Cuando finalmente se cumple la orden judicial de la demolición del terraplén de Yahaveré, la propietaria de dichas tierras y que levantara dicho terraplen en forma ilegal y en ciontra de las ordenes judiciales de que no lo haga, ahora amenaza con irse de Corrientes, en una forma de ejercer presión por la medida. Reclama por que dicha demolición afectará el medio ambiente, pero no lo hizo cuando se construyó inundando tierras que eran secas antes de ello. Una muestra mas de lo que pasa en Corrientes, en donde los intereses dinerarios pretenden superar a los comunitarios.

En el marco de denuncias efectuadas por la demandada ex Forestal Andina contra el padre Barrios, Emilio Spartaro y Douglas Tompkins por "usurpación y daño" en su propiedad, ayer inició la demolición del polémico terraplén en Yahaveré. De esta manera se cumple la sentencia de la Justicia, tras una orden emanada del Juzgado Civil y Comercial Nº 12, a cargo del doctor Diego Monferrer.

Hay satisfacción por parte del demandante Bruno Leiva e indignación por parte de los dueños de la actual Haciendas San Eugenio. Su representante legal preanunció también el alejamiento de la firma de la provincia.

El polémico "terraplén" construido por la firma ganadera ex Forestal Andina, ahora denominada Haciendas San Eugenio y apuntado por "obstruir el normal escurrimiento de las aguas en el Iberá", según argumentó oportunamente el demandante Bruno Leiva, comenzó a demolerse ayer en el corazón del paraje Yahaveré (Concepción). Tras cinco años de corridillas por los pasillos judiciales y conseguir que la determinación de su destrucción se mantuviera en todos los estrados de la Justicia, la empresa demandada inició la ejecución de la sentencia en cumplimiento de la orden emanada por el juez Diego Monferrer, hoy a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 12.



Cabe recordar que a través de la resolución 197 con fecha 7 de abril, el juez intimó a la firma a cumplir la condena dispuesta, iniciando la destrucción del camino principal que integra el terraplén "en el plazo de 60 días. Todo ello deberá estar controlado por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA)".

Asimismo, la orden disponía una serie de medidas para avanzar con el trámite, entre ellas, intimó al Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) "para que proceda, en términos de diez (10) días de notificado, a continuar hasta su terminación con la medición del camino lateral ubicado a la prog. 4.800 m al oeste del camino principal, partiendo de Laguna Medina. (...)".

Con indignación y ante la imposibilidad de mantener la construcción -que según los mismos socios de la hacienda indicaron cumple el rol de "dormidero" y puente de conexión entre los corrales donde se produce ganado de primera calidad para exportación- el abogado de la firma, Hernán González, confirmó el inicio de la destrucción.



"Esto es una locura", sentenció el representante legal en contacto desde el mismo lugar de los hechos. Aseguró que los mismos técnicos del Icaa que supervisan el procedimiento entienden que la maniobra perjudicará aún más al medio ambiente. De esta manera, la historia de polémica sinfín parece iniciar el camino del final y con ella, el mismo abogado entrevistado se atrevió a preanunciar la partida de la firma productora del departamento Concepción y de la provincia de Corrientes.

Cabe no olvidar hasta aquí que esta polémica producto de una marcada puja de intereses, mantuvo en vilo a los pobladores de Yahaveré, logró involucrarlos y lastimosamente dividirlos "a favor o en contra de la continuidad del terraplén", "a favor de Forestal Andina en contra de Douglas Tompkins y viceversa", sin dejar en el paraje beneficio alguno, más que esta definición que puede leerse como una moneda que sigue teniendo dos caras: la de un triunfo en defensa del Iberá y la derrota de una firma ganadera que se manifiesta cansada de los "acechos" y que podría cerrar dejando a decenas de familias sin trabajo.



El triunfo desde diversas perspectivas no cierra del todo porque no se determinó "también" en el proceso de demolición su impacto ambiental. En este sentido, González junto a los propietarios de Haciendas San Eugenio se lamentó profundamente y cuestionó que el juez no haya propiciado la realización de un estudio de impacto ambiental previo a la demolición para determinar el daño real que causará esta acción en la fauna y flora que desde hace años convive con el camino. "El fiscal Diego Núñez Huel lo solicitó pero no hubo respuesta", aseguró.



En este contexto, la notoriedad pública que el conflicto le aportó a Yahaveré, no logró hasta el momento la construcción de un camino propio que les permita a sus pobladores fácil ingreso y egreso del paraje, no logró la construcción de instalaciones sanitarias equipadas, ni el fortalecimiento del sistema educativo, ya que su escuela prácticamente dejó de funcionar a principios de año. Salvando el hecho de la construcción de la sede de guardaparques de la provincia, el lugar sigue sumergido en el retraso absoluto.


Antecedentes de la causa



En noviembre de 2005, cuando Forestal Andina S.A. comenzaba la construcción del terraplén, Bruno Leiva, poblador del paraje Yahaveré, interpuso una medida cautelar en la que solicitaba la inmediata paralización de las obras, y una acción de amparo tendiente a lograr la destrucción de la obra que por aquel entonces contaba con aproximadamente 1,5 km de largo.
En mayo de 2006 el Juzgado Nº 12 resolvió la destrucción de la obra posterior al kilómetro y medio edificado y el inicio del proceso para conseguir la declaración de impacto ambiental de esos 1.500 metros, que de no hacerlo también debía ser derribado.


No se inició el proceso y la construcción siguió. En segunda instancia, la Cámara de Apelaciones coincidió en que la obra debía ser destruida por ser nociva para el medio ambiente, ya que impide el normal escurrimiento de las aguas en el Iberá.
Sin embargo, la ex Forestal Andina decidió llevar la causa al máximo órgano de Justicia de la Provincia, argumentando que la destrucción generaría aún más impacto ambiental que la mantención de la obra, entre otros fundamentos.


Así se llegó al fallo Nº 151, de noviembre de 2007, en el que el Superior Tribunal de Justicia rechaza el "recurso de inaplicabilidad de ley" presentado por la firma ganadera que pretendía ir a la Corte Suprema de Justicia para evitar la demolición de la obra.
Ante esta situación, Forestal presentó un recurso extraordinario federal para que el STJ le permita llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que con el fallo Nº 26 expedido a principios de 2008, que lleva la firmas de los ministros del máximo órgano judicial de Corrientes, Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz y Eduardo Farizano, quedó descartado.
Entonces, la firma demandada decide elevar un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras suspender el proceso, elevar todas las actuaciones a dicho Tribunal y establecerse diálogo entre las partes. Finalmente la Corte rechazó el recurso de la demandada y con esto sentenció el fin del polémico terraplén.

Sábado, 26 de junio de 2010