Finalmente llegó a la Justicia el escándalo político que trajo aparejada la Ley de Bosques Nativos, sancionada el miércoles por la Cámara de Diputados ante fuertes acusaciones de la oposición. La diputada justicialista María Inés Fagetti presentó anoche en la Fiscalía de Instrucción de la primera nominación una denuncia penal en la que solicita la investigación por la presunta comisión de delitos por parte de la administración anterior, en la que se incluye desde el jefe del Poder Ejecutivo hasta la segunda línea de gestión.

“Hice la presentación judicial en razón de mi función como diputada y de hechos que surgen del expediente aprobado, por lo que puntualicé algunos, como el dictado de un decreto contrario de la Constitución y la falsificación de informes científicos por parte de la Dirección de Recursos Forestales”, precisó Fagetti.

En la tarde de ayer, Fagetti presentó ante el fiscal de Instrucción, Buenaventura Duarte, una denuncia penal para solicitarle que investigue la presunta comisión de numerosos delitos por parte del Poder Ejecutivo cuyo mandato venció el año pasado, por su responsabilidad en la confección del proyecto de ley que ayer se sancionó. Uno de los puntos señalados es el Decreto 1.439, con el que Arturo Colombi pretendió avanzar en la reglamentación del ordenamiento territorial de los bosques nativos, aunque por fuera de lo normado en la Constitución Provincial.

“Hice la presentación judicial en razón de mi función como diputada y de hechos que surgen del expediente aprobado, por lo que puntualicé algunos, como el dictado de un decreto contrario de la Constitución y la falsificación de informes científicos por parte de la Dirección de Recursos Forestales”, precisó Fagetti

Pero además, en el pedido de investigación penal se pone al descubierto que durante la vigencia del decreto posteriormente declarado inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia, el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) emitió resoluciones favorables de estudios de impacto ambiental a proyectos productivos de zonas que, de acuerdo con los informes científicos, deberían ser de máxima protección.

“Se dictaron actos administrativos contrarios a la Constitución”, insistió la legisladora peronista, que en la sesión del miércoles anticipó que judicializaría la controversial norma de protección ambiental.

Ahora, el fiscal de Instrucción -que no tiene plazo para encarar la investigación- deberá remitirse al expediente de la Ley de Bosques que obra en la Cámara baja para comprobar las denuncias formuladas por Fagetti.

Viernes, 28 de mayo de 2010