Bs. As. (22-2-24): La Superintendencia de Salud tutelaba hasta ahora el vínculo entre obras sociales y hospitales. Un nuevo decreto libró la transacción a convenios particulares con precios a pactar entre las partes. El argumento oficial es que el propio organismo era ineficiente y que el nuevo método será superador. El régimen sanitario en cuestión tiene registrados 1,063 hospitales, pero aclaran que podrían ser más.

El sistema de salud argentino, en crisis desde hace años, ahora es un tembladeral. El nuevo Gobierno de Javier Milei está buscando, a partir de una serie de normativas, cierto ordenamiento de los subsistemas público, privado y el de la seguridad social. Si bien el camino desde lo formal ya comenzó, no está muy claro el rumbo concreto que tomará.

En las últimas horas se publicó en el Boletín Oficial un decreto por el que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) se retira de su rol de intermediaria entre hospitales públicos y obras sociales en lo concerniente al cobro de prestaciones. Se trata de los servicios que los hospitales brindan a afiliados de obras sociales.

Hasta ahora, los hospitales que atendían a afiliados de obras sociales podían tramitar a través de la SSS la devolución del costo de esas prestaciones. El argumento del decreto para que esa posibilidad caduque es que es que el organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud hoy actúa de "forma disfuncional en el trámite de facturación, con el consecuente retraso y acumulación de trámites".

El decreto 172 agrega que "no se cumplieron eficazmente los objetivos" de una resolución de 2021, por la que se aprobó el procedimiento para el recupero de las prestaciones brindadas por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), tendiente a facilitar el pago de tales prestaciones. Y habla de la propia "ineficiencia y desaprovechamiento de recursos".

Aunque en los hechos el sistema tenía evidentes problemas operativos, en teoría era una garantía de cobro para los hospitales. Rubén Torres, presidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales, explicó que -hasta ahora- "si los hospitales que se anotaban en el sistema no lograban cobrar la prestación a las obras sociales en un plazo de 90 días, el superintendente estaba autorizado a transferir compulsivamente esos fondos".

Fuentes de la SSS dijeron que el sistema está integrado por 1.063 hospitales de todo el país, según la plataforma de inscriptos actualizada hasta septiembre de 2023. "Puede que sean algunos más que no estén inscriptos", aclararon.

Convenios entre obras sociales y hospitales
Ahora, el decreto habilita a las obras sociales a celebrar convenios con los hospitales, "tendientes a establecer el mecanismo para implementar el pago de las prestaciones, ya sea a través de la autoridad jurisdiccional correspondiente o en forma individual". Y agrega que para la celebración de los convenios, "los efectores del subsistema público deberán estar inscriptos en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (FEFES).

"Algunos hospitales grandes ya cuentan hoy con sus propios convenios con obras sociales, básicamente porque los valores del nomenclador oficial de las prestaciones está muy desactualizado. Por ese motivo, cuando nosotros asumimos, y en un contexto inflacionario completamente diferente al actual, tuvimos que aumentar esos valores un 200 por ciento de una sola vez", recuerda Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud del macrismo.

El nuevo decreto, ya publicado, dice que los convenios "serán un acuerdo libre entre las partes y podrán establecer, entre otras pautas, el tipo de prácticas comprendidas, su codificación, valores, normas de facturación, modos de pago y resolución de controversias".

Rubinstein observa que esta modificación puede "plantear un problema sobre todo para los hospitales más chicos que están en las provincias, que no pueden establecer convenios con diferentes obras sociales. Y el Gobierno, que tiene que supervisar el desempeño de las obras sociales nacionales, se desentiende". Habrá que ver, en ese caso, el rol que puedan cumplir los estados provinciales y municipales.

Tanto fuentes municipales como provinciales dejaron entrever a Clarín este miércoles, tras conocerse la legislación, que la nueva manera de vinculación directa entre obras sociales y hospitales podía significar una ventaja en función de negociar precios más acordes con los valores de mercado.

"A nosotros el último tiempo de pago, que fue el mes pasado, nos dio un promedio de 32 meses de demora, y no hay que perder de vista que los cobros son sin interés", sopesaron desde una de las provincias consultadas.

Una incógnita, sin embargo, es si este nuevo escenario agilizará o eventualmente trabará más aún el acceso de los afiliados de obras sociales para recibir atención en hospitales públicos, en los casos en que estos últimos no encuentren una vía eficaz (sea particular o bajo el paraguas de los Estados locales) para cobrar las prestaciones que brindan.

Jueves, 22 de febrero de 2024