Por Carlos Pérego
Paso de los Libres (29-6-10): En un nuevo embate mediático el Grupo COPRA, perteneciente al Grupo Clarín, insiste en la postura de la reducción en la extensión de la Reserva del Iberá a fin de que se puedan usar dichas tierras para la explotación arrocera. La postura ya había sido expresada por el Ministro de la Producción, Jorge Vara, quien casualmente fuera titular de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz. La connivencia entre el gobierno de Ricardo Colombi y los beneficiarios de la represa del Ayuí, Copra y Adecoagro, se pone nuevamente de manifiesto a partir de las declaraciones de los funcionarios en clara coincidencia con los intereses empresarios.
Al igual que cuando comenzó el embate final para aprobar una ley de bosques ajustada a los intereses de los empresarios arroceros establecidos en Mercedes, COPRA, del Grupo Clarín, y Adecoagro del financista George Soros, para que pudieran construir la represa del arroyo Ayuí, en contra de los intereses de la mayoría de los correntinos, y que para lograrlo contaron curiosamente con “un error informático” que determinó que los bosques del Espinal fueran coloreados de verde y que pudieran ser eliminados en forma total, lo que permitiría la construcción del paredón que represará el arroyo, ahora van por la reducción de la Reserva del Iberá con los mismos argumentos esgrimidos para lograr lo del Ayuí, cientos de miles de puestos de trabajo y la salida de la pobreza estructural que tiene Corrientes.
A principios del mes de junio se lanzó una campaña encarada por la Fundación Iberá orientada a advertir sobre los dichos del Ministro Jorge Vara sobre las ventajas de achicar la extensión de la Reserva a fin de posibilitar el establecimiento de explotaciones arroceras, y curiosamente a menos de un mes de dichas declaraciones la empresa COPRA sale a los medios a reafirmar la idea de Vara aduciendo que debido a “Un conflicto ambiental se impide la creación de 100.000 empleos”, como reza el título de una nota periodística en la cual desgranan los beneficios de destinar 80 mil hectáreas de la Reserva a la explotación arrocera, que según sus apreciaciones sacarían a la provincia de la pobreza estructural en que está sumida.
Causa curiosidad la similitud de los actuales argumentos con los esgrimidos para el Ayuí, y que los actores sean los mismos, las empresas arroceras y el gobierno provincial, que en una actitud de complicidad para beneficiar intereses económicos no hesita en depredar las riquezas naturales de todos los correntinos.
Las argumentaciones de los miles de puestos de trabajo, de los millones de pesos que quedarán en la provincia y que se comenzará a salir de los índices de pobreza alarmantes de Corrientes, colisionan con su propia mendacidad, ya que Corrientes tiene un millón de habitantes, de los cuales hay entre menores de 14 años (350 mil) y mayores de 65 años (60 mil) 400 mil habitantes, de los 600 mil que quedan, hay una población económicamente activa de alrededor de 290 mil personas, de los cuales 70 mil son empleados estatales, 60 mil cuentapropistas, 90 mil empleados del sector privado, 10 mil patrones y 15 mil trabajadores familiares, lo que suma a 245 mil personas trabajando y quedarían 45 mil sin trabajo (Todos los datos fueron extraídos del último censo de la provincia y adecuado según las variaciones con los anteriores), es decir que si se llegara a concretar la idea de los grupos económicos y el gobierno provincial se debería importar mano de obra.
Llama la atención que el gerente general de COPRA, Ricardo Freire, manifiesta que la industria arrocera actualmente da trabajo a 100 mil correntinos, lo que de hecho es una falacia total, dado que es impensable que toda la masa laboral de la provincia, sacando a los empleados públicos, dependa del arroz, definitivamente son los mismos números mentirosos que se usaron para pretender confundir a la sociedad correntina con motivo de la represa del Ayuí.
"El 70% del costo que tiene producir una hectárea de arroz lo generan y quedan en manos de eslabones que operan dentro de la provincia", indicó Freire, olvidándose aclarar que muchos de esos eslabones, la mayoría tal vez, pertenecen a compañías del mismo grupo económicos, fertilizantes, herbicidas, maquinarias, transporte, etc., que si bien es cierto, y lógico, que operan dentro de la provincia los dividendos que generan es muy difícil que queden en nuestra provincia.
Ricardo Colombi, Jorge Vara, COPRA S.A. y Adecoagro S.A., ya vinieron por el Ayuí, ahora vienen por el Iberá y seguramente formarán parte de los inversores de las pasteras que se pretenden localizar en Corrientes.
Las argumentaciones de que los grupos ecologistas se niegan al progreso, es otra de las mas tremendas mentiras, propias del accionar del Grupo Clarín y de los informativistas gubernamentales, que deforman la realidad, los correntinos queremos progreso sustentable y el resguardo de nuestras riquezas naturales, el uso de las mismas de manera responsable.
Cabe la reflexión al ver el ataque de los defensores de las arroceras, al americano Tompkin, cual es la diferencia entre ambos, uno dice que quiere las tierras del Iberá “para conservarlas” y los otros para explotarlas, y los correntinos en el medio de este tironeo de intereses en los cuales el propio gobierno actúa con un grado de complicidad alarmante.
El gobierno para el millón de correntinos se transformó en poco tiempo en el gobierno de los intereses de unos pocos empresarios.
Miércoles, 30 de junio de 2010