Corrientes (5-9-24): Con 28 legisladores presentes, la Cámara de Diputados convirtió en Ley los cambios en el Código Procesal Penal que buscan ponerle fin a la "puerta giratoria" de las comisarías para delincuentes que reinciden.

La Legislatura correntina tardó poco más de dos meses y medio en convertir en ley la incorporación del principio de Reiterancia para dictar la prisión preventiva de las personas que reinciden en cometer delitos y con esa norma frenar la puerta giratoria de las comisarías.

Por unanimidad de los 28 legisladores presentes, la Cámara de Diputados otorgó la sanción definitiva al proyecto que modifica la redacción de los Artículos 224 y 229 del Código Procesal Penal (CPP) de la provincia, en los cuales se otorga nuevas facultades a los fiscales para que soliciten a los jueces que conviertan en detención a la aprehensión de personas que cometen delitos reiterados.

El debate en la Cámara de Diputados fue breve y hubo consenso para "dar respuesta a un reclamo de la sociedad" para que se termine con los hechos que determinan que un delincuente "entra por una puerta y sale por la otra, incluso antes que las víctimas que los denuncian", expusieron varios legisladores.

La primera fue la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Lucía Centurión, de Encuentro Liberal, quien destacó los principios de derecho a los que se refieren los cambios en los Artículos 224 y 229 y que se fundan en un reclamo de la sociedad que aspira tener más seguridad.

Afirmó que se trata de cambios que respetan la presunción de inocencia y además protegen a los ciudadanos de "aquellas personas que cometieron delitos en forma repetida".

También informó que se otorgan nuevas herramientas a los fiscales como la ampliación del tiempo de comparencia ante el juez para fundamentar el pedido de la prisión preventiva, de 24 a 72 horas y de esa forma terminar con lo que se conoce como la puerta giratoria de las comisarías.

Aclaró que "con esta medida no se viola la presunción de inocencia ya que se propone a ser aplicada a personas que tengan antecedentes de imputaciones por otros delitos".

La diputada de Unión por la Patria (UP), Marlene Gauna, destacó la aprobación de la ley que ella y su bloque, acompañaron al manifestar que "está bien otorgar esas herramientas para responder a una demanda de la sociedad", al tiempo que consideró que "se trata de un parche para un problema social más grave".

La legisladora peronista también resaltó que hay un manejo oficial del problema de la inseguridad, ya que siempre "en la foto aparece nuestra juventud" en un entorno donde "el entramado social está desmembrado y "en muchos casos el narcomenudeo es el primer empleo para los adolescentes", indicó.

A su turno, el diputado autonomista, José Antonio Romero Brisco, destacó que la nueva ley es una medida positiva que trae más seguridad a nuestros ciudadanos, y el nuevista Mario Branz destacó el trabajo legislativo de ambas cámaras que le dedicaron "estudios exhaustivos con una excelente redacción que aporta una solución a la puerta giratoria" y rechazó la idea del parche, planteada por Gaúna.

Albana Rotela, del Partido Popular, definió a la nueva ley como "una medida de seguridad y no es un anticipo de la pena. Incluso, también es una protección de los derechos del delincuente que será sometido a un debido proceso".

Agregó que con la aplicación de la ley "la gente va a confiar más en el sistema al ver que el delincuente permanece detenido, evita las chicanas jurídicas que se plantean y asegura el comparendo judicial de la persona acusada de varios delitos".

Por su parte, la diputada del partido Cambio Solidario, Adriana Vidal Domínguez, destacó la sanción de la ley, pero hizo notar que "hay deficiencias en el sistema de seguridad que ponen en riesgo a la gente" y reclamó mejor equipo para el personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural Ecológica (ex PRIAR), con especial énfasis en los departamentos fronterizos con Brasil.

La legisladora Aída Díaz, de Nuevo País, acompañó la votación de la ley e indicó que su bloque votó para dotar de más seguridad a los correntinos, pero que también se debe trabajar para que "la ley se aplique con justicia y equidad y que no haya leyes que se aprueban para proteger a los amigos y castigar a los que no lo son".

El debate fue cerrado por el diputado radical Norberto Ast quien resaltó a la nueva ley como una "respuesta al clamor de la gente" y reflexionó: "Hoy Corrientes avanzó en la protección de sus ciudadanos" y resaltó que "se debe dejar en claro que en la redacción de esta ley hubo un trabajo de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo".

Para Sotelo es una herramienta eficaz

El fiscal General del Superior Tribunal de Justicia, César Sotelo, sostuvo que la Ley de Reiterancia brinda al Ministerio Público "las herramientas para desarrollar de manera más eficaz y eficiente su labor, sin perder de vista los principios de legalidad y proporcionalidad".

Sotelo destacó que la ley aprobada a partir de la fusión de proyectos elaborados por el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo es la medida por la cual la "realidad social demuestra de manera prístina y sin hesitación alguna la necesidad de brindar respuestas racionales a los fenómenos de la inseguridad".

El titular del Ministerio Público participó de la investigación y elaboración del proyecto que el Poder Ejecutivo envió el 18 de junio al Poder Legislativo, desde donde se destacó la sanción de la nueva legislación que brinda "novedosas y decisivas herramientas para impedir que quienes quebranten la ley se aprovechen de ciertos resquicios legales para hacerlo en forma consuetudinaria; mientras el servicio de Justicia juzga sus conductas".

Jueves, 5 de septiembre de 2024