Bs. As. (12-1-25): La privatización de IMPSA marca el inicio de un plan de desmantelamiento estratégico en áreas clave como la energía, la tecnología satelital y la ciencia en Argentina, con beneficios inmediatos para Donald Trump y Silicon Valley. Este traspaso de activos estratégicos a capitales extranjeros, en el marco de un ajuste extremo, profundiza la subordinación económica del país mientras desmantela décadas de desarrollo nacional en sectores esenciales para la soberanía y el crecimiento.



Por Nicolás Lantos

El plan de entrega de Milei se cumple de acuerdo a lo previsto
La primera privatización de Javier Milei confirma que el objetivo del Plan Nuclear Argentino anunciado con bombos y platillos en los últimos días del año pasado no es otra cosa que una maniobra para entregar el fruto de décadas de desarrollo estratégico nacional al gobierno de Donald Trump y sus socios, la nueva plutocracia aceleracionista de Silicon Valley. IMPSA es una pieza clave en el sector atómico: una metalúrgica dedicada a la producción de insumos para la generación de energía, que emplea a más de 700 trabajadores altamente calificados y hace funcionar a una red de más de cien PyMEs nacionales, con décadas de experiencia en el rubro y clientes en todo el mundo.

Durante décadas la empresa estuvo a cargo de los descendientes de su fundador, la familia Pescarmona, hasta que, durante el gobierno de Mauricio Macri, tuvo que declararse en default y entregar el control a un consorcio de bancos. En 2021 fue recuperada por un acuerdo entre el Estado nacional, a manos de Alberto Fernández, y la provincia de Mendoza, gobernada por el radical Alfredo Cornejo. Ahora, por primera vez, quedará en manos extranjeras. El único ofertante en un concurso hecho a medida es el consorcio norteamericano IAF, estrechamente vinculado al presidente electo Donald Trump.

En 2022 y 2023, bajo la conducción estatal, IMPSA obtuvo contratos por alrededor de 100 millones de dólares. Incluso había firmado un acuerdo para proveer de grúas portuarias a la Armada de Estados Unidos. Desde que asumió este gobierno se suspendieron las operaciones y se abandonaron las licitaciones. Un vaciamiento de manual. El ministerio de Economía informó este miércoles que las acciones que pertenecen al Estado nacional (63,7 por ciento de la compañía) y a la provincia de Mendoza (21,2 por ciento) se liquidaron a cambio de la módica suma de 27 millones de dólares.

Adicionalmente el comprador, un grupo económico encabezado por la empresa norteamericana Arc Energy, que hizo potentes aportes a la campaña de Trump, se hará cargo además de una deuda de 576 millones de dólares, la misma que arrastró a la empresa a la bancarrota hace casi una década. Gracias a ese compromiso, el monto de la operación supera el mínimo establecido por la ley de Bases para ingresar al Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), que les garantiza importantes beneficios fiscales y le permite importar buena parte de los insumos que hasta ahora se adquirían en el mercado interno.

Sin embargo, una cláusula incluida a último momento en el contrato le da plazo a los compradores hasta fin de mes para obtener un compromiso de refinanciamiento de esas obligaciones. Si no lo consigue, no está obligado a concretar la operación. “IAF solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener consentimientos al refinanciamiento de la deuda de Impsa con sus acreedores y, en caso de que se cumpla dicha condición, las partes procederán a la redacción del contrato de compra venta de acciones de Impsa”, informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores. Es decir, que en la práctica, la Argentina se desprende de una pieza estratégica de su industria a cambio de un puñado de billetes y con el RIGI de yapa.

No es la única empresa clave que el gobierno planea entregar a capitales norteamericanos. En la Casa Rosada esperan que para febrero o marzo la CNV concluya el proceso que permitirá privatizar el 49 por ciento de ARSAT saliendo a la bolsa a través de Wall Street. La empresa de satélites triplicó en 2024 su facturación respecto al año anterior a pesar de los esfuerzos oficiales por vaciarla. Los salarios están congelados desde septiembre y las autoridades avisaron que no van a dar aumentos. Muchos trabajadores altamente calificados se fueron o evalúan irse, casi siempre a otras compañías del rubro en el exterior que compiten directamente con ARSAT.

