Por Nicolás Wiñazki (Crítica Digital)
En sus discursos, Cristina Kirchner suele decir que gobierna para la totalidad de “las argentinas y argentinos”, con el objeto de construir un “país de todos”. Sin embargo, en la gestión concreta, en el reparto de recursos económicos y ayuda social, la Casa Rosada no utiliza un criterio equitativo para beneficiar a las diferentes provincias. Según denuncian varios gobernadores, el oficialismo discrimina de manera sistemática a los distritos que son administrados por la oposición o por peronistas con mala relación con el espacio kirchnerista.

La Presidenta no visitó –ni tiene pensado hacerlo en el mediano plazo– las provincias “opositoras”: tampoco les enviará fondos frescos, ni obras públicas de relevancia, e incluso retardará lo más que pueda las deudas millonarias que la Nación tiene con esos gobiernos provinciales, que en casi todos los casos enfrentan complicados estados financieros. El método de apriete a los “críticos” es admitido por los funcionarios de la Casa Rosada, siempre de manera informal.

Uno de los casos más relevantes es el de la provincia de Corrientes. Desde que su gobernador, Arturo Colombi, pasó de ser un convencido radical K a transformarse en un dudoso “radical C” (cercano al vicepresidente Julio Cobos, hoy unos de los personajes que más irrita al matrimonio presidencial), el flujo de fondos que le llegaba desde la Casa de Gobierno se cortó. Se frenaron todos los planes de obra pública para su provincia, no es beneficiado con el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como antes y la Nación no le da ninguna explicación razonable sobre por qué se le adeudan 200 millones de pesos comprometidos en el Programa de Asistencia Financiera. Colombi cree que la situación debe cambiar rápidamente porque “no se puede sostener más”. “Hay atrasos inexplicables”, describió el gobernador ante la consulta de Crítica de la Argentina.

La gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos (ARI), comprendió pronto que los Kirchner iban a ayudarla como a sus colegas del oficialismo sólo si se alineaba totalmente a las instrucciones del kirchnerismo. Su provincia pasa por un momento de inestabilidad financiera límite. Al inicio de su gestión, se encontró con un déficit de 70 millones de pesos, pero logró que la Presidenta le adelantará 50 millones de la coparticipación. El plazo para devolver esa plata era el segundo semestre de este año. Ríos, cada vez más apretada por las cuentas en rojo que recibió como herencia, pidió extender ese plazo hasta diciembre, un gesto medido teniendo en cuenta otras acciones favorables que suele tomar el Ejecutivo con sus gobernadores aliados. Pero recibió una negativa desde Buenos Aires.

En este marco, intentó, en vano, ingresar al Programa de Asistencia Financiera. Tampoco logró que la Casa Rosada concrete la creación de un fondo de compensación para Tierra de Fuego por la restricción de las exportaciones de gas, que afectan las finanzas locales. Según distintas fuentes del Gabinete, quien decidió “presionarla” financieramente fue Néstor Kirchner, que no olvida que Ríos fue una de sus más feroces críticas desde el Congreso, donde se desempeñó como diputada.

Ríos dice ahora que, a pesar de que mantiene el diálogo con el Ejecutivo, las palabras no se traducen en ayuda concreta: “Durante la transición tuvimos buenas conversaciones y el Gobierno parecía tener conciencia de lo que pasaba en Tierra del Fuego. Pero después se congeló todo. Si hubo buen diálogo, no tuvo mayores resultados”, explicó la arista a Crítica de la Argentina.

El caso de San Luis, gobernado por el peronista “autónomo” Alberto Rodríguez Saá, es histórico. En los casi seis años de era K, ni Néstor ni Cristina Kirchner visitaron su provincia. El envío de fondos de la Casa Rosada a la provincia también es nulo. El mes pasado, la Presidenta anunció el llamado a licitación de un gasoducto que se construirá entre el distrito de Beazley (San Luis) y La Dormida (Mendoza). Cristina celebró la iniciativa con un gran acto en la provincia de Mendoza, en presencia de otros gobernadores, pero sin Rodríguez Saá. El puntano se sintió discriminado y utilizó una broma para quejarse en ese caso: “Voy a pedirle explicaciones al canciller Taiana porque no sabemos si pertenecemos al territorio argentino”. La frase sirve para ilustrar con bastante certeza la relación.

El gobernador de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, sufre una situación similar a la de su colega y correligionario Colombi, de Corrientes. Fue parte de la Concertación Plural impulsada por los Kirchner, pero se distanció de la Casa Rosada en medio del conflicto con el campo. Ese gesto fue suficiente para que el flujo de dinero desde la Nación hacia su distrito se congele.

La Casa Rosada le debe ahora alrededor de 150 millones del Programa de Asistencia Financiera, y casi 16 millones de obras y transferencias a nombre de Vialidad Nacional, detallaron fuentes provinciales.

Además, los catamarqueños resaltan que se paralizaron las transferencias prometidas de la Nación para la financiación de las obras públicas clave para el distrito. Brizuela del Moral es ahora un adversario político de los Kirchner, quienes negociaron una alianza con su vicegobernadora, Lucía Corpacci, una especie de Cobos en versión catamarqueña y al revés: el kirchnerismo la usa para desgastar la figura del gobernador.

Lunes, 8 de septiembre de 2008