La Administración de Ricardo Colombi ya dilató por más de medio año el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley Previsional. El Gobernador ya adelantó que vetará la iniciativa si logra la media sanción faltante de Diputados.

“Estamos de acuerdo con el 82% móvil, pero de los 10 últimos años y no como pretenden, de los 120 mejores sueldos”, comentó el gobernador, Ricardo Colombi, en referencia al polémico tratamiento legislativo del proyecto que prevé la modificación de la Ley 4.917, de jubilaciones y pensiones. Más allá de las declaraciones del Mandatario, la estrategia del oficialismo pasaría por evitar, según los diferentes procedimientos parlamentarios, que la iniciativa se transforme en legislación.

El proyecto de reforma de la Ley de Jubilaciones logró la media sanción del Senado provincial en la sesión del 29 de octubre de 2009. Ricardo Colombi, por ese entonces legislador de la Cámara alta, no estuvo presente en dicho encuentro parlamentario. El proyecto pasó a Diputados, cuerpo que debería tratarlo en 10 días.

El expediente prevé, entre otros cambios, la modificación del Artículo 35 de la Ley 4.917. El texto de la iniciativa señala que el haber inicial de la jubilación ordinaria o por invalidez será equivalente al 82% móvil, del promedio de las mejores remuneraciones durante un período de los 120 mejores meses de su vida laboral.

Sin embargo, el oficialismo entiende que este tiempo establecido en el proyecto pondría en peligro la “caja previsional” e insumiría un “gasto extra” de 123 millones de pesos anuales. Por ello, entiende que el 82% móvil debería aplicarse a los últimos 10 años de aporte.

La del próximo jueves será la cuarta vez que el expediente de reforma previsional se debata en una sesión de la Cámara de Diputados. En las tres primeras oportunidades el cuerpo, a pedido de los legisladores del oficialismo y sus circunstanciales aliados (en la primera oportunidad, Encuentro por Corrientes todavía era oposición) lo giraron a la comisión de Asuntos Constitucionales, una forma elegante de dilatar el tratamiento del expediente.

Esta estrategia de extender el plazo para el análisis de la iniciativa le sirvió a la Administración de Ricardo Colombi hasta ahora. A futuro podría reiterarla o bien haría valer el peso del número de legisladores para evitar que el proyecto se transforme en legislación. O podría implementar un “mix” de ambas.

Durante este tiempo, la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados no emitió un dictamen (consejo) del proyecto. Ante esta falta de despacho, el cuerpo legislativo necesita de dos tercios para incorporarla en el Orden del Día y tratarla en sesión. Aquellos que pugnan por la aprobación tal cual vino del Senado no tienen este número de voluntades para imponer su pretensión.

En la comisión de Asuntos Constitucionales sólo dos de sus cinco integrantes están de acuerdo con el expediente “tal cual está”: el radical opositor Armando Aquino Britos y el justicialista Carlos Rubín. Sin embargo, no tienen número para emitir un dictamen favorable.

Esta falta de voluntades en Asuntos Constitucionales para lograr un despacho y en el cuerpo para forzar su tratamiento “sobre tablas” fue utilizada hasta ahora por el oficialismo para no tratar el proyecto.

Sin embargo, en la sesión del miércoles pasado se aprobó que el proyecto se trate en dos sesiones “con preferencia”. La “novedad” fue que el titular del bloque Encuentro por Corrientes, Héctor López, dio su palabra (en tres oportunidades, ante la insistencia de la oposición) de que el oficialismo daría número para que el expediente se analice en el recinto “con o sin despacho de comisión”.

Pero López hizo esta promesa con conocimiento de que es el oficialismo quien tiene “la sartén por el mango”. Primero: el Gobierno asegura, hasta el cansancio, que no está en desacuerdo con el 82% móvil, sí con que se aplique a los 120 mejores salarios. Si se modifica la propuesta, el expediente regresará al Senado que deberá analizar si ratifica la iniciativa original o admite el cambio. Ello derivará, sin lugar a dudas, a otro extenso (extensísimo) debate. Segundo: si Diputados finalmente aprueba el proyecto con la redacción original, el Gobernador ya adelantó que lo vetará. Si la Legislatura pretende rechazar la decisión, el Mandatario necesitará de dos tercios de los integrantes de cada Cámara (artículo 122 de la Constitución Provincial). Y el oficialismo sabe que, quienes respaldan el expediente con el texto actual, no tendrían este número.

De todas maneras, si se da esta segunda alternativa, el proyecto deberá regresar otra vez a la Cámara de origen, es decir al Senado. Si este cuerpo rechaza el veto, el expediente pasará a Diputados. En síntesis, el trámite parlamentario se puede volver prolongado hasta lo absurdo.

A sabiendas de los vericuetos legislativos, el oficialismo no tuvo hasta ahora empacho alguno en frenar el proyecto. Y tampoco lo tendría para evitar que se convierta en ley una iniciativa que no le gusta.

Negativa gubernamental

El lunes pasado, el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, y la interventora del Instituto de Previsión Social, Estela Regidor, concurrieron a un encuentro con diputados. En dicha reunión, los funcionarios entregaron a los legisladores una serie de planillas donde expusieron la “imposibilidad” del Gobierno provincial para afrontar los gastos que demandaría el 82% móvil sobre los 120 mejores sueldos.

Según el cálculo de los funcionarios, si se lleva a la práctica el proyecto con media sanción del Senado, el Estado debería desembolsar poco más de $123 millones anuales. Si se aprueba con los últimos diez años, el “gasto extra” sería de una suma que rondaría los $97 millones.

Domingo, 20 de junio de 2010