Los proyectos más importantes se congelaron en diciembre del 2023, a pesar de que cuentan con financiamiento externo. El SG-1, ex ARSAT3, el tercer satélite de telecomunicaciones argentino, que debía ponerse en órbita este año, ahora deberá esperar hasta 2028, según informó el jefe de Gabinete, Guillermo Franco, en su última exposición ante el Congreso. Los contratos con proveedores fueron incumplidos porque el Banco Central no habilitó las divisas necesarias para hacer frente a la compra de insumos producidos en el exterior, a pesar de que ya embolsó más de 130 millones de dólares destinados a este proyecto por parte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Hay sólo 10 países en el mundo que dominan la tecnología necesaria para fabricar y lanzar satélites al espacio; Argentina entre ellos. Son capacidades invaluables para el desarrollo estratégico de una nación. El interés de Trump por Groenlandia tiene que ver con recursos naturales y el control de rutas de navegación pero también con la competencia por los polos, de valor crucial para la infraestructura satelital. “Si uno se posiciona en el espacio sobre el Ártico gana influencia sobre todo el hemisferio norte”, dijo Tim Reilly, politólogo por la universidad de Cambridge y uno de los consultores top en el mundo sobre asuntos relativos al polo norte, en la más reciente Asamblea del Círculo Ártico, en octubre de este año en Reikiavik.

En ese marco, y atentos a la subordinación de la política exterior argentina a intereses foráneos desde el primer día de este gobierno debe entenderse también la resolución 10/25 que, con la firma de Francos, faculta a la secretaría de Inovación (sic), Ciencia y Tecnología para eliminar, por motivos presupuestarios, todos los programas científicos con financiamiento público que no se adapten a un “Plan Estratégico 2024-2015” anunciado en el mes de noviembre pero nunca publicado. Sólo se salvan de la motosierra los proyectos enmarcados en agroindustria, minería, energía, salud y economía del conocimiento; todos negocios que interesan a los principales sponsors locales e internacionales del presidente argentino.

Resulta elocuente que el mismo día que se hizo pública la decisión de desmantelar el sistema científico nacional, aduciendo falta de fondos, el gobierno desembolsó 4.341 millones de dólares para cumplir con acreedores en el vencimiento de pagos y cupones de deuda argentina. El plan de Milei es explícito: ajustar a los argentinos hasta donde haga falta y rifar las capacidades nacionales que sean necesarias para responder al sistema financiero. Por eso, y porque no encuentra una oposición que ponga en riesgo el rumbo que se marca desde Casa Rosada, es que se desploma el riesgo país. Cómo no van a confiar los inversores en alguien que está dispuesto a destruir una nación y matar a sus habitantes con tal de pagarles.

Con las reservas del país aún en números rojos, el ministro de Economía, Luis Caputo, necesitaba una inyección de divisas que permitiera transitar este desembolso sin agregarle incertidumbre a un esquema cambiario que ya está siendo cuestionado incluso por economistas que hasta hace pocos días eran una refencia del gobierno, como Domingo Cavallo. Convenientemente, un grupo de bancos extranjeros aceptó, horas antes del vencimiento, otorgar a la Argentina un préstamo bajo la modalidad Repo. La información oficial sobre las condiciones de esta operación es más bien escasa.

En una llamativa coincidencia, el mismo día la CNV publicó cinco resoluciones que desarticulan las últimas resistencias legales para que las empresas públicas salgan al mercado de capitales, tras la sanción de la ley de Bases y gracias a la vigencia del DNU 70/23. En el sistema financiero dos rumores tomaron fuerza a partir de que se conoció la desregulación. El primero es que para el gobierno esta movida tiene un objetivo puntual: privatizar el Banco Nación, cotizado en unos 25 mil millones de dólares, dinero más que suficiente para sostener el dólar atrasado hasta después de las elecciones. El segundo es que los bancos interesados son los mismos que le prestaron el Repo a Caputo. Alcoyana Alcoyana.

“Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna a los que están muertos”, dijo el expresidente Néstor Kirchner en 2003. Milei parece decidido a demostrar lo contrario. El 30 de diciembre decidió el traspaso del Servicio Nacional de Manejo del Fuego de la subsecretaría de Medio Ambiente al ministerio de Seguridad, bajo el ala de Patricia Bullrich. Ya se reportaban focos en una zona inaccesible del Parque Nacional Nahuel Huapi, a unos 60 kilómetros de Bariloche. El 31 de diciembre a las 2 de la tarde diez brigadistas recibieron un mensaje de whatsapp que les anunciaba que habían sido despedidos. El incendio aún no fue controlado: ya se perdieron más de 3500 hectáreas de bosque nativo.

