactamente la mitad de lo que la misma coalición había recolectado en mayo.

SI bien su lista fue la más votada de Juntos por el Cambio en Jujuy (triplicando a la de Patricia Bullrich), la boleta no pudo ganar en ninguno de los 16 distritos electorales en los que se divide la provincia (14 fueron para La Libertad Avanza y dos para Unión por la Patria). Y no solo eso: en la mitad de ellos terminó tercero, por debajo del acumulado de UP Patria, y en dos de ellos incluso cuarto, relegado también por el Frente de Izquierda: se trata de Cochinoca, en la Puna, y de Humahuaca, sede de varios cortes de ruta.

La pregunta central es cómo se reordenará Gerardo Morales después de esta doble derrota, ya que quedó eliminado de la elección general por la presidencia o, al mismo tiempo, debilitado en su propio terruño, donde hasta hace dos días le ponía pecho a las críticas jactándose de un apoyo en las urnas que acaba de dejar de tener.

Martes, 15 de agosto de 2023