Bs. As. (24-9-24): El DNU 846 publicado este lunes por el gobierno lo habilita a realizar un canje de la deuda en dólares que vence en 2025 aunque empeore las condiciones de pago ya vigentes. En una actitud que podría calificarse de desesperada ante el fracaso de las gestiones por conseguir financiación externa, ahora el Poder Ejecutivo intenta auto habilitarse a emitir nueva deuda sin pasar por el Congreso ni cumplir con los requisitos de la Ley de Administración Financiera. El DNU dispone que las futuras emisiones de deuda "no estarán alcanzadas por las disposiciones del art. 65 de la Ley 24.156" de dicha ley de control sobre las acciones del sector público. Significa que se podría ignorar la exigencia de que cualquier canje de deuda se pueda hacer sólo si se mejoran las condiciones de monto, tasa y/o plazo de pago.



Por Raúl Dellatorre

Las restricciones legales dispuestas en 2007 intentan evitar caer en la situación que provocó el megacanje de deuda en 2001. Pero el gobierno busca negociar sin esas ataduras.

Dichas exigencias fueron introducidas en 2007, precisamente, para que no se repita la amarga experiencia del megacanje de 2001, que tuvo a Federico Sturzennegger en un rol protagónico. Esa operación significó un incremento del volumen de deuda en un 40 por ciento sin recibir fondos en efectivo a cambio, con la supuesta intención de evitar un default que igualmente ocurrió seis meses después, con la crisis política, económica y social recordada. "El paralelismo entre la situación que se está generando hoy y el escenario del 2001 es muy alto", advierten voces muy calificadas.

"¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI?", planteó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en referencia al DNU por el cual se eliminan los requisitos del Ejecutivo para reestructurar deuda pública. Este posteo en la red X provocó un contrapunto con el ministro de Economía (ver aparte).

El DNU dispone en su art. 2 que las futuras suscripciones de deuda pública "se puedan hacer con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago". Esto es, habilita el canje de deuda. Y que "dichas operaciones no estarán alcanzadas por las disposiciones del art. 65 de la ley 24.156".

La intención oficial de saltear la Ley de Administración Financiera, en lo referido a las pautas de reestructuración de la deuda pública, ya había sido incorporada al proyecto de Ley de Presupuesto Nacional presentado al Congreso la semana pasada, tal como lo precisó Página 12 en su edición del viernes pasado. En el texto de dicho proyecto se eludía de forma indirecta las obligaciones que impone el art. 65 de la ley de administración financiera, pero ahora se reforzó ese propósito mediante un DNU que directamente define la posibilidad de desconocer esos requisitos.

"Sin haber conseguido hasta ahora respaldo financiero del FMI, sin los resultados que esperaban del blanqueo, este DNU de parte del gobierno es como aceptar que van a intentar reprogramar los vencimientos del año que viene", expresó a Página 12 Roberto Feletti, ex viceministro de Economía y quien, siendo diputado nacional, encabezó la Comisión de investigación de la deuda externa. "La situación macroeconómica es muy grave, y se están tomando decisiones que deberían preocuparnos", advirtió.

El megacanje o "reestructuración de deuda soberana", como formalmente se la llamó en 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, fue un último intento del gobierno de la Alianza por evitar la cesación de pagos. Fracasado el "blindaje financiero" de fines del año 2000 (garantía de fondos del exterior por casi 40.000 millones de dólares), De la Rúa cambió su equipo económico convocando a Domingo Cavallo y Federico Sturzennegger, para "generar confianza en los mercados, cambiar las expectativas y por ese camino reactivar la economía".

El plan del nuevo equipo económico tuvo dos puntales: el "déficit cero" y el megacanje. Su final, como se sabe, fue catastrófico. Tal resultado motivó a que en 2007 se modificara la Ley de Administración Financiera imponiendo mayores condicionamientos a las reestructuraciones de deuda, para evitar las consecuencias ruinosas a la que llevaron las renegociaciones en situaciones desesperadas. Son esas medidas preventivas las que ahora, por DNU, Javier Milei y Luis Caputo se proponen ignorar.

"Si se permite que se eluda ese condicionamiento que se impuso justamente para evitar repetir la experiencia de 2001, es muy probable que el gobierno nos lleve a un nuevo megacanje", razonó Feletti. "El volumen de vencimientos de deuda es muy importante, el gobierno no logró acumular reservas internacionales para afrontarlos y ni siquiera bajó lo suficiente el riesgo país, con lo cual se le dificulta un roll over (renovación de deuda) aceptable", apuntó.

El economista referente del peronismo bonaerense describió luego la política del gobierno que llevó a la actual situación. "Recurrieron al déficit cero con las consecuencias recesivas a la vista, apelaron a una operación de blindaje del Fondo y no lo consiguieron; con el RIGI y la Ley Bases persiguen el mismo objetivo que tuvo la política de 2001 de mejorar la calificación de deuda del país a Grado de Inversión bajándole los ingresos a los jubilados. ¿Y cómo terminaron? Fueron a una reestructuración de deuda aceptando las peores condiciones para evitar el default, que tampoco se evitó. El paralelismo entre esa trayectoria y lo que está pasando actualmente es muy fuerte".

Martes, 24 de septiembre de 2024