Corrientes (10-10-23): Declaraciones polémicas de la escribana Gladis Dionisia Báez, (quien se hizo famosa por ser la notaria de la casita regalada de Ricardo Colombi) que pueden pegar un cimbronazo en las estructuras del poder político. La escribana, es una de las únicas detenidas por la mega causa Terrenos, que investiga la apropiación ilegal de parcelas ubicadas en el barrio San Blas, ubicado sobre la ruta provincial 43, camino a Santa Ana de los Guácaras.

El viernes expuso en el predio del ministerio público Fiscal por espacio de más de 4 horas, y generó todo un revuelo en los estamentos de la justicia local. Les increpó al Fiscal Gustavo Roubineau y a la jueza María Josefina González Cabañas, responsables de llevar adelante el proceso, de mostrar una postura evidentemente parcial en la causa. Báez les espetó ambos que no le dan curso a una serie de pruebas documentales y testimoniales, que según asegura, muestran con certeza una serie de delitos concatenados entre el actual Fiscal de Cámara, Gustavo Schmith, su estrecha socia, Griselda Virginia Aquino, el médico Martín Valdéz, la ex Jefa de área de la Dirección de Catastro, Mercedes Arce, el ex Director de ese organismo, Narciso Santín Tofoletti, la Directora del Registro de la Propiedad Inmueble, María Eugenia Demetrio, el Asesor de Legales de esta entidad, Pedro Antonio Verón, la prófuga Teresa Vázquez, Epifanía Sena de nacionalidad paraguaya y dueña de lotes en la zona y la agrimensora María Cristina Quity Molina, propietaria de la Casa del Plano.



Báez aseveró que todas estas personas se intercambiaban información referente a parcelas, campos y propiedades urbanas, para en algunos casos prescribirlas fraudulentamente y en otros, fraguar títulos de personas que mediante los informes obtenidos en Catastro y el RPI, se deducía que sus propietarios estaban ausentes o fallecidos.

Báez por un momento pasó de acusada a acusadora de Roubineau y González Cabaña, al decirle a los dos que desde un comienzo de la investigación y según las testimoniales y documentales, sabían que la trama arrancó con la apropiación de parte de Sena de una gran extensión de los terrenos de esa zona, que después se fueron dividiendo con los demás usurpadores.

Detalló que desde un principio se incorporó la mensura que le hiciera Molina sobre todo el inmenso espacio cuyos dueños originales eran los Ezcurra, los Gómez Sierra y los Ortíz, y que gran parte de todo lo que se tramitaba por “izquierda” se canalizaba en el comercio de esta agrimensora. Había un registro y un testimonio de que Molina entregó documentación que obraba en su poder desde bastante tiempo y que legalmente no podía tenerla en sus manos. El dato es que nunca se allanó la Casa del Plano. Noticias Taragüí recibió una carta documento de la agrimensora Molina intimándole a que no la nombren en los informes, ahora deberá decirle a la encarcelada escribana Báez que deje de hacerlo.

Báez exigió que incorporen las pruebas presentadas contra el Fiscal Schmith, no solo las relacionadas con el barrio San Blas que asegura son categóricas, sino las que guardan relación con un terreno en Paso de la Patria donde logra un fallo favorable del juez de Paz de Paso de la Patria usando tráfico de influencias. Acá hay un punto sensible, el juicio de prescripción adquisitiva que impulsó Schmith sobre lotes cercanos a la villa Turística, eran propiedad del Estado. Siendo funcionario judicial, y más aún Fiscal, debía ser custodio de los bienes públicos. En este caso no lo fue, y además lo inscribió a su nombre en Catastro y en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Este medio de prensa, tuvo acceso a toda esta documentación. Báez pidió que se le corra vista al Fiscal de Estado, Horacio Ortega de las pruebas que existen contra Schmith, para que solicite al Consejo de la Magistratura, su inmediata suspensión y desafuero, y que se le dicte su procesamiento y sea juzgado por tráfico de influencias, estafa procesal, inobservancia de los deberes de funcionario público, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

En un tramo de su declaración que está grabada en un video, increpa a la jueza y al fiscal de ocultar documentación que involucran a un actual senador de la provincia y a su yerno. La notaria está detenida desde febrero de 2022. Finalmente lanzó con contundencia que pueden tenerla 10 años presa si quieren, pero que no van a evitar que ella dé a conocer a la opinión pública de Corrientes todas las pruebas que están manipulando.

Martes, 10 de octubre de 2023