El diputado provincial del radicalismo disidente, Armando Aquino Britos, adelantó que pedirá "una acción declarativa de nulidad para que la Justicia Correntina disponga por una resolución judicial la nulidad del decreto que dio vía libre a este proceso de privatización". “Este procedimiento no es más que un negocio armado para el juego", dijo el legislador. "Es reprobable que no se invierta en un frigorífico pero que se invierta en la timba; pero más allá de eso, el empresario puede hacer lo que quiera pero no el gobierno” criticó.
“El juego es un impuesto de los pobres y el gobierno debería declarar de utilidad pública otras cuestiones”, agregó.
Entre algunas consideraciones, el legislador provincial indicó que en este tema no ha habido participación del fiscal de Estado ni la legislatura. Por lo que consideró quien debería poner las cosas en su lugar, debería ser la Justicia.
En este sentido, dijo "yo creo que lo tiene que hacer la justicia. Nosotros creemos que cuando estas cosas suceden debiera ser el Fiscal de Estadio quien teniendo la facultad que tiene que le confiere la ley 5853 de tener la preautonomilla como para hacer los planteos de nulidad, el fiscal de estado debería haber recurrido a la Justicia".
A lo que agregó "pero claramente lo vamos a tener que hacer nosotros. Porque en el Art. 27 de la Constitución, dice que todos los principios de declaración de garantías que están en esta Constitución no pueden ser alterados bajo las leyes reglamenten bajo su ejercicio. Toda ley o decreto o resolución que impongan a los principios y libertadas consagradas bajo otra constitución, son nulos".
Claramente Aquino Britos, señaló "vamos a pedir en consecuencia por este articulo la acción declarativa de nulidad porque entendemos que esto es un patrimonio de los Correntinos".
Mientras que explicó "vamos articular las acciones en el ámbito jurisdiccional que corresponde, la justicia civil y después veremos que es lo que pasa. Nosotros no podemos dejar pasar un acto de esta envergadura. Vamos a poner el caso porque creemos que es un negocio armando y en función del juego".
"Lo digo con absoluta claridad y haciéndome cargo: esto es un negocio armado para el juego, independientemente que por ahí es reprobable que no se invierta en un frigorífico pero que se invierta en la timba el empresario puede hacerlo que quiera pero no el gobierno, tiene que tener una orientación clara en que el juego es un impuesto de los pobres y debería declarar de utilidad publica otras cuestiones" opinó le legislador.
Al margen de esta cuestión, el diputado se refirió a una situación hipotética "pongamos que venga otro empresario del juego con más volumen y le gane la iniciativa privada. Goitia, con todo derecho que armo el proyecto para él, pierde la iniciativa. A Goitia hay que pagarle el uno por ciento del negocio más los gastos. En el decreto de reconocimiento de la iniciativa privada, ese decreto el decreto 2691 debería intervenir el Fiscal de Estado pero además debió girarse a la legislatura porque esta disponer de terrenos para el uso por lo menos, de los terrenos adyacentes del Hotel de Turismo".
Sábado, 23 de octubre de 2010