En una nueva demostración de que la configuración del mapa de medios es prioridad absoluta para el gobierno nacional, la flamante autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dictó ayer sus primeras cuatro resoluciones encaminadas a poner en marcha la norma

Por eso, las cuatro resoluciones forman parte del vertiginoso esfuerzo para que la ley entre en vigencia cuanto antes y revierta la asfixia mediática que el oficialismo acusa. El objetivo de fondo es barajar y dar de nuevo. Como informó Crítica de la Argentina hace diez días, los técnicos que trabajan a las órdenes de Gabriel Mariotto avanzan sobre el artículo 156, que hace eje en los plazos de aplicación de la ley, y se concentran en el plan técnico, una especie de radiografía del espectro que debe estar lista 180 días después de la constitución de la autoridad de aplicación.

Según dijeron a este diario fuentes que conocen el plan gubernamental, las resoluciones son la base legal para avanzar con cuatro censos que el Poder Ejecutivo necesita para repartir nuevas licencias. Los titulares deberán presentar sus papeles al día entre el 15 de enero y el 15 de marzo próximos. Las disposiciones llevan la firma del titular del nuevo ente y el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, e incluyen el “relevamiento de los servicios de radiodifusión sonora operativos; relevamiento de licencias, autorizaciones, permisos precarios y provisorios; el ordenamiento de los servicios de televisión de baja potencia y la reglamentación del registro de señales previsto en la Ley 26.522”. El arco que será rastrillado incluye a las radios AM y FM que cumplían con las normas legales que establecía la ley de la dictadura, a las AM y FM que eran definidas por el viejo Comfer como truchas, a los canales de televisión y a las señales de cable que actualmente se emiten a través de los cableoperadores existentes.

El matrimonio presidencial conoce de primera mano la lista de los medios que están en falta y sabe muy bien cuáles son los que le interesan como potenciales propagadores del mensaje oficial. Sin embargo, esa nómina permanece bajo siete llaves y no será enunciada todavía por miembros del elenco kirchnerista.

Una vez concluido el plan técnico, quedará un ordenamiento del dial y empezarán los concursos públicos. Allí se verá si existen proyectos suficientes para cubrir el espacio arrebatado a los multimedios y se pondrá a prueba el nuevo esquema.

Entre los datos que deberán aportar los titulares de licencias figuran la frecuencia que ocupan, su domicilio y razón social, la altura de antena, el nombre del titular y el país de origen de los accionistas. “No conocemos al sector”, repiten los funcionarios del área de medios del Gobierno. A través de la resolución 1/2009, Mariotto convocó a los prestadores de servicios de AM y FM “para conocer la forma en la que se distribuyen geográficamente y la modalidad de prestación del servicio” y solicitó que se presenten “las personas de existencia visible o de existencia ideal, de derecho privado, con o sin fines de lucro” que estén “operando servicios de radiodifusión sonora sin autorización”. La resolución 2/2009 dispone “el relevamiento de AM y FM y televisión abierta”, la 3/2009 de televisión de baja potencia y la 4/2009 de “señales de cable”.

El Gobierno no lo admitirá, pero la publicación de las cuatro primeras resoluciones apunta también a contrarrestar las críticas de la oposición que cuestionaron las últimas resoluciones del Comfer que se publicaron en los últimos días en el Boletín Oficial. Los detractores del nuevo esquema denunciaron que estaban funcionando al mismo tiempo el decreto ley 22.285 y la ley de medios 26.522. Pero, en realidad, lo que se difundió a través del Boletín fueron las últimas disposiciones del extinto Comfer, todas previas al 10 de diciembre de 2009.

Miércoles, 6 de enero de 2010