Corrientes (28-3-13): Ni el inicio de la Semana Santa acalló el inusitado conflicto suscitado entre la Provincia y la Municipalidad de Capital en el denominado ‘corte gate’, a partir de la decisión de la DPEC de cortar el servicio de energía al Palacio Comunal. Por lo pronto, tanto autoridades del DEM como representantes del oficialismo en el Concejo Deliberante tomaron el tema como urgente y ya realizaron sendas presentaciones judiciales.

Lo grave de la situación, y que debería ser preocupación de todos, tiene que ver con la respuesta de la Justicia: se declaró incompetente, por lo que ahora la Municipalidad de Capital deberá apelar a otras herramientas para subsanar el problema que atenta contra la normal prestación de servicios a la comunidad en general.

Los concejales del oficialismo realizaron hoy una conferencia de prensa donde dieron detalles sobre la presentación de la medida cautelar se radicó en el Juzgado de primera instancia Contencioso Administrativo de la Ciudad de Corrientes.

De acuerdo a lo manifestado por los concejales, la DPEC envió la facturación a la municipalidad pero no informó de los ítems que se cobraban ni el método de medición del consumo del alumbrado público, algo que violenta normativas vigentes.

El concejal Justo Estoup, señaló que el corte de suministro tuvo un fin netamente político, pues se cortó la energía en forma errónea. Detalló que la municipalidad tiene a su cargo más de 80 medidores, y el correspondiente al Palacio Municipal, único lugar con corte de la energía, fue pagada y cuyos recibos se anexaron a la medida cautelar presentada en la Justicia.

Sin embargo, por más argumentaciones dadas por los ediles, el Juzgado de primera instancia Contencioso Administrativo se declaró incompetente.

Los pasos del Ejecutivo
Obviamente, ante la gravedad de la situación que derivó en titulares periodísticos en medios nacionales, las autoridades municipales también apelaron al instrumento judicial, más allá de las últimas decisiones que dejaron ‘en off side’ a las intenciones de la administración Camau.

Presentaron una denuncia al Juzgado Civil y Comercial, pero la respuesta fue idéntica: no es de su competencia.

Todo terminó en lo mismo. Y por más que las autoridades comunales sabían hasta donde llegaban, pretendieron ‘dejar en evidencia’ la parcialidad de la Justicia local.

Claro que, planteada la guerra, ya no se conocen escenarios posibles: y la respuesta podría tener derivaciones aún más conflictivas.

La Municipalidad extremaría su poder de contralor y ante el menor índice de error se vendrán clausuras, secuestros, e inhabilitaciones.

Sedes bancarias, móviles policiales y de otras dependencias provinciales estarán en la mira.

Los días que vendrán serán complicados en extremo. Se advierte

Jueves, 28 de marzo de 2013