Bs. As. (2-2-24): El texto de la ley en general todavía no logra consenso y hubo un nuevo impasse en el recinto. El clima de la calle volvió a impactar en el palacio. Avances en el capítulo de privatizaciones, pero serios tironeos por el impuesto PAIS y el rol del Congreso para el endeudamiento externo.

Por: Claudio Mardones

@mcmardons
Los planes del presidente Javier Milei con el tratamiento de la ley ómnibus volvieron a trastocarse en la noche del jueves al viernes en la Cámara de Diputados. A pesar de los avances, el disparador fueron las diferencias que siguen irresueltas entre el Gobierno, los gobernadores y los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal, los tres conglomerados que, a diferencia del PRO, llevan adelante un complejo intercambio que definirá el comportamiento que tendrán cuando llegue el momento de votar cada uno de los 386 artículos del texto.

Este jueves la negociación incluyó la presencia de cuatro integrantes del Gabinete y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, los gestos y las concesiones no alcanzaron, porque cuando pasaron 37 minutos de la medianoche de este jueves el diputado Oscar Zago, presidente del bloque oficialista, propuso pasar a un cuarto intermedio de 10 horas.

Fue aprobado inmediatamente, aunque una parte de quienes levantaron la mano se habían empeñado cinco horas antes en obstaculizar otro intento de suspensión, impulsado por Unión por la Patria, cuando recrudeció la represión policial contra la movilización que se había concentrado durante la tarde frente al Congreso para rechazar la sanción del proyecto.

Así fue el cierre del segundo round para un debate maratónico que, con esta nueva postergación, podría extenderse hasta el sábado o la semana que viene. Si se siguen estirando los plazos, seguirán surgiendo nuevos frentes de intercambio para un Gobierno necesitado de obtener la media sanción con rapidez, pero sin interés alguno por afrontar tantos costos políticos y más ventanas negociadoras a la vez. El hiato abrupto del recinto para pasar al viernes no reflejó los avances que se tejieron durante toda la jornada.

Este jueves volvieron a los despachos de la Cámara baja los negociadores del Ejecutivo con la intervención escalonada del titular del Banco Central Santiago Bausili, el secretario de Finanzas Pablo Quirno, el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, el vicejefe de Gabinete José Rolandi, el asesor Maximiliano Fariña (que reporta a Federico Sturzenegger), el ministro del Interior Guillermo Francos y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que visitó la Cámara por segunda vez en una semana.

La hermana de Javier se quedó más de tres horas. Se reunió solamente con el presidente de la Cámara, Martín Menem, con su primo Eduardo «Lule» y hasta tuvo tiempo para sentarse en el palco para invitados. Lo hizo en el mismo lugar que ocupó el 10 de diciembre para ver, junto a sus padres, la jura de Milei ante la Asamblea Legislativa como presidente de la Nación.

Todavía no está todo resuelto, pero los movimientos de este jueves dejaron algunos saldos esperanzadores para el oficialismo sobre el paquete de privatizaciones y una posible síntesis respecto a la cantidad y duración de las facultades delegadas que ya fueron reducidas de 11 a 6. El capítulo para la venta de empresas estatales tuvo cambios que fueron impulsados por la UCR y por HCF, pero luego de la votación del cuarto intermedio una fuente del PRO aseguró que esa formulación no está completa y que falta especificar los métodos para la enajenación de bienes que son de dominio público y privado.

La lista de 36 empresas que el Ejecutivo quiere vender fue reducida a 27. A los planteos de los legisladores para sacar las firmas públicas estratégicas, se sumó la presión de algunos gobernadores, como el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, que consiguieron sacar de la venta a las empresas de las universidades nacionales de Córdoba y del Litoral.

Del total de empresas había quedado afuera YPF, pero se sumaron el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones (FADEA), Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Las coincidencias fueron más allá del listado y sumaron mecanismos para la intervención del Congreso a partir de tres grupos de empresas distintos que, en el futuro, podrían implicar la negociación de tres mayorías diferentes cuando llegue el momento de decidir.

El abanico de temas de la norma no deja de ser amplísimo y la decisión del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, de extirpar el capítulo fiscal no agilizó el trámite como se esperaba. En la noche del jueves uno de los temas que más controversias registró pasa por ese eje. Todo el tema fiscal podría retomarse pronto, pero los gobernadores de todo pelaje -en especial los de JxC- reclaman señales urgentes en torno a la distribución del impuesto PAIS, que grava la compra de moneda extranjera y gastos con tarjeta de crédito en otras monedas y operaciones turísticas.

El tema no surgió de repente, sino que es parte de otro traspié del Gobierno luego de la reunión que tuvo Francos con los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones esta semana. El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) no es coparticipable y el jefe de la cartera de Interior se comprometió ante 40 testigos que estaba dispuesto a repartir entre las provincias el 30% de esa recaudación. Milei lo desautorizó poco después y Francos quedó entrampado entre el compromiso de palabra y la desmentida que se tuvo que comer.

Como era de esperarse, el tema reapareció durante la negociación legislativa de este jueves y los diputados que responden a los gobernadores ya estaban preparándose para incluir un artículo en la votación particular que podría caerle como una piedra al gobierno.

