Piden el juicio político para la Jueza Laura Varela y la Fiscal Graciela Fernández Contarde por mal desempeño en la causa de los u$s 60 millones. Cabe recordar que en dicha causa que involucra al Diputado Nacional Oscar Aguad, quien fuera interventor de la capital correntina y tomara el crédito que finalmente se "esfumó", hubo connivencia política de los dos gobiernos radicales de los Colombi para que la causa fenesca. Ricardo Colombi fue el hombre elegido por Aguad para gobernar la provincia.

La causa de los u$s 60 millones, empréstito solicitado por la comuna capitalina al Banco Nación durante la intervención federal cordobesa (agosto de 2000), más conocida como “el robo del milenio”, derivó en las últimas horas en un pedido de enjuiciamiento político para la juez y la fiscal que entendieron en el tramado expediente.

Todo se remonta a finales de 2001, cuando el ingeniero Rodolfo Amilcar Paladini, presentó una denuncia ante la presunción de un millonario desfalco en perjuicio de la municipalidad de Corrientes, involucrándolos a los ex interventores federales, Oscar Raúl Aguad y Ramón Bautista Mestre. En octubre de 2.000 se había canjeado el voluminoso crédito por los tristemente célebres y mal recordados CECACOR. Aquel préstamo fue adquirido con la intención de saldar deudas municipales con el IPS y el IOSCOR y concretar algunas obras públicas en la ciudad. Pero el dinero terminaría siendo cambiado casi en su totalidad por los bonos implementados por el odontólogo fallecido. Del efectivo que quedaría tras el trueque, ni rastros quedaron.

Por un par de años el caso de los “60 millones” viajó del fuero provincial a los estrados de la justicia de la nación, aletargándose en el tiempo con planteos de incompetencia hasta le muerte de Mestre. A su regreso a los tribunales locales luego de una tremenda tertulia judicial, Aguad sería procesado junto a los ex ministros Ramón Darwich y Fidias Mitríades Sanz en julio de 2006, pero en diciembre de 2007 y luego que meses antes la cámara criminal 1 revocara los autos de procesamiento, la juez de instrucción 5, Laura Varela sin la oposición de la fiscal Graciela Fernández Contarde, resolvió sobreseer a los imputados por prescripción de la acción penal. Insólitamente el fallo solo le sería informado a los acusados y no a la querella, el municipio correntino, y el denunciante, el ingeniero Paladini. El dictamen de caducidad de la causa se produjo durante la gestión de Carlos Vignolo, y a escasos días de fenecer su mandato y ante la presión de la prensa, Varela recién le comunicaría de aquella decisión, la que horas, después sería apelada por la nueva administración comunal (Camau Espínola). Extrañamente la jueza tardaría dos años en notificarla.

El contrapunto surge ante lo dispuesto por tratados internacionales con rango constitucional desde 1994, los que establecen tácitamente que los delitos de acción pública son imprescriptibles, además, el tribunal de alzada que en julio de 2007 lo des-proceso al actual jefe de la bancada radical en el congreso de la nación, rechazaría en el mismo incidente, la solicitud de prescripción de la instancia solicitado por la defensa.

EL PEDIDO

El viernes último Paladini elevó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra la actual titular de la Fiscalía de Instrucción N° 5, Graciela Fernández Contarde; y la jueza Laura Beatríz Varela, titular del Juzgado de Instrucción N°5 de esta circunscripción judicial, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y por el posible fraude procesal y prevaricato.

Por el momento el municipio sigue sufriendo la quita mensual de parte de su coparticipación, con destino a cancelar lo que se consideraría un endeudamiento ilegal. La cifra por estos días del llamado robo del milenio, ascendería más los intereses, a la friolera suma de 220 millones de pesos. Anteriormente las gestiones de Nora Nazar de Romero Feris como la de Carlos Vignolo, tuvieron severos problemas financieros centrados en el pago del polémico empréstito.
diario 1588

Lunes, 8 de febrero de 2010