Por Araceli Ferreyra
El fallo dictado por un juez de Mercedes, dejando sin efecto una de las últimas maniobras pergeñadas por el arturismo derrotado, dispuso la nulidad del Decreto Nº 1.439/09, ya que de modo artero se pretendió evadir la exigencia constitucional que mandaba considerar por ley lo relativo a la adhesión o no de la Provincia a la Ley de Bosques Nativos.

No importa el posicionamiento que se tenga con relación a la construcción del mega proyecto de represar el Ayuí; no cuenta aquí si se está a favor o en contra; ni interesa si se es “conservacionista” o “productivista”. Tampoco interesa que nos detengamos a dilucidar los intereses políticos o económicos que se ocultaron tras el dictado del Decreto Nº 1.439 y su consecuencia, el Decreto Nº 2.353, firmado (y publicado?) un día antes de la entrega del mando al nuevo gobierno.

Lo que está en juego es si se cumple con la Constitución y las leyes o se continúa con el vale-todo artúrico y, en esto, lleva razón la justicia cuando dispone la nulidad de un decreto, dado que se requería de una ley, norma de mayor rango, para lograr la adhesión provincial a la Ley de Bosques. Un breve repaso de la normativa involucrada lo demuestra con claridad.

El artículo 58º de la Constitución Provincial clara y taxativamente establece que en materia de recursos naturales que sean de dominio provincial, como en el caso del Ayuí, “la ley asegura su conservación y aprovechamiento racional e integral”.

En el mismo sentido, de exigir la participación de las legislaturas locales, la propia Ley de Bosques, dispone en su artículo 32º que por ley debe aprobarse localmente el Ordenamiento Territorial de Bosques, imponiendo incluso como penalidad la exclusión del Fondo anual a las jurisdicciones que obvien el trámite legislativo.

Hay otras leyes y normas que refuerzan este argumento, pero las dos mencionadas son lo suficientemente claras y explícitas.

No cabe aquí aquello de que hay media biblioteca que da la razón a un lado y media biblioteca para el otro. Hay un solo lado: cumplir la Constitución y las leyes.

Los funcionarios del Ministerio de la Producción que, muy orondos, anuncian que apelarán la resolución judicial pueden no tener conocimientos jurídicos, y hablar desde sus preferencias personales, pero entre su querer y el poder hay un buen trecho que no pueden saltarlo amañadamente sin caer en el incumplimiento de sus responsabilidades como funcionarios públicos.

Pero de lo que no caben dudas es que el Señor Gobernador y el Fiscal de Estado son abogados y, espero, hombres de derecho.

Que el año nuevo no traiga nuevas licencias para el nocivo vale-todo.

Martes, 5 de enero de 2010