A los 80 brigadistas que están combatiendo el fuego en el sur les venció el contrato el 31 de diciembre y todavía no les confirmaron si les van a renovar o no, ni por cuánto tiempo. En la misma situación están los otros 320 brigadistas de Parque Nacionales, precarizados por el Estado desde hace años, con sueldos que promedian los 800 mil pesos, y los 130 especialistas en distintas áreas, desde meteorología hasta geografía, que también están empleados por el SNMF. De acuerdo a trabajadores del área, para mantener funciones mínimas el Servicio necesita al menos 700 brigadistas. En este momento tiene poco más que la mitad, de acuerdo al informe que publicó en El Destape Agustina Arredondo.

El cambio climático está aumentando “la frecuencia, la intensidad y el alcance” de los incendios, dice un informe de la Red de Clima y Salud publicado en noviembre, de cuya confección participó el Conicet. Las escenas distópicas que llegan desde Los Angeles, la ciudad donde se inventó el cine moderno, empequeñecen cualquier superproducción de Hollywood. Sólo para entender la magnitud de la diferencia entre ambos países, en el combate intervienen más de 7500 brigadistas, más de mil camiones hidrantes, 6 aviones y 31 helicópteros y aún así están lejos de controlar el fuego que ya arrasó con 15 mil hectáreas, 12 mil viviendas y que obligó a la evacuación de más de 200 mil personas.

La catástrofe dejará consecuencias duraderas y no sólo naturales. Las zonas que fueron evacuadas son campo fértil para saqueos. Decenas de miles de personas que trabajaban en las casas y los comercios destruidos quedaron desempleadas. Las principales aseguradoras habían restringido, en el último año, la cobertura en caso de incendio, por lo que se estima que hay miles de familias que no podrán recuperar lo que perdieron. El Estado de California, que había implementado un programa más económico para asegurar a los que habían sido rechazados por el sistema privado, ahora deberá hacer frente a sus obligaciones, pero no cuenta con los fondos para hacerlo.

Por supuesto que Trump podría ayudar cuando asuma, dentro de nueve días, pero él decidió aprovechar la oportunidad para derrotar a sus oponentes en el estado más poblado del país, que los demócratas monopolizaron por casi medio siglo. Desde sus redes sociales, el presidente electo se dedicó a transmitir desinformación y hostigar al gobernador Gavin Newsom, con la ayuda de su colaborador estrella Elon Musk. Tanto Trump como Musk han negado el cambio climático y compartido incontables noticias falsas en ese sentido. La alianza aceleracionista entre los plutócratas de Silicon Valley y las fuerzas conservadoras de Estados Unidos necesitan desregular las protecciones ambientales para avanzar con sus planes.

La capitulación de Mark Zuckerberg, dueño de Meta, que hasta ahora había mantenido un perfil distinto al de Musk, da cuenta de hasta qué punto las grandes empresas tecnológicas, que durante y después del primer mandato de Trump ofrecieron resistencia, ahora decidieron subirse a la ola. “Vamos a deshacernos de restricciones en temas como inmigración o identidad de género que son parte frecuente del discurso y el debate político. No está bien que algunas cosas se puedan decir en la televisión o en el Congreso pero no en nuestra plataforma”, explicó en un post el flamante jefe de Global Policy de la compañía, Joel Kaplan, un histórico lobbista del Partido Republicano.

No se trata solamente de modificar la política de moderación de contenidos sino de una reestructuración de fondo en la empresa responsable de Facebook, Instagram y Whatsapp, las aplicaciones más usadas en el planeta, para ponerse a tono con la nueva era de ultraderecha. En un post interno que recibieron los empleados esta semana la empresa anunció que abandona el concepto de “Aproximación de Pizarra Diversa” que se utilizaba hasta ahora para priorizar a ciertos perfiles a la hora de decidir contrataciones, y que también reorientará la búsqueda de proveedores en el mismo sentido. Además, todo el equipo de Diversidad, Equidad e Inclusión fue eliminado del organigrama.

La defensa cerrada que hacen de este modelo político aceleracionista obliga a poner en cuestión la compatibilidad de la existencia de esta nueva plutocracia con una vida digna para todos los habitantes de este planeta. Los incendios en las exclusivas mansiones de Malibu, así como en su momento el caso de Luigi Mangione, nos recuerdan que de los efectos de esta crisis no se salvan ni siquiera los privilegiados. Un informe de Oxfam calcula que las cincuenta personas más ricas del mundo producen en una hora y media la misma cantidad de polución que un ser humano promedio a lo largo de toda su vida. Ellos lo saben perfectamente. Por eso están tan apurados en construir un cohete a Marte.

Domingo, 12 de enero de 2025