Por Alberto Ruiz Diaz
El Presidente del Superior Tribunal de Justicia pidió dinero al Gobernador para el normal funcionamiento del Poder Judicial. La visita del doctor Carlos Rubín a la gobernación se produjo el jueves 4 de noviembre pasado. Al día siguiente el ministro Vaz Torres se trasladó hasta la sede del Poder Judicial. Sobre esa reunión se informó oficialmente que “el funcionario le aseguró al titular de la Corte la continuidad del pago de los haberes de los próximos meses y también del aguinaldo”.

El ahogo económico del Poder Judicial es alarmante en la medida que el sometimiento al Poder Ejecutivo podría derivar en subordinación; pero también es alarmante que la disposición gubernamental del dinero para la administración de justicia sea encarnada por Enrique Vaz Torres, quien para el Ministerio Público es un testigo sospechoso en una causa penal por una defraudación a un fideicomiso público.

El Fondo de Inversión para el Desarrollo de Corrientes “FIDECOR” fue creado para dar créditos a emprendimientos industriales y otros rubros; funciona con dinero que pone el Gobierno de Corrientes en carácter de fiduciante y con el Banco de Corrientes que lleva las cuentas en carácter de entidad fiduciaria. El contrato de fideicomiso se firmó el 8 de marzo de 2006 entre el presidente del Banco fiduciario (Alejandro Retegui) y los (entonces) ministros Alfredo Aún y Enrique Vaz Torres.

El 2 de junio de 2006 la empresa arrocera Calimboy recibió un préstamo de $1 millón. El Comité ejecutivo del FIDECOR estaba integrado por Alfredo Aún y Sergio Tressens y por el titular del Banco doctor Retegui. El préstamo era pagadero en 7 años, con uno de gracia y 12 cuotas semestrales. Al poco tiempo la empresa se presentó en quiebra y no pagó más.

Las circunstancias del préstamo a la firma son llamativas: 1) El Comité ejecutivo de FIDECOR se lo otorgó no obstante haber sido desaprobada la operación por los oficiales de crédito del banco; 2) El crédito fue aprobado el 2 de junio de 2006 mediante Resolución Nº02, pero el Banco de Corrientes puso el millón de pesos tres (3) días antes, el 30 de mayo de 2006 en la cuenta corriente de los arroceros Nº 15-5/16169/8; 3) El crédito tenía un año de gracia pero a los seis meses el Banco fiduciario presidido por Retegui ya lo había previsionado como “incobrable”.

El ilícito se habría consumado con el otorgamiento del préstamo pese a las advertencias de los riesgos lo cual, con otros indicios de dolo, determinó el requerimiento del Ministerio Público por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y defraudación del titular fiduciario. El tramo doloso se habría iniciado con la conformación irregular del Comité ejecutivo de FIDECOR por medio del Decreto 308/06 refrendado por los ministros Alfredo Aún y Enrique Vaz Torres, que luego fueron integrantes iniciales del Comité ejecutivo de FIDECOR. En la causa quedaron imputados los dueños de la arrocera y el Comité ejecutivo que otorgó el préstamo: Alfredo Aún, Sergio Tressens y Alejandro Retegui.

Enrique Vaz Torres zafó de la firma del préstamo porque se fue del Ministerio (y del Comité ejecutivo) el mes anterior, pero quedó como “testigo sospechoso” por la irregularidad del Decreto 308/06.
La extracción fraudulenta de dinero público fue sin duda facilitada por la naturaleza unilateral del Comité ejecutivo de FIDECOR diseñado por el Decreto 308/06, o bien el Comité ejecutivo fue diseñado de esa forma para facilitar ilícitos de esa naturaleza. El caso judicial Calimboy fue iniciado e impulsado por el Ministerio Público pero cuando la Jurisdicción citó a declarar a los funcionarios, llamativamente no los citó como imputados sino como testigos, después, la equivocación de la juez fue enmendada y el proceso continúa, aunque en cámara lenta. Otros casos impulsados por el Ministerio Público y en manos de la Jurisdicción también tienen que ver con el Banco de Corrientes, algunos de cuyos últimos directivos se retiraron con causas penales abiertas por hechos cometidos en la administración del Banco público, aunque la gestión fue aprobada por el Ministro de Hacienda (en representación de la mayoría Accionaria del Superior Gobierno de Corrientes).

El actual Comité Ejecutivo de FIDECOR está integrado por el ministro Enrique Vaz Torres, el ministro Jorge Vara y el presidente del Banco fiduciario Alejandro Abraham. Según algunas versiones, Retegui estaría empleado como “asesor” en el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Habrá que ver quién se hace cargo del dinero que FIDECOR entregó a Calimboy. Creería que el Banco fiduciario debe responder ante el Estado provincial fiduciante. Había el millón que se llevaron, más los intereses, menos lo que se sacó por el remate de un camión. Rondaba los 900 mil.

Estas cosas entre Vaz Torres y la impunidad de ex bancarios indultados por él no son culpa del Gobernador ni del Presidente del Superior Tribunal, que tal vez ni estén enterados. Pero el P.E. le sacó $40 millones al presupuesto de la Justicia, habiendo personal que no da abasto en los tribunales actuales, con nuevos juzgados creados por leyes, 300 vacantes a cubrir y la precaria disponibilidad de técnicas forenses compatibles con la actual delincuencia. ¿Qué hará el poder judicial?, ¿le volverá a pedirá al gobierno cuando el que debe pelar la billetera para que la justicia camine es un interesado en causas judiciales, incluso en su propia incómoda calificación de “testigo sospechoso”?

Algún mal pensado (como yo) tendrá la oportunidad de imaginarse que el poder judicial podría ser objeto de alguna presión, una suerte de “toma y daca”, por no decir chantaje, que suena mal.

Viernes, 19 de noviembre de 2010