La construcción de la represa Ayuí Grande es, desde septiembre de 2008, una verdadera cuestión de Estado para la Argentina. Y secreta, porque se mantuvo en silencio hasta hoy. Así lo demuestra una serie de documentación “confidencial” a la que tuvo acceso Tiempo Argentino, en forma exclusiva. Se trata de varias cartas y notas internas que intercambiaron altos funcionarios de la Cancillería argentina; de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; y de la Delegación Argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (DACARU).

Manejaron el tema en absoluto resguardo, entre el 3 de septiembre de 2008 y el 16 de febrero de este año. Es que el intercambio ocurrió en pleno conflicto diplomático con el Uruguay, por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos. Y lo que evaluaron los organismos del Estado Nacional era que la construcción del emprendimiento arrocero del vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y del multimillonario húngaro George Soros, podía contaminar el Arroyo Ayuí, cuyas aguas desembocan finalmente en el Río Uruguay, el mismo lugar en el que transcurrió el conflicto.

La posibilidad de un nuevo enfrentamiento bilateral alertó a las autoridades, que dejaron su preocupación por escrito. El 18 de enero de 2010, la DACARU exigió información al gobierno correntino para determinar “el efecto negativo que podría tener (que) en la Argentina se autorice una obra tal, en momentos en que la Corte Internacional de Justicia delibera sobre la demanda por violación del mecanismo de información y consulta previa del Estatuto del Río Uurguay”.

Una alta fuente diplomática, que pidió estricta reserva de su identidad, interpretó la situación: “Esto nos jode a los argentinos. Imagínese, sería darles la razón a los uruguayos. Si nosotros les recriminamos judicialmente porque no avisaron con anticipación la instalación de Botnia, esta sería la excusa perfecta para que hagan lo propio con la construcción de la represa. Sería clavarnos un puñal en la espalda nosotros mismos” (ver recuadro).

La represa que construirá la firma Copra SA, de Aranda, junto con Adecoagro, de Soros, se empezará a concretar el mes que viene. Así lo aseguran directivos locales y funcionarios provinciales (ver recuadro). Y esa construcción equivale a privatizar el Arroyo Ayuí para inundar 8000 hectáreas, que regarán otras 18 mil, prácticamente la mitad de la superficie que ocupa la Ciudad de Buenos Aires. ¿El objetivo? Multiplicar la producción de arroz de Aranda y Soros. La oposición de distintos ambientalistas y de los propios vecinos fue notoria de inmediato.
Mientras el vicepresidente del Grupo Clarín pretende producir 120 mil toneladas más de arroz, para exportar a Venezuela, el resto de los productores río abajo aseguran que será una tragedia: se quedarán sin agua, lo cual perjudicará al extremo sus posibilidades de producción.

Lo que nadie sabía era que el perjuicio puede extenderse a todos los argentinos. Por la posibilidad de desencadenar un conflicto, ya no local, sino internacional. De allí la preocupación que quedó asentada en la carta, fechada el 3 de septiembre de 2008, de la DACARU. Lleva el número 189/2008: “Siendo que el Arroyo Ayuí desemboca en el Río Miriñay, que constituye uno de los principales efluentes del Río Uruguay, debe inferirse que el aporte de nutrientes llegará a este último. Si partimos de la base que el embalse de Salto Grande presenta un alto grado de eutrofización, ese aporte agravaría este estado.” El punto es que evaluaban que a la obra “podrían resultarle de aplicación” los artículos 7 al 12 del Estatuto del Río Uruguay de 1975. Allí se especifica que “la parte que proyecte cualquier tipo de obra u aprovechamiento de las aguas del río, que pueda llegar a tener entidad suficiente para afectar la calidad de las mismas, deberá comunicarlo a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)”.

La carta termina con un párrafo contundente: “Esta delegación argentina considera conveniente una comunicación directa con las autoridades competentes en la materia de la provincia de Corrientes, requiriendo la confirmación del proyecto o no y, en su caso, detalles técnicos de la obra”.

En simultáneo, la entonces secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, también realizó un pedido de informes a las autoridades provinciales. Lo hizo en una carta dirigida directamente a Arturo Colombi, quien era gobernador de Corrientes. “Los impactos ambientales involucrados en un emprendimiento como el que nos ocupa, que inciden a nivel ecosistémico y muchas veces se proyectan a otras jurisdicciones, fundamentan mi preocupación y el interés nacional en informarse detalladamente del proyecto presentado”, escribió Picolotti.

En diálogo con este diario, la ex funcionaria reconoció que “nunca obtuvimos ninguna respuesta del gobierno provincial. Al no tener jurisdicción federal, le mandamos una carta formal al gobernador diciendo que la Secretaría de Medio Ambiente tenía preocupaciones sobre el tema, y que nos poníamos a disposición del gobierno para intermediar con la comunidad” (ver recuadro).
Aranda y Soros diseñaban la estrategia política del emprendimiento, mientras que en el diario Clarín se informaba que “Un estudio sobre el aire dice que Botnia no lo contamina”.
Aseguraban que el trabajo “no encontró pruebas contundentes acerca de que el aire de Gualeguaychú haya sufrido contaminación tras el comienzo de la producción de celulosa”.

