El legislador Agustín Rossi alertó sobre las consecuencias de la construcción de la represa en Corrientes. "Hay que hacer estudios de impacto ambiental", afirmó. Miguel Bonasso también alentó la investigación, en una charla con la señal de noticias: "Podría violar la Ley nacional de Bosques. Acá se confunde federalismo con feudalismo".

El jefe de bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, señaló su preocupación por el impacto ambiental que podría tener la construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí Grande, impulsada por grandes empresas que intentan desarrollar un emprendimiento arrocero. "Hay que ver los estudios de impacto ambiental, preocupa", sostuvo en CN23.

A su vez, el legislador del FpV comentó: "Está claro que tiene un impacto ambiental enorme y tiene que cumplir una serie de requisitos". Miguel Bonasso, del bloque de Diálogo por Buenos Aires y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano, también mostró su inquietud por el proyecto.

"El proyecto podría violar la ley de bosques. Una ley provincial no puede violar una ley nacional. Acá se confunde federalismo con feudalismo. La Provincia puede proteger más pero no menos", comentó el diputado. Y, en diálogo con CN23, contó: "Vamos a invitar a una comisión a quienes se oponen a las represas en el Ayuí. Habrá que ver qué está vulnerando".

Antes, la Defensoría del Pueblo de la Nación remitió un informe a la Legislatura de la provincia de Corrientes advirtiendo sobre el impacto ambiental negativo que tendrá la construcción en el arroyo Ayuí Grande.

El consorcio productivo tiene prevista la creación de un lago artificial de 8.000 hectáreas para el riego de unas 18.000 hectáreas de cultivos que se instalarían en esa zona. "Esto implica sepultar bajo el agua kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los esteros del Iberá", señaló el adjunto de la Defensoría, Anselmo Sella, en un informe de febrero de este año.

El informe dice que pasar de una zona de pasturas y sabanas naturales, con predominio de la ganadería, a una producción arrocera "implica cambios sustantivos en la cultura social de la región, con fuerte impacto en las condiciones de vida de los pobladores locales”.

"Decir esto es hablar de identidad cultural, del conjunto de valores, tradiciones, hábitos, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionante dentro del grupo social de esa región", fundamentó la Defensoría nacional en el escrito.

Sella señaló que los cambios propuestos implicarán una verdadera transformación en las políticas sociales, laborales, productivas y culturales de toda la región colindante al arroyo Ayuí Grande. Agregó oportunamente que siendo que los principales estudios de impacto se han centrado preferentemente en lo económico pero muy pobremente en lo social, se acerca este informe para conocimiento de la Legislatura correntina.

El funcionario, consideró importante que "al momento de aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos se tenga en cuenta la implicancia del impacto acumulado que representan, para la sociedad y los ecosistemas, el conjunto de los desmontes y cambios en el uso de la tierra potencialmente permitidos en la provincia de Corrientes".

El Proyecto Ayuí Grande es una iniciativa de las empresas Copra S.A (perteneciente al grupo Clarin) y Adeco Agro (propiedad de Soros), aunque el parte de prensa de los impulsores de la represa, incluyen también a las firmas Pilagá S.R.L., Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí S.A.

Diversas organizaciones ambientalistas se oponen a la creación de la represa por diversas razones. Cuando la Defensoría presentó este informe, el titular de la Fundación Iberá, Enruique Lacour, afirmó a Télam que "lo que pretenden hacer es muy grave, la apropiación de un bien público por parte de empresas privadas es indisimulable”.

Martes, 17 de agosto de 2010