El gobernante de Pando fue acusado de genocidio por la muerte de 15 personas. La decisión puso en peligro el diálogo de paz, aunque finalmente el representante opositor firmó el acuerdo preliminar.

El gobierno de Evo Morales y un prefecto de oposición, en representación de otros cuatro, firmaron este martes por separado un principio de acuerdo para pacificar Bolivia, tras tres semanas de protestas que dejaron 18 muertos, informó el poder Ejecutivo.

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, dijo que el documento discutido con el vicepresidente Alvaro García, en los últimos cinco días fue aceptado y firmado por su persona, en presencia del cardenal Julio Terrazas, en esta ciudad.

“Que sea el inicio de un gran acuerdo nacional para que le demos paz y tranquilidad a nuestra gente”, dijo el prefecto de Tarija, que negoció con el poder Ejecutivo en representación de sus pares de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni y Pando.

El diálogo entre el gobierno y la oposición regional estuvo en peligro luego de la detención este martes del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, aseguró otro prefecto opositor.

El propio presidente Evo Morales anunció durante una conferencia de prensa la detención de Fernández, lo que de inmediato pareció dejar en suspenso las negociaciones.

“El diálogo agoniza, no está roto, y sólo el presidente Evo Morales puede salvarlo mostrando una voluntad de construir la paz y que acaben con las persecuciones”, dijo temprano el prefecto (gobernador) de Tarija, Mario Cossío.

El funcionario tarijeño dijo que uno de los puntos de los acuerdos era promover una investigación imparcial sobre la responsabilidad de Fernández en denunciados hechos violentos de la semana pasada.

“La pregunta es ¿qué hay detrás de la decisión del gobierno?”, se preguntó Cossío en una rueda de prensa.

A su vez, el vicepresidente Alvaro García dijo en rueda de prensa que Cossío conocía de antemano la intención de detener a Fernández. “Los crímenes no se negocian, no se pactan, en el resto hay apertura”, dijo.

Apegada a derecho
El presidente Morales dijo temprano que “el caso de la detención del prefecto (Fernández) es una acción legal y constitucional, las fuerzas armadas están cumpliendo con su rol en el marco del estado de sitio”.

La violencia en Pando obligó al gobierno a declarar el estado de sitio el viernes. En Cobija, la capital a 600 kilómetros al norte de La Paz, grupos de choque opositores protagonizaron violentas tomas de oficinas gubernamentales y saquearon algunos comercios, al igual que en las otras tres regiones lideradas por gobernadores opositores que encaminan procesos de autonomía en abierta rebeldía al gobierno.

En la oriental ciudad de Santa Cruz, manifestantes autonomistas marcharon en apoyo a Pando y al prefecto, mientras en La Paz afines al gobierno respaldaron la decisión de Morales.

El senador opositor Paulo Bravo declaró a la radio Erbol desde el municipio brasileño de Brasilea, vecina de Cobija, que más de 500 personas huyeron al vecino país para pedir “ayuda humanitaria” a las autoridades brasileñas. Bravo cruzó la frontera tras la detención de Fernández, con quien se encontraba en el momento de la detención.

En la víspera, Fernández fue acusado por el fiscal Mario Uribe de “genocidio” por la muerte de 15 personas durante violentos disturbios el jueves en Pando. Morales dijo el sábado que “sicarios brasileños y peruanos” actuaron en ese ataque por orden del prefecto pandino.

Unas 300 personas esperaron a Fernández en las puertas del edificio de la Fuerza Aérea Boliviana, en La Paz, ante versiones de que sería trasladado allí, algo que no ocurrió.

“Leopoldo, asesino, te espera el “Chonchocoro", gritaban a coro los manifestantes, aludiendo a la cárcel de máxima seguridad en las afueras de esta capital.

Según informes oficiales, de los 15 muertos en Pando 13 eran campesinos. Otras 37 personas resultaron heridas y 106 campesinos no han podido ser ubicados desde los ataques que les obligó a huir por el monte, algunos con heridas de bala.

En descargo, Fernández dijo que no fue una masacre sino un choque entre bandos rivales. Dos fallecidos eran funcionarios de la prefectura.

Miércoles, 17 de septiembre de 2008