Bs. As. (27-7-24): El abogado de la familia Peña recargó las tintas contra Pozzer Penzo y la Fiscalía Federal. Hizo hincapié en que el cambio de fuero no mejoró nada. «Una investigación que empezó mal y continuó peor», espetó. Advirtió que observa en Goya una situación de «negligencia o encubrimiento». No se olvidó de reiterar su acusación sobre el rol del otrora representante legal de Laudelina, Fernández Codazzi, así como de la propia tía del pequeño por haber instalado una versión inverosímil del «accidente».

Fernando Burlando, abogado de la mamá del menor desaparecido, manifestó su descontento respecto al desarrollo de la investigación y sostuvo que se está «frente a una investigación que empezó mal y continuó peor».

En ese sentido, adelantó que pedirá el juicio político a la jueza Federal, Cristina Pozzer Penzo y a la Fiscalía de Goya, a cargo de Mariano De Guzmán, ya que, según manifestó, por una «situación de negligencia o encubrimiento» se ha perdido evidencia clave en la causa que tiene como protagonistas al abogado José Fernández Codazzi y a Laudelina Peña, la tía de Loan, quienes instalaron la «versión falsa» del atropello.

«No quieren ingresar al terreno del poder, no quieren indagar al senador Pellegrini ni poner contra las cuerdas a Codazzi», remarcó Burlando, apuntando: «La Jueza y el Fiscal nos tienen con secreto de sumario; no nos dejan ni siquiera ver el expediente».

«Tengo entendido que se ha perdido prueba; hay una situación de negligencia o de encubrimiento», insistió para advertir: «Es llamativo que, con menos elementos, a Méndez se lo haya metido preso y a Codazzi no».

«No me cabe otra que pensar que esa situación de obediencia y de obsecuencia hacia el poder político está hasta incluso en el fuero Federal de Corrientes», dijo en declaraciones con los medios.

PEDIDO A BREVEDAD

«Esto motiva, obviamente, el juicio político para los responsables: la Jueza, el Fiscal… Se lo vamos a pedir a la brevedad», dijo Burlando, según consignó El Destape.

«Estamos frente a una investigación que empezó mal y continuó peor; si no hay un giro en la actitud investigativa, esto termina en desastre», sostuvo el abogado en diálogo con Crónica, explicando: «Por eso nosotros, desde el principio, pedíamos convicción a quienes tenían que investigar».

«CÓMPLICE» E «INÚTIL»

El abogado dedicó un apartado en C5N a criticar duramente a la jueza Federal, Cristina Pozzer Penzo, y calificar de «inútil» al fiscal Mariano De Guzmán.

«El poder de un juez Federal de Instrucción tiene que arrasar», sostuvo, para insistir con que «solamente ellos no ven la corrupción, el encubrimiento». «No hay coraje, voluntad ni ganas», dijo, remarcando: «Tenemos una Justicia temerosa y cansada». Además, acusó a la magistrada de ser «cómplice» del delito.

«Cuando se tienen que meter con cosas delicadas, tienen un límite, que es el poder político», añadió en alusión al fiscal De Guzmán.

Apartar un juez, un proceso complejo
Si bien la denuncia de Burlando, hasta el momento, no es un hecho consumado, es importante remarcar que el pedido de un juicio político ante la Magistratura no es un proceso simple ni veloz. En el caso de que el letrado denuncie a la jueza Pozzer Penzo, la investigación quedará únicamente en manos del Consejo de la Magistratura y el denunciante -en este caso Burlando- no tendrá ninguna injerencia a lo largo del proceso, ya que se trata de una jueza Federal.

Al iniciarse el proceso, la denuncia es abordada por los consejeros y se tramita en la Comisión de Acusación, una de las cinco que componen al organismo y que debe definir, a través de una votación, si la acusación sigue su curso o no. Si esto no ocurre, como sucede generalmente, la denuncia se cae por completo. Sin embargo, si desde la Magistratura quieren darle impulso, se vota su aprobación en la comisión mencionada y luego va a Plenario, donde se lleva adelante la apertura del procedimiento de remoción de magistrados.
Allí, se formula la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento y se puede ordenar -o no- la suspensión y remoción del juez acusado.

Según indica el reglamento, un procedimiento de remoción «no puede extenderse por un plazo mayor de tres años, contados a partir del momento que se presente la denuncia contra el magistrado»; mientras que para la suspensión se requerirá una mayoría de dos tercios de los miembros presentes al momento de la votación. Más allá de esto, para la destitución de un juez o una jueza Federal -algo poco común-, la denuncia debe ser por una clara falta manifiesta de la jueza.

¿Quién es José Fernández Codazzi?
Se trata del abogado que el pasado 28 de junio acompañó a Laudelina, la tía del menor desaparecido, hasta una fiscalía provincial para que declarara que Loan había sido atropellado por la camioneta que conducía la ex funcionaria María Victoria Caillava y su marido Carlos Pérez, dos de los detenidos e imputados por el delito de «sustracción y ocultamiento».

Una vez que Laudelina fue detenida, su hija mayor, Macarena, contó que su mamá y ella habían sido extorsionadas con 50 mil pesos, una casa y una moto, y amenazadas para dar esa versión falsa frente a la Justicia ordinaria. Asimismo, en su declaración siguiente, Laudelina reiteró lo mismo, por lo que la hipótesis del atropello quedó descartada.

Luz verde al secuestro de celulares
En las últimas horas, la magistrada del Juzgado Federal de Goya ordenó el secuestro de dos teléfonos celulares pertenecientes a Codazzi, una medida que Burlando había solicitado en las últimas tres semanas y que no se le había otorgado.

La Jueza dio luz verde al secuestro de los celulares solicitados por los fiscales. Así, cuando el letrado salió de su domicilio en la localidad de Esquina, se procedió al secuestro de los dos teléfonos, uno de marca iPhone y otro Samsung, que serán trasladados al Juzgado para ser peritados.

«Sé, por información que tengo, que Codazzi cambió los teléfonos. A esta altura, realmente, es casi una payasada lo que hicieron», sentenció Burlando.

Sábado, 27 de julio de 2024