Bs. As. (12-10-24): El descontento con el presidente Javier Milei por el manejo del presupuesto universitario crece día a día en todo el país. A las asambleas y tomas que se realizaron días pasados, se suma un nuevo paro nacional docente y no docente el jueves 17, que será la previa de una semana de visibilización del reclamo. El próximo martes habrá una reunión del bloque tripartito que integran gremios, estudiantes y rectorados, en la que se definirá el plan de lucha. Una de las propuestas fuertes es hacer una semana entera de marchas regionales para principios de noviembre. Por su parte, el Gobierno Nacional envió una advertencia a los rectores y los responsabilizó de "cualquier cosa que pase". Lejos de apaciguar el reclamo, la ratificación del veto generó una segunda etapa de conflicto más encendida y con mayor participación en las provincias (en algunas hubo escraches a diputados), que involucra también a gobernadores.

Por Celeste del Bianco

La ratificación del veto a la Ley de Financiamiento abrió una nueva etapa de lucha que generó ebullición en todas las provincias.

La tranquilidad de este fin de semana en las universidades es la previa a días de ebullición, un nuevo grado del conflicto que sigue escalando tras el bloqueo a la Ley de Financiamiento. El lunes comienza la primera etapa del plan de lucha con nuevas asambleas en todo el país en las que posiblemente se definan tomas o vigilias, como sucedió el miércoles y jueves pasados. El martes será la reunión entre los tres actores principales y el jueves 17 el paro nacional del que participarán todos los gremios. Es el segundo después de la decisión de la Cámara de diputados de legitimar la medida de Milei, el primero fue el jueves 10 y tuvo un acatamiento muy alto. La segunda etapa será la semana del 21, en la que se harán distintas medidas de visibilización y profundización de la disputa, que ahora es por el Presupuesto 2025. Queda confirmar una tercera fase que es una gran semana de marchas regionales, en la que cada día tenga como protagonista a una región.

Como están planteadas las cosas y la postura innamovible del Gobierno, el conflicto va a escalar en todo el país. “La idea es seguir dando la pelea porque sino la universidad no tiene destino", afirmó el secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (Fatun), Jorge Anró en diálogo con Página 12. Una de las propuestas que se resolverá el martes es la de una gran marcha federal, pero a diferencia de las anteriores (que se hicieron en cada provincia), la idea es hacer una primera semana con marchas regionales, dividir el país en cinco regiones y hacer cada día de la semana una movilización en una sola provincia a la que se movilicen las universidades de la zona. Se espera que sea a principios de noviembre y que siga una gran marcha en la Ciudad de Buenos Aires, a la que llegue gente de todo el país.

La llama que se encendió esta semana tierra adentro, difícilmente se apague. Este lunes se harán asambleas en unidades académicas de todas las provincias, en las que se evaluarán los pasos a seguir. Tras el veto, las tomas que empezaron en la Universidad de Buenos Aires se replicaron en Tucumán, Catamarca y Córdoba, Rosario, Santa Cruz, Jujuy, La Matanza, Tandil y Salta, entre otras. Algunas se mantienen en estado de asamblea permanente como la Universidad Nacional del Litoral, la de Misiones, la de Mar de Plata y la de Avellaneda.

Además, hubo repudio a varios diputados y diputadas. El Consejo Superior de Universidad Nac. de Salta declaró "Persona no grata" a los diputados nacionales Julio Moreno, Carlos Zapata y Emilia Orozco por su voto a favor del veto y a Yolanda Vega, que estuvo ausente. Medidas similares tomaron en la Universidad Nacional de Cuyo con los diputados libertarios Mercedes Llano, Alvaro Martínez y Facundo Correa Llano en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán con los legisladores del bloque Independencia de Osvaldo Jaldo y los del PRO. En Cipolletti, los estudiantes de la Universidad del Comahue se movilizaron hasta la casa del diputado de La Libertad Avanza y ex intendente de la ciudad, Aníbal Tortoriello, e hicieron un ruidazo y planfleteada.

En ese marco, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una advertencia a los rectores: "Los responsables de cualquier cosa que pase son los funcionarios públicos a cargo, en este caso los rectores, no pueden desaparecer y desentenderse del problema. No pueden dejar que estos grupos extremistas tomen el control". Esto se suma a las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, que el jueves afirmó que “las tomas son un delito” y que “la Justicia deberá analizar si avanza con los potenciales desalojos de los edificios tomados”.

“Ya ratificado el veto lo que queda ahora es la vía de los canales institucionales y seguir reclamando por un presupuesto que nos permita funcionar adecuadamente”, le dijo a Página 12 Martín López Armengol, integrante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Ahora la pelea que se viene es la del Presupuesto 2025, en el que el Poder Ejecutivo destina 3,8 billones de pesos a las universidades para el año próximo, una cifra que representa el 50 por ciento menos de lo que pide el CIN, que es 7,2 billones. “Además, tenemos que seguir trabajando en los pendientes como es la recomposición salarial, el refuerzo de las partidas vinculadas a ciencia y técnica y el sistema científico tecnológico, además de la puesta en funcionamiento de las obras suspendidas”, agregó López Armengol, que es rector de la Universidad Nacional de La Plata.

Desde las casas de estudios, mantienen rees con diputados y senadores para lograr mejoras en el proyecto. Desde los bloque opositores propusieron modificaciones al Presupuesto en lo relacionado con las universidades sin que eso afecte el equilibrio fiscal. La Unión Cívica Radical y Encuentro Federal pedirán aumentar la partida y quitarle el artículo que suspende la implementación total de tres normas, entre ellas, la Ley de Educación Nacional que garantiza el financiamiento del Sistema Educativo y destina no menos del 6% del PBI para eso. A modo de equilibrio, para no interferir en el gasto fiscal, proponen recalibrar las partidas que aumentaron como la de la SIDE y la de la secretaría general.

Pero el conflicto va más allá, ahora también interpela a los ejecutivos provinciales. Ayer, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, le pidió al Ejecutivo “que convoque y conforme una mesa de diálogo urgente”. En un texto publicado en la red social “X”, agregó: “Se necesitan acercar soluciones ya que el presupuesto (...) es la mitad de lo solicitado por las universidades. Es necesario que haya gestos de inteligencia y de humildad para llamar a la concordia, para que las universidades dejen de estar tomadas, que los estudiantes vuelvan a las aulas y que las casas de estudios continúen siendo centros académicos de excelencia, formación e investigación”. En las provincias, la situación no está para asados de festejo.

“Realmente esto pone en jaque al sistema universitario. Si el presupuesto se aprueba y se ejecuta, pone en riesgo seriamente el funcionamiento del sistema universitario para el 2025”, le dijo a este diario Joaquín Carvalho, alumno de la Universidad de Rosario e integrante de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Además, resaltó la importancia de la reunión del martes entre todos los sectores para definir los pasos a seguir. “Tenemos miradas distintas sobre el conflicto, pero entendemos que esa unidad es la que nos fortaleció y nos hizo llegar a donde llegamos y que si resquebrajamos esa unidad ponemos en riesgo la resolución del conflicto”, agregó.

Sábado, 12 de octubre de 2024