Aníbal Fernández advirtió que el Gobierno busca evitar un daño ambiental irreversible y eventuales conflictos con Uruguay por la construcción de una represa en Corrientes, y confirmó que por esa razón se pidió a la Justicia la paralización de las obras.

El ministro ratificó que el gobierno nacional presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una medida cautelar de no innovar para suspender las obras del emprendimiento Ayuí Grande, en Corrientes.

"Pedimos que se paralicen las obras por dos razones: una porque se produciría un daño medioambiental irreversible y otra, porque es imperioso el cumplimiento de deberes que se autoimpuso oportunamente el Estado argentino por el estatuto del río Uruguay de 1975", explicó a radio Rivadavia.

Fernández explicó que el proyecto, uno de cuyos impulsores sería el vicepresidente del grupo Clarín José Aranda, "consiste en inundar 8000 hectáreas a 50 kilómetros de los Esteros del Iberá como reservorio de riego para unas 77 mil hectáreas destinadas al cultivo de arroz".

"El gobierno correntino permitió que se inicie el proyecto en ambas márgenes del arroyo Ayuí", dijo el ministro y se quejó de que "la provincia tiene reservas forestales nativas de 800 mil hectáreas y el gobierno nunca recibió información adecuada de esta obra como para que uno pueda ejercer atribuciones que le da la Constitución".

El funcionario justificó la intervención del Estado nacional en un tema provincial al asegurar que "es responsabilidad del Estado Federal velar por el cumplimiento de los presupuestos mínimos y de la conservación de los bosques nativos".

Negó por otra parte que la posición del Gobierno esté vinculada al conflicto con el grupo Clarín al señalar: "No es por eso (en alusión a Aranda) nosotros no tenemos que hacer esas cosas; el gobierno tiene responsabilidades muy serias respecto de lo que sucede en un lugar importante".

"Sea de quien sea el emprendimiento la realidad es que estamos en una situación que hay que resolver", sostuvo, y añadió que el objetivo del Gobierno no es "conspirar contra un emprendimiento económico" sino "evitar un riesgo ambiental y el incumplimiento del tratado del río Uruguay".

Sábado, 4 de septiembre de 2010