Bs. As. (6-11-24): De ahora en adelante, si cualquier persona o empresa reclama una propiedad de un bien del Estado y no recibe respuesta en el plazo estipulado, será considerado como una aprobación automática. ¿Quiénes se benefician con esta medida? ¿Cuáles son las excepciones?

El Gobierno Nacional puso en marcha un cambio clave en los trámites de la administración pública, que beneficiará a cualquier privado. Con la nueva disposición, si una empresa o persona reclaman una propiedad de un bien del Estado y no reciben respuesta en el plazo estipulado, el "silencio administrativo positivo" será tomado como una aprobación automática de lo solicitado. El cambio está avalado por la Ley Bases, que desde que se anunció y durante sus dos tratamientos en el Congreso, legisladores opositores y miles de manifestantes protestaron contra el entreguismo que la normativa implica en varios aspectos.

La medida, cuestionada por varios sectores de la oposición, incluye una lista de trámites específicos y excepciones detalladas en dos anexos del reciente Decreto 971/2024.

En resumen, el Decreto 971/2024 introduce formalmente el silencio administrativo positivo, según arumentan desde el Gobierno, como una alternativa para reducir los tiempos de espera en gestiones públicas. Este cambio se fundamenta en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, modificada por la Ley de Bases N° 27.742, en la cual se establece que la inacción de la administración será interpretada como una aprobación de ciertos trámites.

Cabe preguntarse, entonces, en el marco de la desregulación y beneficios exclusivos para los sectores más enriquecidos de la población (blanqueo, eliminación de datos de quienes blanquearon, bienes personales, etc) a quiénes dará la gestión libertaria el beneficio del silencio.

Según se explicó, esta modalidad no se aplicará en todos los casos: quedan excluidos los trámites relacionados con salud pública, medio ambiente, servicios públicos y derechos sobre bienes de dominio público, áreas en las cuales la ausencia de resolución no implicará una aprobación tácita.

Para implementar el silencio positivo de manera eficaz, el Gobierno exige que todos los trámites administrativos, incluidos aquellos de autorización reglada, se gestionen a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o de otros sistemas digitales propios de cada entidad.

El cronograma de implementación estableció que desde el pasado 1 de noviembre de 2024, el sistema de silencio positivo rige en las reparticiones de la Administración Pública Central, y a partir del 1 de diciembre de 2024 en los organismos descentralizados.

El Decreto 971/2024 se complementa con dos anexos que definen con precisión cuáles son los trámites sujetos al silencio positivo y cuáles están excluidos de su aplicación. En el Anexo I se incluyen aquellos trámites exceptuados del silencio positivo, como autorizaciones en áreas sensibles y servicios esenciales, y en el Anexo II se listan los procedimientos en los que sí aplicará el silencio positivo. Estos anexos abarcan trámites desde autorizaciones ambientales hasta registros de datos personales y permisos turísticos.


Miércoles, 6 de noviembre de 2024