Bs. As. (24-3-25): Mientras el Gobierno anuncia la desclasificación de documentos sobre la última dictadura militar, organismos de derechos humanos recuerdan que el Ministerio de Defensa eliminó en 2024 el área encargada de analizar esa documentación. La decisión, tomada bajo la gestión de Luis Petri, afectó el funcionamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA), que durante años brindaron información clave en causas de lesa humanidad.

Especialistas y organismos cuestionan la decisión de eliminar el equipo que analizaba documentos sobre la Dictadura, medida tomada por Defensa en abril de 2024.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que la desclasificación total fue ordenada por decreto en 2010, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, pero aseguró que “si bien se dictó hace 15 años, nunca fue implementado completamente”. Además, explicó que los documentos pasarán de la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al Archivo General de la Nación.
Un área clave eliminada por el Ministerio de Defensa.

El cierre de los ERyA se oficializó en abril de 2024 mediante la Resolución 680/2024, que estableció que “el Sistema de Archivo de la Defensa será el encargado de preservar toda la documentación de valor histórico y/o judicial que haya elaborado el entonces Grupo de Trabajo (en relación a los ERyA)”.

Estos equipos fueron creados en 2010 durante la gestión de Nilda Garré como respuesta al decreto de desclasificación. Se mantuvieron activos incluso durante el gobierno de Mauricio Macri y produjeron más de 170 informes fundamentales en diversas investigaciones.
Reclamos de fiscales y organismos de derechos humanos
Tras la eliminación de los ERyA, 36 fiscales federales enviaron una carta al Ministerio de Defensa solicitando que se revierta la medida, argumentando que su trabajo resultó esencial para esclarecer hechos ocurridos durante la represión.

“Es un grupo que realiza aportes proactivos para la instrucción de causas muy importantes. Sin sus aportes, todo hubiera sido más difícil establecer justicia”, señaló uno de los fiscales firmantes.
Otras medidas que afectaron la búsqueda de la verdad
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también cuestionó la disolución de la Mesa Conjunta sobre Documentación de Inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos, creada en 2021.

“La desclasificación general y el acceso público a la documentación de inteligencia de la época es un reclamo de los organismos de derechos humanos desde el inicio de la democracia, que nunca se ha alcanzado. Hasta se logró la desclasificación de documentación de la CIA y del FBI de Estados Unidos, pero no de la SIDE ni de las estructuras de inteligencia de la Policía Federal Argentina”, afirmó el CELS.

Recomendamos La Búsqueda, del @eaafoficial, un sitio web que reconstruye el trabajo detrás de cada hallazgo, identificación y restitución de personas desaparecidas por acción de la represión ilegal. https://t.co/vJUXWRAJcq https://t.co/EACAwYTv3L

— CELS (@CELS_Argentina) March 24, 2025

Limitaciones en el acceso a la información
El informe de la organización señala que el Gobierno restringió el acceso a estos archivos al limitar la consulta solo a requerimientos judiciales específicos. “El gobierno alega que los archivos solo deben ser accesibles mediante requerimientos judiciales específicos y respondidos por las propias fuerzas o agentes. Esta idea busca aparentar que se sostiene la accesibilidad, pero reduce el acceso a un intercambio entre el Poder Judicial y los archivos de las fuerzas, ahora sin expertos civiles”, advirtieron.

Desde los organismos consideran que este cambio impide que la sociedad acceda libremente a la información, bloqueando la posibilidad de investigaciones históricas independientes y afectando el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.


Lunes, 24 de marzo de 2025