El titular de la cartera de Hacienda, Enrique Vaz Torres, debió retractarse por las declaraciones erráticas sobre el presupuesto. Había dicho que era “una formalidad” y llovieron las críticas. Reacomodó sus conceptos al decir que una vez aprobado es una cuestión formal del Estado. Desde la Justicia apuntaron a “presiones”. Y los gremios están sensibles por la indefinición sobre una recomposición salarial.

Bastó solo un día para que el clima social y político se crispara después de las declaraciones poco felices del Ministro de Hacienda de la provincia, Enrique Vaz Torres, al referirse al presupuesto como “una formalidad”. Llegó a tal punto que en horas de la tarde del lunes ya se emitió un comunicado desde ese Ministerio retractando lo dicho. El viraje sin dudas fue por una “orden de arriba” que le habría señalado al funcionario lo hondo que caló en sectores que esperan “un cambio” en la forma de manjar las instituciones del Estado.

Es que en la ciudadanía se escuchan críticas directas hacia la gestión actual por la forma de gobernar. Muchos perciben que sigue “todo igual” y solo lo que cambiaron fueron los nombres, porque hasta el apellido es el mismo.

Y la discusión por el presupuesto provincial le da argumento a los correntinos para expresar que hay más similitudes que diferencias entre la administración anterior y la actual. Porque justamente fueron los que hoy son funcionarios y los legisladores que ahora responden al oficialismo los que tensaron la cuerda a más no poder en ocasión que el anterior Ministro de Hacienda, Sergio Tressens, no enviaba la Ley de Leyes a la Legislatura.

En su momento el anterior Ministro fundamentó su decisión de no remitir el proyecto porque el clima político no era el adecuado. No hubo que esperar por la respuesta de los “afines” a Encuentro por Corrientes, que hoy es gobierno. Sin embargo la misma actitud se percibe en los tiempos actuales al punto que también se repiten las expresiones: ahora resulta que el plazo venció y la era la conducción anterior la que debió remitirlo.

Esta fundamentación trascendió pocas horas después que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Rubín, saliera a dar consideraciones contundentes. “Sin el presupuesto no se sabe hasta cuánto se puede gastar y cuál es el límite”. Por ello es que conceptuó a la “Ley de Leyes” como una herramienta “fundamental”.

Al alto funcionario de La Corte insistió también con una fecha tope para tomar una decisión sobre recomposiciones salariales. Señaló que si en los primeros días de marzo el Ejecutivo no cumple con su obligación constitucional, el Poder Judicial adoptará una en forma unilateral.

Es que en la justicia están desesperados los trabajadores del sector y miembros del Colegio de Magistrados y Funcionarios por una mejora de haberes, lo cual no se tiene desde hace un año y medio. Tiempo similar al que no se dio aumento a los estatales, quienes ya encendieron la luz de alerta y convocan a una concentración para este miércoles en la Legislatura en pos de solicitar respuestas al petitorio que presentaron a los presidentes de ambas cámaras la semana pasada en pedido de un incremento de sueldo. Y para la semana que viene, el día martes, se hará una movida en la Plaza Juan de Vera, donde entregarán panfletos a la ciudadanía para que se conozca el estado de situación de los trabajadores. Todo ello indica que la crispación sindical crece, mientras el gobierno dilata la cuestión con el argumento de la urgente refinanciación.

Es así que lo único que pareciera quedar claro en este atolladero es que cuando no se logra calmar “las aguas” en lo social se busca una “salida audaz”, aunque machacada hasta el hartazgo, aludiendo a que la responsabilidad es de quien pasó antes por el gobierno. Explicación que genera rechazo en la comunidad, sobre todo cuando hay una esperanza de “ver en hechos” lo que actuales funcionarios prometieron en palabras durante la campaña.

Miércoles, 17 de febrero de 2010