Casi dos meses después del pedido de la Secretaría de Medio Ambiente, el gobierno correntino envió una respuesta llena de evasivas. La carta del 28 de octubre llevaba la firma del ingeniero Mario Rujana, administrador del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA). Aseguraba que el proyecto “no se encuentra territorialmente en el Sistema Iberá y el mismo no ha sido aún aprobado, encontrándose en etapa de análisis y evaluación con solicitud de ampliatoria de información”.

“Botnia ya produce tanta celulosa como 30 papeleras argentinas”, tituló Clarín el 10 de noviembre de 2008, y aseguró que “a un año de empezar a echar su humo blanco enfrente de Gualeguaychú la pastera Botnia produjo 850 mil toneladas de celulosa”.

Mientras tanto, la tensión en Cancillería se incrementaba. El documento confidencial que escribió Susana Ruiz Cerutti, de la Dirección General de la Consejería Legal, puso en conocimiento de la situación a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y agregó que cualquier información debía hacerse llegar a la “Delegación Argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay y deberán abstenerse de enviar comunicación alguna a la Comisión Administradora del Río Uruguay ”. En concreto, Cerutti advertía que la información sólo tenía que circular por manos argentinas.

Las autoridades correntinas nunca brindaron detalles específicos de la obra en cuestión. La comunicación siguiente se estableció el 18 de noviembre de 2009, y fue para invitar formalmente al presidente de la DACARU, embajador Hernán Darío Orduna, a la audiencia pública ambiental que se realizó el 4 de diciembre de 2009 en la ciudad de Mercedes.

Un mes después, el 22 de diciembre de 2009, el ingeniero Rujana envió la última carta a la DACARU. Fue para transmitir que “la convocatoria tuvo amplia y exitosa participación ciudadana dado que se inscribieron 96 personas para exponer sus opiniones oralmente y asistieron más de 500 personas”.

La inquietud del cuerpo diplomático se acentuaba. Las notas y memorandos internos daban cuenta de la envergadura del emprendimiento “que abarcaría más de 77.000 hectáreas, provocando la eliminación de bosques en galería a lo largo de 137 kilómetros, razón por la cual resulta preciso determinar si la obra es susceptible de producir cambios en el ecosistema del Río Uruguay y, consecuentemente, si corresponde o no someterlo a la CARU”.

Pero Aranda ya tenía lo que necesitaba. El decreto del gobernador Arturo Colombi. El 1439/09. Un día antes de dejar el cargo, le allanó el camino al empresario, habilitándolo para la obra.

La advertencia de Cerutti, entonces, fue más completa el 18 de enero de 2010. Había que evaluar, escribió, “el efecto negativo que podría tener en la Argentina que se autorice una obra tal en momentos en que la Corte Internacional de Justicia delibera sobre la demanda invocada por la República Argentina, entre otros méritos por violación del mecanismo de información y consulta previa del Estatuto del Río Uruguay”.

Se volvió, entonces, a pedir información a Corrientes. “Al señor gobernador Horacio Ricardo Colombi (primo del gobernador saliente)”, encabeza el escrito realizado por Cerutti y el Ministro de Gabinete de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ricardo Larriera. “Resulta preciso determinar si el Proyecto es susceptible de producir efectos en el ecosistema del Río Uruguay –explican– y consecuentemente si corresponde o no someterlo a la CARU (…) disponga que se haga llegar a este Ministerio todos los antecedentes y la información completa del Proyecto”.

El último párrafo es contundente: “resulta necesario que se proceda a autorizar la realización de las obras proyectadas ni el inicio de las mismas hasta tanto se concluya si el Proyecto debe ser sometido a la CARU”.

El gobernador no respondió. Desde Cancillería insistieron. Fue el 16 de febrero de 2010, y con la firma del por el entonces secretario de Relaciones Exteriores de la cancillería, embajador Victorio Taccetti. “Como es de su conocimiento, la República Argentina y la República Oriental del Uruguay se encuentran vinculadas por el Estatuto del Río Uruguay de 1975 que, entre otras obligaciones, establece un mecanismo de información y consulta previa al co-ribereño, por intermedio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)–continúa Taccetti–, órgano binacional creador por el Estatuto, en el caso de que una de las partes planee construir una obra u otro emprendimiento que sea susceptible de producir efectos sensibles al régimen del Río Uruguay o la calidad de sus aguas.” El texto de la carta tenía un claro objetivo: advertir a la máxima autoridad correntina del potencial conflicto diplomático que podría haber en puerta si se seguía adelante con el proyecto de construcción de la represa sobre el Arroyo Ayuí, que es parte de la serie de afluentes del Río Uruguay. Pero Colombi siguió sin responder.

La última jugada provincial se concentró en la Legislatura, donde se transformó en ley el decreto de Arturo Colombi. Fue en junio de este año. Y así se posibilitó, por lo menos hasta hoy, que el proyecto de Aranda y Soros empiece a construirse el mes que viene. A pesar de la denuncias de ambientalistas y especialistas en contaminación, de las advertencias de Cancillería, de la CARU y de la Secretaría de Medio Ambiente. (Tiempo Argentino)

Domingo, 15 de agosto de 2010