Bs. As. (9-1-24): El artículo 654 de la iniciativa que comenzó a tratarse este martes desata todo tipo de especulaciones. Forma parte de la negociación subterránea que explora el oficialismo con los aliados esquivos.

Por: Claudio Mardones

@mcmardons
Listos para acelerar el ritmo, en la Cámara de Diputados aseguran que el tratamiento en comisiones de la Ley Ómnibus puede traer sorpresas. Hasta los potenciales aliados del oficialismo creen que los tiempos previstos por el presidente Javier Milei son demasiado cortos para transformar en ley el mega proyecto antes del 31 de enero, último día del período de extraordinarias.

Este martes comenzó a ser tratado en un plenario de tres comisiones y, según los planes del oficialismo, podría llegar al recinto después del paro general que convocó la CGT para el 24 de enero. En las primeras jornadas transcurrirá la etapa informativa, protagonizada por los ministros y secretarios que asistirán a dar informes sobre el alcance del texto. Son 664 artículos, pero hay uno que abre una puerta desconocida y conecta con el DNU 70/23, que ingresó el viernes pasado por el Senado con el capítulo de reforma laboral suspendido por un inesperado fallo de la Cámara Nacional de Trabajo, que puso en crisis una parte de la estrategia del Gobierno para darle toda la vida y vigencia posible al decreto, publicado el 21 de diciembre.

El embate judicial para el capítulo laboral le dio más fuerza a los lamentos de los funcionarios oficialistas que no estaban de acuerdo con meter todo en un sólo texto. Habían advertido, tal como lo hizo el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que la magnitud del texto requería que fuera separado en distintos decretos y no condensado en uno solo. La bronca interna por el revés del fuero labora es inocultable porque el derrotero que puede tener, a pesar de las apelaciones que impulse el Gobierno, parece una pendiente declinante, casi una profecía autocumplida para quienes habían pronosticado durísimos frenos judiciales a la vigencia del decreto que busca cambiar y derogar drásticamente distintas regulaciones de la microeconomía. En la medida que se multipliquen los reveses judiciales crecerán las inquinas internas y los señalamientos del fuego amigo.

El trámite que tendrá el DNU en el Congreso se está haciendo esperar. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo todavia no se constituyó y la indefinición podría extenderse para concretar el silencio legislativo que le dan vida a los decretos de necesidad y urgencia. Para que el DNU caiga debe ser rechazado por las dos cámaras del Congreso y todavía no se constituye la bicameral que debería dictaminar a favor, en contra, o sumergirse en el hiato que convalida los decretos cuando la bicameral no los trata.

Luego de la firma del DNU, Milei envió al Congreso el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Contiene 664 artículos donde el oficialismo busca concretar el resto del shock, con un pedido de delegación de facultades del Congreso de dos años, renovable por otros dos, la privatización de todas las empresas públicas, la suspensión de la fórmula de actualización jubilatoria y, entre otros temas, un paquete penal que incluye la restricción de derechos individuales y de la protesta social. Entre todos los artículos, separados en diez títulos ordenadores, hay uno que no incluye reformas, sino que establece la ratificación del DNU 70/23.

En el último título, decidido a las disposiciones finales, aparece el artículo 654, que sólo dice: «Ratificase el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23». No es un error de técnica legislativa, como pensaron los opositores que transitan esta etapa empeñados en subestimar al oficialismo. Se trata de un vericueto para que todos los temas del DNU puedan ser abordados por separado en el debate legislativo y que puedan ser incorporados al dictamen que planea el oficialismo.

«Se podrían modificar los temas del DNU a través del debate del proyecto y que salgan con fuerza de ley. Es un tema que ha mencionado hasta el propio (procurador del Tesoro Rodolfo) Barra en las negociaciones que hemos mantenido», confió a Tiempo el integrante de uno de los bloques que ha mantenido conversaciones con el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

«Si salen con fuerza de ley, producto del debate legislativo, el debate sobre el DNU quedaría abstracto e incluso el Ejecutivo podría retirarlo», agregó otra fuente que está al tanto de los diálogos que han mantenido los miembros del flamante bloque Hacemos Córdoba Federal, liderado por Miguel Pichetto, donde combinan exmacristas, la Coalición Cívica, el cordobesismo, el socialismo y el exministro Ricardo López Murphy.

En las exploraciones del oficialismo dentro del Congreso han pasado interlocutores de todo pelaje político y, ante las consultas de Tiempo, confirmaron que el tema está sobre la mesa y tiene a Barra como su mayor garante. El exministro de Justicia de Carlos Menem, exmiembro de la Corte Suprema y actual jefe de los abogados del Estado, habría sido el autor de ese vericueto que les permitiría salvar los capítulos del DNU que zafaron de los embates judiciales, como el fallo laboral que anuló toda la parte vinculada a la legislación del trabajo.

La sola mención de esa alternativa desata las peores respuestas dentro del panperonsimo, pero el tema está en el radar y podría ser parte de las controversias que se avecinan. En el medio hay un indicio que alimenta la posibilidad de semejante escenario. El DNU 70/23 fue presentado el viernes al Senado y todavía no se constituyó la Bicameral que debería analizarlo en 10 días para dictaminar. Si no hay movimientos en ese cuerpo, el DNU seguirá vigente y en el oficialismo no descartan que los tiempos de la Bicameral se sigan estirando. «A la Comisión la van a dormir y van a esperar hasta marzo», aseguró un legislador que escuchó algunos detalles de la estrategia del gobierno en una de las conversaciones a las que fue invitado.

En ese juego, el artículo 654 late como una posibilidad que podría activarse en el transcurso del plenario de comisiones. La mesa está servida y el debate ya comenzó, pero resta saber cuándo blanqueará el Gobierno sus intenciones con esa ventana que, hasta ahora, ha pasado inadvertida o subestimada.

Martes, 9 de enero de 2024