Por Carlos Pérego
En medio de un llamativo silencio, que contrasta con los continuos comunicados que enviaban los interesados en construir la represa del Ayuí antes de contar con la autorización provincial, avanza en los pasos previos a la construcción en si de la misma. El tema al salir de los medios perdió importancia mediática lo que facilitó el avance del mayor atropello ecológico de Corrientes. Con la complicidad de los Colombi las empresas COPRA S.A., Pilagá S.R.L., Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí y Ñú Verá, apuntan a comenzar cuanto antes las obras civiles a fin de no tener algún tipo de inconvenientes.
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El controvertido “Proyecto Ayuí” que meses atrás atrajo la atención de los medios provinciales y nacionales por el impacto negativo que representa la inundación de mas de 8000 has., cortando el cauce de uno de los principales afluentes del río Miriñay, y haciendo desaparecer bajo las aguas a casi 200 hs. de monte nativo en galería con una amplia biodiversidad. A pesar de las críticas y de las presiones no ya de grupos ecologistas sino de ciudadanos comunes de la provincia que no podían tolerar tamaña atrocidad simplemente buscando un lucro económico a costas de algo que pertenece a todos los correntinos.

Cabe destacar que los dos empresarios mayores son el Grupo Clarín y el húngaro George Soros, hecho que hace presumir que las ganancias devenidas de usurpar el agua de los correntinos no quedarán en el país habida cuenta que el presidente de COPRA S.A., José Aranda, quien además es vicepresidente del directorio del Grupo Clarín tiene una causa por lavado de dinero, por 300 millones de dólares, y que además el emprendimiento podría servir para blanquear activos.

A pesar de todo ello el actual gobernador Ricardo Colombi ni bien asumido se reunió con dichos directivos a fin de brindar todo el apoyo provincial al emprendimiento, que si bien puede beneficiar a algunos ciudadanos de su ciudad natal, Mercedes, va en detrimento del patrimonio de todos los correntinos.

A pesar que la la Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió a la Legislatura correntina sobre los riesgos sociales y ambientales que generaría el emprendimiento Ayuí Grande que se prepara en Corrientes, el gobierno provincial siguió haciendo oídos sordos a la advertencia. Señalaba el informe firmado por Anselmo Sella, adjunto a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que "Esto implica sepultar bajo el agua 50 km. de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los esteros del Iberá", y expresaba además que “El envío al Legislativo es para que al momento de aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos se tenga en cuenta la implicancia del impacto acumulado que representan, para la sociedad y los ecosistemas, el conjunto de los desmontes y cambios en el uso de la tierra potencialmente permitidos en la provincia ".

Por el momento y ante el desmadre político y financiero del gobierno provincial, que es aprovechado por los empresarios, el tema del Ayuí ha quedado prácticamente en el olvido y cuando nos demos cuenta los correntinos el mismo estará construido y los daños serán irreparables, ante la mirada cómplice del gobierno provincial.
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Sábado, 13 de marzo de 2010