Bs. As. (25-1-25): Luego de que Javier Milei negó en el Foro de Davos la desigualdad de género y el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, amenazó con eliminar del Código Penal el agravante por motivos de odio en los asesinatos contra mujeres, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Federal rechazó --según se supo este viernes-- una apelación del Gobierno nacional ante una medida cautelar que había dictado en diciembre un juzgado federal sobre la obligación del Estado de mantener los programas relacionados con la prevención, asistencia, acompañamiento y acceso a la justicia para sobrevivientes y familiares de la violencia de género.

Por Stanley Luna

La Cámara de Apelaciones rechazó un pedido del Ejecutivo de no acatar una orden federal sobre el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género.

La resolución dictada por la cámara se hizo pública este viernes, en el marco de una acción judicial iniciada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos, La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Mujeres x Mujeres y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, quienes en junio demandaron ante la justicia que les den certeza acerca de lo que pasará con los programas y políticas de género tras el vaciamiento del Estado que lleva a cabo La Libertad Avanza.

Esto significa que, luego de la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad --que pasó a ser Subsecretaría-- y la renuncia de Claudia Barcia como titular de dicha entidad bajo el mando de Cúneo Libarona --el funcionario que volvió a negar ayer la violencia de género-- este ministro deberá rendir cuentas a la justicia de qué pasará con todas las políticas y programas de género implementados en gestiones anteriores.

Reacios a cumplir la cautelar
Ya el 28 de diciembre del año pasado y ante una solicitud de las demandantes, el juez Enrique Alonso Regueira del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, había dictado la medida cautelar en este proceso, ordenando al Ministerio de Justicia que se abstuviera de reducir los recursos humanos y la infraestructura de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), reasignar personal para otros fines y sostener la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de estos organismos. Sin embargo, el Gobierno apeló la medida el pasado 14 de enero, al tiempo que pidió una habilitación de feria judicial invocando razones de urgencia, la cual fue concedida por el juez federal Enrique Lavie Pico.

Soledad Deza, directora ejecutiva de Mujeres x Mujeres, cuestionó que Lavie Pico considerara que la apelación fuese un asunto de feria, ya que “era un guiño” que las demandantes sospechaban a favor del Gobierno, porque la apelación no encuadraba legalmente para tramitarse como tal. En ese sentido, ahora que el proceso continuará, Deza dijo que posiblemente planteen nuevos hechos o que las declaraciones de Milei en Davos también vuelvan más “transparente e incuestionable” lo que las organizaciones sociales le están pidiendo a la justicia, para que no se desmantelen las políticas de género y el Gobierno cumpla con los compromisos establecidos en las leyes nacionales e internacionales en este tema.

“No solo están vaciando las áreas de género en término de recursos humanos, sino que hay un desconocimiento oficial acerca de las obligaciones estatales respecto de la prevención y la sanción, pero sobre todo, de la prevención de la violencia”, agregó la abogada al referirse al último discurso de Milei en Davos, donde en una arremetida contra lo que la derecha llama la agenda woke -un término peyorativo para referirse al progresismo-, el libertario atacó al feminismo, a la población LGBT+, a las personas migrantes y al movimiento ambientalista, al punto de desatar dichos como que “la inclusión ya existe en las leyes de Occidente” y que el feminismo busca “privilegios”, y que las parejas homoparentales que adoptan son pedófilas.

Aunque en el proceso judicial que las organizaciones siguen contra el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia ha negado --sin evidencias-- el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, al igual que el cierre de los 81 Centros de Acceso a la Justicia. Cúneo Libarona ha argumentado que “simplemente, y en uso de sus atribuciones, la actual gestión del gobierno ha procedido a reorganizar la estructura estatal y sus programas y organismos”. Deza señaló que el discurso de Milei demuestra todo lo contrario, al igual que las recientes posturas del titular de Justicia.

Cúneo Libarona publicó este viernes en X que eliminarán la figura del femicidio del Código Penal, porque como había dicho Milei en Davos, “el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra”. Además, el funcionario dijo que se había “usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre”.

ELA, otra de las organizaciones demandantes, revirtió con datos los dichos del Gobierno. Según ELA, todos los años, entre el 60 y 65 % de los femicidios han sido cometidos por las exparejas o las parejas actuales de las víctimas. Es distinta la violencia homicida que no es motivada por el género: de un registro de 2 mil homicidios cometidos entre 2017 y 2022, el 80 % de las víctimas fueron hombres, quienes predominantemente no conocían a su victimario.

“Tratar de la misma manera fenómenos distintos significa ignorar la evidencia, negar las desigualdades de género e incumplir de manera explícita las obligaciones asumidas por nuestro país. El femicidio es la forma más extrema de manifestación de la violencia por razones de género y el sostenimiento de políticas de abordaje y prevención resultan fundamentales para evitarlos. En ese sentido, es que la resolución judicial que le niega al Gobierno la habilitación de la feria judicial cobra mucha relevancia”, apuntó Julieta Izcurdia, directora del área jurídica de ELA.

No satisfechos con los ataques en Davos, la Casa Rosada dejó trascender el jueves por la tarde que el Gobierno está preparando un proyecto que enviará al Congreso para derogar los cupos de género, personas con discapacidad y de personas trans en el Estado. Asimismo, modificará la Ley Micaela con la cual se capacita en temas de género al personal judicial, y eliminaría el decreto que reconoce las identidades no binarias en los DNI.

El último discurso de Milei, que ha despertado rechazo por parte de las organizaciones de derechos humanos y políticos, llegó cuatro días después de que el mandatario estuviese celebrando la asunción de Donald Trump como presidente y horas después de que el libertario realizó un posteo en X en el que amenazó con “ir a buscar” a “los zurdos de mierda”. Por este posteo, el abogado Gregorio Dalbón denunció a Milei en la Justicia Federal y en los tribunales internacionales de la Corte Penal de La Haya y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Mientras que, por sus ataque en Davos, la Federación Argentina LGBT+ lo denunció por delitos como amenazas, incitación a la violencia y abuso de autoridad ante el Juzgado Federal de lo Criminal y Correccional 3. Estas denuncias se suman a las realizadas por la exdiputada Myriam Bregman y el secretario general de la ATE Capital, Daniel Catalano.

Al cierre de esta nota, el Gobierno no había sentado postura sobre el revés judicial.

Sábado, 25 de enero de 2025