Ante las consultas de Tiempo, Francos negó que se estuviera hablando de ese punto, pero los bloques negociadores aseguraron que estaban en pleno tironeo y, finalmente, fue una de las razones de la postergación con otro cuarto intermedio.

También se sumaron las discrepancias sobre la ley 27.612 de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. El artículo 1 sostiene que el Presupuesto nacional de «cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio». El Gobierno no quiere límites para tomar deuda y tampoco para reestructurarla, pero esa negativa es otro gran escollo que, si no se resuelve, podría sumar más inconvenientes.

El Palacio, otra vez conmovido por la calle

El segundo round de este jueves arrancó al mediodía con una extensa lista de oradores. El tono del debate tuvo altibajos, sumó momentos de tensión y chicanas, pero comenzó a arremolinarse a la hora del crepúsculo. Poco antes de la caída de la noche, cuando la Cámara llevaba casi ocho horas de sesión, el clima de la calle volvió a meterse de lleno en el recinto. Así comenzó a acelerar los tiempos del debate sobre el proyecto de Ley Ómnibus en la segunda jornada de tratamiento luego del inédito cuarto intermedio votado en la noche del miércoles.

Cerca de las 19.30 comenzó con un veloz hormiguero de legisladores del PRO y la UCR que regresaron rápidamente a sus bancas. Cargaban con el discreto cometido de impedir una suspensión temporaria de la sesión frente a la represión que había desatado la policía en la Plaza de los dos Congresos.

Las imágenes y noticias que llegaban desde los alrededores del Congreso pusieron en alerta a todos los bloques, con distinto cometido. Miguel Pichetto, al frente de HCF, también se alarmó, pero ante la posibilidad de que el recinto dejara de sesionar, como un dèja vu de la reforma jubilatoria de 2017 que terminó con masivas movilizaciones y una brutal represión ordenada por el Comando Unificado que había creado Patricia Bullrich cuando fue ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri. Lo hizo para garantizar la seguridad de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio y extendió su letalidad a los alrededores del Congreso.

Nada de eso pasó inadvertido para los diputados de aquel recinto, en una Cámara que por entonces presidía Emilio Monzó. El jueves esos legisladores creyeron ver el mismo fantasma y apretaron sus tiempos y voluntades para evitar una suspensión de la sesión cuando parecía cuajar el tramo más difícil de la negociación parturienta sobre el proyecto.

Germán Martínez, titular de la bancada panperonista, propuso la suspensión y Pichetto le salió al cruce para impedirlo. Los diputados de LLA lo aplaudieron y el rionegrino se enojó. «Pero no sean pelotudos», bramó. La moción de UxP fue rechazada y toda la bancada dejó el recinto, bajó las escaleras hasta la planta baja y salió a la calle para impedir la represión.

Fueron acompañados por los cinco integrantes del bloque del Frente de Izquierda y por la diputada de la Coalición Cívica, Mónica del Frade. El operativo policial quedó entre la multitud que estaba sobre la plaza, la instrucción de liberar el tránsito y la presencia de una gran cantidad de legisladores que hizo sudar a los jefes del operativo.

Martínez no bajó y se quedó en su banca. En ese momento Pichetto, Cristian Ritondo y Zago buscaron forzar una votación para dejar al peronismo en offside, pero no tenían claro lo que tenían que votar por la cantidad de cambios en desarrollo. Otra vez quedó en evidencia la falta del texto actualizado con los cambios y se reforzaron las acusaciones de UxP.


Luego de los forcejeos en la calle y los gases que alcanzaron a algunos legisladores, el bloque panperonista volvió al recinto. En ese momento la policía redobló la represión. Las noticias siguieron llegando al recinto y empañando el clima, ante un oficialismo empeñado en seguir como si nada estuviera pasando.

La incomodidad para algunos legisladores de LLA era notoria y se incrementó cuando supieron que más de 20 trabajadores de prensa de distintos medios habían recibido balazos de goma y gases mientras cubrían los hechos. Con ese clima instalado y ante las nuevas dificultades en la negociación, reapareció la idea del cuarto intermedio para seguir ganando tiempo.

Cómo queda el capítulo de privatizaciones
La reducción de la lista de empresas tiene recovecos. Sigue en pie la venta parcial, sin perder la mayoría estatal, del Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT. Se suman otras 27 firmas, dentro de un listado donde aparece Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, Télam, Radio y Televisión Argentina, Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM, Construcción de Vivienda para la Armada, Playas Ferroviarias y Polo Tecnológico Constituyentes S. A.

El paquete fue dividido en tres artículos con anexos donde están las empresas que serán vendidas en forma total y otras en forma parcial. Con esa arquitectura evitarían que se caiga todo el paquete, pero se abren otras negociaciones más complejas que deberán pasar por el Congreso, a través de una Comisión Bicameral compuesta por seis senadores y seis diputados. Ese organismo deberá dictaminar y analizar los pliegos de venta con la posibilidad de hacerlos caer, aunque son decisiones no vinculantes.

La Bicameral tendrá que ser notificada de la forma y el método de las condiciones de venta de cada empresa con 15 días de anticipación a la publicación de la oferta. Además incluye la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN). Con ese esquema quedaría fortalecido el control del Congreso, pero todo quedará atado a la futura composición de la Bicameral y los acuerdos políticos que se tejan en sus entrañas.

Viernes, 2 de febrero de 2024