Bs. As. (18-2-25): El titular del bloque, Germán Martínez señaló: Es un escándalo que trasciende la frontera de la Argentina", mientras que Cecilia Moreau, impulsa un proyecto para que se revoquen las prerrogativas especiales que la ley Bases le da al mandatario.

Por: Verónica Benaim
@VeBenaim

Desde el bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados se explicó formalmente por qué el Congreso debe avanzar con el pedido de juicio político a Javier Milei tras el del caso de la criptomoneda $LIBRA y el papel del presidente. “La justicia se encargará de los temas penales y nosotros tenemos que analizar las responsabilidades políticas del tema”, explicaron desde el principal partido de la oposición.

En conferencia de prensa, el jefe del bloque Germán Martínez señaló: “Es un escándalo que trasciende la frontera de la Argentina. Esta estafa es una noticia que hoy se está analizando en forma global”. En ese sentido, el legislador rosarino indicó que lo “que más se adapta a este tipo de circunstancia es el juicio político. Los 47 millones de personas de argentinos tienen que saber si tienen un presidente que le pasan estafas por sus narices y no se da cuenta o si tienen un presidente estafador”.

“Le pedimos al presidente que no se victimice, se tiene que hacer cargo de lo que pasó y el lugar para eso es el Congreso”, agregó, al tiempo que hizo referencia al resto de los espacios opositores frente a la cripto $Libra: “Hay bloques que son de la oposición, pero hacen oposición a la oposición no al gobierno”.

Asimismo, la diputada Vanesa Siley, del mismo bloque, también puso en duda respecto de si Mieli está en “condiciones de seguir teniendo facultades delegadas”. “Si este presidente que no sabemos si es un estafador o un ignoto timbero en redes sociales va a seguir teniendo super poderes en la Argentina y además lo ayuda no tener presupuesto”, afirmó.

Minutos más tarde, con la firma de Cecilia Moreau, Unión por la Patria presentó un proyecto en Diputados para revocar las facultades delegadas a Milei que habían sido otorgadas a través de la Ley Bases.


El proceso de juicio político
A cargo de las cuestiones técnicas, la entrerriana Carolina Gaillard explicó que, en primera instancia, la comisión de Juicio Político debe reunirse para evaluar resolver sobre cuáles denuncias son admisibles y cuáles no, y a partir de allí se abrirá la investigación, en la que se podrá citar a testigos y requerir información al Poder Judicial. Concluida la investigación, en caso que corresponda, se podrá arribar a un dictamen acusatorio con la firma de la mitad más uno de los miembros de la comisión.

“Debe quedar claro que la comisión en Diputados lo único que hace es investigar, le quedará al Senado definir cuáles son las sanciones correspondientes para el caso que establece la Constitución”, dijo la ex presidenta de la comisión durante el gobierno de Alberto Fernández.

En el limbo
Mientras, en la comisión de Juicio Político, continúa el tironeo dentro del oficialismo. Aunque, la diputada libertaria Marcela Pagano se considere la presidenta de esta comisión, la titularidad sigue en un limbo. El conflicto data desde el 2024, cuando el entonces presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, propuso a Pagano para el cargo.

Sin embargo, la designación fue rechazada por la presidencia de la Cámara Baja a cargo de Martín Menem lo que motivó a que Zago renunciara al bloque oficialista y conformara uno propio. Fuentes cercanas a Menem ya aseguraron que la comisión aún no ha sido formalmente constituida y en la página oficial de la Cámara de Diputados no muestra autoridades designadas para esta comisión, que está integrada por 31 miembros que deberán investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución y los previstos en la ley 24.946 y en las quejas o denuncias que contra ellos se presenten en la Cámara.

Martes, 18 de febrero de 2025